En el Presupuesto de egresos de Veracruz se prevé una reducción del gasto en 4,039 millones de pesos (mdp) lo cual resulta contradictorio considerando que este  año el gobierno tendrá recursos adicionales que no tuvo el año pasado por un monto de 24,569 millones de pesos (mdp), que se componen de la siguiente manera: 4,798 mdp para inversión pública derivados del crédito contratado el 22 de diciembre pasado; 6,627 mdp de créditos aprobados aún por contratarse (también para inversión pública, uno por 1,700 y otro por 4,927 mdp) 1,144 mdp del incremento de la recaudación del  Impuesto sobre  erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Persona debido al aumento de la tasa del 2 al 3% y 12,000 mdp de participaciones federales que se liberaron porque  estaban comprometidas para pago de deuda y ahora ya están disponibles para ser utilizadas para gasto público, según acaba de declarar el propio gobernador (http://www.diariopresencia.com/nota.aspx?ID=94675).

Entonces el presupuesto debería haber incrementado porque estos son recursos adicionales a la recaudación propia de contribuciones que se hace año con año, y a las participaciones y aportaciones que normalmente recibe el estado. No tiene lógica.

Las inversión pública

Otro aspecto fundamental del presupuesto de egresos aprobado es el monto de recursos que se destinarán a la inversión pública En este rubro hay verdaderos absurdos, inconsistencias y actos de ilegalidad:

1. La inversión pública se reduce en 8,886 mdp al pasar de 12,070 mdp en 2015 a sólo 3,184 en 2016.  Dado que este tipo de gasto es uno de los  instrumentos más importantes para potenciar el crecimiento económico y el empleo en el estado resulta irracional que disminuya en lugar de incrementarse.
2. La reducción de la inversión pública es contradictoria ya que el gobierno del estado dispondrá este año de mucho más dinero para este rubro que el que ha programado gastar. Tan sólo considerando los recursos de los créditos contratados para este propósito que aún no ejerce, y de los que tiene aprobados para contratar el gobierno estatal dispondrá en total de 11,425 mdp para inversión pública. Veamos: el 22 de diciembre pasado (hace menos de un mes) contrató un crédito por 4,798 mdp, etiquetado para inversión pública productiva (véanse los registros de deuda de SHCP) y tiene aprobados dos créditos más para ser usados con el mismo propósito, uno por 1,700 mdp con cargo al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (aprobado en octubre pasado) y otro por 4,927 mdp aprobado en la Ley de ingresos 2016 (artículo 9º). Esto significa que, vía créditos, tiene disponibles para gastar en inversión pública al menos 11,425 mdp, esto es 8,241 mdp más de lo que presupuestó, lo cual implica que una parte importe de los recursos de que dispondrá no los utilizará conforme a la ley, ya que el dinero de los créditos obtenidos debe usarse para los propósitos autorizados por el congreso del estado, es decir, “inversión pública”. Cabe aquí la pregunta, entonces, ¿en qué va a utilizar este dinero que no va a inversión pública?

El problema no acaba ahí. A estos recursos adquiridos mediante créditos que el gobierno tendrá disponibles para inversión pública hay que sumarle la recaudación del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal, que por ley también debe usarse para inversión pública y que se prevé alcance un  monto de 3,182 mdp, lo cual significa que en total el gobierno estatal tendrá disponibles para inversión pública por 14,607, que por ley debe gastar en ese rubro, sin embargo sólo presupuesto 3,184 mdp, es decir, que utilizará le sobran 11,423 mdp para otros propósitos distintos a la inversión pública, ¿para que los va a utilizar?. 

El gasto corriente

Mas contradictorio e irracional resulta el hecho que a pesar de los múltiples señalamientos de obesidad extrema, de ineficiencia y despilfarro del aparato gubernamental debido al exceso de personal cobrando sus salarios del presupuesto público, el gasto corriente se incrementará en 4,439 mdp, al pasar de 57,504 mdp a 61,943 dentro del cual destaca el aumento que registra el gasto en servicios personales (sueldos, salarios, prestaciones) de 2,576 mdp, pasando de 38,305 a 40,881 mdp.

Es decir, mientras que el gasto en inversión pública se reduce en 8,886 mdp el gasto corriente aumenta en 4,439 mdp. Más irracionalidad sería difícil de encontrar.

Por desgracia estas decisiones afectarán de manera severa a los veracruzanos porque profundizaran la parálisis económica, la caída del empleo y la inversión, y agravarán la pobreza.

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