Xalapa, Ver.— El motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan el pasado 2 de agosto dejó un saldo de ocho personas muertas y evidenció las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario del estado de Veracruz. 

Los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtieron sobre las condiciones violatorias a derechos humanos en las que viven hombres y mujeres recluidas en centros de reinserción social. 

Un informe hecho en 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció que, al menos, cinco de 17 centros de reinserción social de Veracruz están “reprobados” en cuanto a las condiciones para las personas privadas de su libertad. Se trata de los penales de Chicontepec, Huayacocotla, Jalacingo, Pánuco y Poza Rica.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, los penales de Veracruz tienen una capacidad para seis mil 946 personas privadas de la libertad, pero los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional a junio de 2025 señalan que estos inmuebles albergan a ocho mil 744 reos, es decir, se registra una sobrepoblación del 25,88 por ciento. 

Los penales de Veracruz tienen una calificación promedio de 6.29 de 10 puntos posibles. La mayoría tiene problemas de sobrepoblación e incumplen con su obligación de garantizar la integridad de las personas detenidas y tener estancias dignas.

El penal peor calificado es el de Pánuco con 4.02 puntos. Según el informe de la CNDH, la cárcel tiene deficiencias en los servicios de salud, la separación entre hombres y mujeres, la falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.

También tiene hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular y sobrepoblación.

A esto se suman deficiencias en la alimentación, falta de condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, así como la inexistencia de condiciones materiales y limpieza de zonas para la comunicación con el exterior.

También hay inexistencia o defectuosas condiciones materiales y aseo de la cocina y/o comedores, inexistencia o deplorables condiciones materiales e higiene del área médica, insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro. Se suman defectos en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.

El penal de Huayacocotla obtuvo calificación de 4.87 puntos, pues tiene fallas en los servicios de salud, deficiente separación de reos por sexo, falta de prevención de violaciones a garantías individuales y de atención en caso de detección, e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

También se documentaron malas condiciones materiales y falta de aseo en las zonas de alojamiento para las personas privadas de la libertad, pésimas condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, lamentables condiciones materiales y de limpieza en las áreas de cocina y comedores, mal aseo de los talleres y áreas deportivas y falta de esterilización del área médica.

El Cereso de Chicontepec tiene una calificación de 5.05 por carencias en los servicios de salud, fallas en la separación entre varones y mujeres y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de haberlas. Hay hacinamiento e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

También tiene sobrepoblación, deficientes condiciones materiales y de aseo del área de alojamiento para las personas privadas de la libertad y falta de desinfección de la zona médica.

El penal de Poza Rica obtuvo una calificación de 5.77 puntos, por enfrentar problemas de hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. A esto se suma la sobrepoblación, pésimas condiciones materiales y de aseo del inmueble y falta de reglamentos y manuales que rijan en el centro. 

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 5, ubicado en el municipio de Villa Aldama, obtuvo una calificación de 7.48 puntos, sin embargo, tiene deficiencias en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 

Según el informe de la CNDH, también cuenta con deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, inexistencia de actividades deportivas, educativas, laborales y de capacitación. 

AMLO prometió resolver sobrepoblación; problema persiste 

En diciembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que existía una sobrepoblación en los centros de reinserción social del estado. En una conferencia realizada en el Casino Naval, en el puerto de Veracruz, prometió que se atendería el asunto. 

De acuerdo con López Obrador, se trataba de un problema heredado por gobiernos anteriores. También indicó que en ese momento solicitó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, que ese mismo día se tuviera una solución para corregir la saturación en los penales.  

El tema no volvió a tratarse y la sobrepoblación persistió hasta junio de 2025, de acuerdo con datos publicados por el gobierno federal.

Motín en penal de Tuxpan revivió problemas de sobrepoblación

Dos años antes del motín que dejó un saldo de ocho personas muertas y 10 lesionadas en el penal de Tuxpan, Veracruz, la CDNH advirtió sobre los riesgos y factores que podrían detonar en incidentes violentos en cárceles del estado. 

El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, publicado mensualmente por el Gobierno de México, revela que hasta junio de 2025 había una sobrepoblación de 43 reclusos en el penal de Tuxpan, es decir, un 5.85 por ciento de exceso de reos. La cárcel solo tiene espacio para 735 personas privadas de la libertad.

A través de un comunicado difundido este miércoles 6 de agosto, la CNDH asegura que, pese a las advertencias hechas en 2023, el Gobierno del Estado de Veracruz hizo esfuerzos limitados para corregirlas.

“El motín derivó en disturbios e incendios al interior del centro, provocados por personas privadas de libertad ante su inconformidad por posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos internos hacia ellas y sus familias”, dice el comunicado.

Según la CNDH, las condiciones del penal de Tuxpan vulneran los derechos a la salud, integridad, vida y contacto con el exterior de las personas privadas de libertad, por lo que sus autoridades piden garantizar el acceso a atención médica, alimentación e higiene, especialmente para grupos vulnerables y menores de edad.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 asignó al Cereso de Tuxpan una calificación de 7.01. Entre las fallas se señalaron: insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, carencia de mecanismos eficaces para presentar quejas, falta de supervisión, ausencia de normatividad interna, y clasificación inadecuada de las personas privadas de libertad.