El huracán Otis no solamente devastó Acapulco causando pérdidas humanas y daños materiales incuantificables; su destrucción podría alcanzar a un gobierno exhibido en su indolencia, petrificado, insensible, que vio venir y no quiso o no fue capaz de prevenir la catástrofe; y, frente a la enorme destrucción, hasta el sábado el Ejército sólo había repartido 8 mil 170 despensas y 16 mil litros de agua a una población de un millón de afectados, es decir, sin llegar ni al 1.0%, prácticamente nada; la orden presidencial de no dejar pasar a los ciudadanos que llevaban ayuda a los damnificados para evitar a sus enemigos “lucrar con la tragedia”, fue derribada por un juez federal que ordenó abrir paso a la población civil del país, organizaciones, empresas o gobiernos que llevan alimentos y agua a los guerrerenses (para eso sirve un Poder Judicial independiente que hace respetar la Constitución), en un caso de ausencia de gobierno para evitar saqueos, dónde priva la desorganización e ineficiencia de cara a la tragedia. Acapulco y sus alrededores siguen sin luz eléctrica, solamente la hay en lo mínimo, carece de comunicación terrestre, sus habitantes permanecen sin telefonía, no hay sitios dónde adquirir alimentos y agua; la población se encuentra indefensa, abandonada, y muchos, decenas, buscan desesperadamente a sus familiares despreciados. ¿43 muertos y 10 fallecidos? Ajá.

La inacción del gobierno, que parecería deliberada con fines electorales para que la gente dependa de su ayuda, como en la pandemia con las vacunas contra el COVID-19, sólo tiene similitud con la parálisis en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando el Presidente se congeló y no supo qué hacer, cómo reaccionar ante la tragedia del terremoto de 1985 que destruyó la ciudad de México y causó gravísimas afectaciones a otros estados, por lo que fue rebasado por miles de voluntarios, todo el pueblo de México. Hoy, la zona afectada de Guerrero sigue sin comedores comunitarios, no se dispone de maquinaria pesada para retirar lodo, árboles, piedras y desechos de las vías de comunicación  para abrirlas a la circulación o disponer de suficientes albergues con colchonetas y cobijas para las personas que perdieron todo y viven en la intemperie.

El desastre oficial, sumado a la tragedia, podría tener un alto en las elecciones del próximo año. Acapulco sería el último clavo en el ataúd de la 4T, agregado a la desaparición del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), la infinita violencia en todas las regiones del país, miles y miles de desaparecidos, aumento en femenicidios, agravio a las madres trabajadoras despojadas de las guardarías infantiles, más de 800 mil víctimas por un mal manejo de la pandemia del COVID 19, corrupción, abusos de autoridad, ineptitud, mayor endeudamiento externo, falta de empleo, escaso mantenimiento en instalaciones o servicios estratégicos del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE o el Metro, retiro de apoyos a la investigación científica y tecnológica, y, en los últimos días, el despojo de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que garantiza los derechos y prestaciones de 55 mil trabajadores de esa institución. Como en el jeep en que pretendió trasladarse el Presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a la zona del desastre, así sigue atascada la 4T ante la opinión pública del país. Escriba a [email protected]