Xalapa, Ver.– El Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, con lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá continuar el proceso penal en su contra por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López.

Erigido en Jurado de Procedencia, el pleno aprobó el dictamen de la Comisión Instructora con 40 votos a favor y ocho en contra, pues la mayoría de diputadas y diputados consideraron que existen elementos suficientes para retirarle la inmunidad procesal y permitir que enfrente la investigación como cualquier ciudadano.

La resolución no implica una sentencia de culpabilidad, sino que elimina la protección constitucional derivada del cargo para que la fiscalía solicite las medidas judiciales correspondientes. En tanto, el suplente Pedro de Jesús Rosado Guzmán deberá asumir la presidencia municipal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el empresario y su acompañante fueron vistos por última vez el pasado 14 de mayo tras acudir al domicilio del alcalde, en Barra de Chachalacas.

La fiscalía sostiene que existen indicios que vinculan ese encuentro con la desaparición de ambas personas, entre ellos mensajes enviados por Héctor Ramos a su pareja, Melissa, en los que afirmaba encontrarse con Bertín Bravo y con un presunto "jefe de plaza" de la delincuencia organizada.

Además, expuso registros de telefonía que ubican los dispositivos del empresario y del alcalde en un mismo sector de cobertura el día siguiente a la desaparición.

Durante la sesión, Bertín Bravo negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y aseguró que es víctima de una acusación injusta.

"No soy delincuente, no voy a huir. Aquí estoy dando la cara", expresó ante los diputados.

Su defensa, encabezada por el abogado Rodolfo Martínez Valdez, sostuvo que la teoría de la Fiscalía presenta inconsistencias y argumentó que los registros telefónicos demuestran que las víctimas abandonaron el domicilio del alcalde la tarde del 14 de mayo.

También rechazó que los mensajes sobre un supuesto "jefe de plaza" acrediten la participación de Bravo Montero en los hechos y afirmó que esas referencias podrían estar relacionadas con un conflicto legal que el empresario mantenía con la familia de su pareja por la explotación de una mina de piedra.

El litigante aseguró además que la fiscalía incurrió en errores durante la investigación, incluso en la identificación del domicilio del alcalde, por lo que pidió a los legisladores desechar la solicitud de desafuero.

Sin embargo, la mayoría del congreso avaló el retiro de la inmunidad procesal, con lo que corresponderá ahora a la fiscalía determinar las acciones penales y a un juez resolver la situación jurídica del edil.