​Xalapa, Ver. — Un juez obligó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a designar una fecha de cirugía para un paciente que tiene un tumor cerebral. El derechohabiente, residente en Xalapa, expuso que debido a su condición médica es necesario tener una fecha de cirugía a la brevedad. 

El ciudadano manifestó que tramitó un amparo ante las autoridades para que el Seguro Social le agendara un fecha lo más pronto posible. 

​Suspensión de plano: el juez federal obliga al IMSS a actuar de Inmediato

​El caso, registrado bajo el expediente 1181/2025, señala directamente a funcionarios del instituto, incluyendo al director del Hospital General de Zona por la negligencia en la programación de la intervención quirúrgica vital.

​El tumor que padece el afectado se localiza en la región supratentorial del encéfalo y ha sido clasificado como de "comportamiento incierto o desconocido", lo que incrementa significativamente el riesgo de complicaciones y el peligro para su vida.

​Al revisar la demanda, el juez federal determinó que la omisión del IMSS vulnera el derecho a la salud del paciente y podría poner en riesgo su integridad. Por ello, concedió una suspensión de plano, una medida cautelar que exige a las autoridades sanitarias actuar de inmediato. La resolución judicial es contundente: el Seguro Social debe establecer sin demora la fecha y hora de la operación del ciudadano.

Prioridad: la vida sobre el trámite administrativo

​El fallo enfatiza que la falta de atención médica no solo agrava la condición del paciente, sino que representa un incumplimiento directo de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano, especialmente de lo establecido en el artículo 4°, que garantiza el derecho fundamental a la protección de la salud.

La jueza federal subrayó que los servidores públicos del IMSS deben priorizar la vida y la integridad física de los pacientes por encima de cualquier trámite administrativo o la supuesta falta de recursos. Advirtió, además, que las consecuencias de desobedecer la orden judicial recaerán directamente sobre las autoridades responsables.

​El hospital tiene un plazo de 24 horas para informar al juzgado sobre las acciones concretas que ha emprendido para dar cabal cumplimiento a esta medida cautelar. En caso de desacato, se prevé la imposición de sanciones y multas a los funcionarios involucrados.

​Mientras el paciente espera que la justicia acelere el tratamiento que podría salvarle la vida, la audiencia constitucional ha sido programada para el próximo 11 de diciembre. En dicha fecha, el juez revisará a fondo el caso para determinar si existió una violación definitiva a los derechos humanos del afectado por parte de la institución.

(AC)