Xalapa, Ver.- La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo vinculación a proceso por lesiones y amenazas contra Gonzalo Hernández Gibb del periódico “La Opinión de Poza Rica”, por los delitos de lesiones y amenazas en contra de un periodista en Poza Rica, municipio ubicado en el norte del estado de Veracruz.

A través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (Femdh), se llevó a cabo el procedimiento en defensa del comunicador Miguel Ángel López Cobos.

Los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la FEADLE, formularon imputación, y el Juez de control competente determinó que los datos de prueba aportados eran suficientes para emitir vinculación a proceso, ya que el imputado presuntamente golpeó a la víctima y le propinó diversos golpes, derivado de su labor periodística.

El Juez de control, otorgó las medidas de protección a la víctima y testigos solicitadas por la Fiscalía para no acercarse a la víctima, y determinó un plazo de investigación complementaria de dos meses.

En el presente caso, la Feadle determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, privilegiando así la investigación de delitos cometidos por autoridades de cualquier nivel de gobierno en contra de la prensa.

De acuerdo con el caso en marzo de 2023, Miguel Ángel Cobos López, sufrió una agresión durante una dirigencia laboral que hicieron extrabajadores de ese medio de comunicación de gran circulación en el norte.

Todo empezó cuando un grupo de exempleados de dicha empresa acudieron a la justicia luego de un conflicto interno, por lo que luego de varios meses, Conciliación y Arbitraje falló a favor de los afectados. 

Fue el 8 de marzo de 2023 cuando se daba continuidad a la medida de embargo contra el periódico La Opinión y se notificó sobre la confiscación de vehículos de la empresa que fue demandada por exempleados que fueron despedidos desde el 2016.

Un grupo de 15 extrabajadores representados por el abogado, Candelaria García Urbina dieron continuidad a este reclamo pues no fueron liquidados en su momento.

Personal de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), notificaron sobre el embargo de los vehículos de La Opinión.

En esta ocasión trascendió que hubo reclamos violentos y al menos dos personas fueron agredidos físicamente, por lo que se interpondría denuncia ante la Fiscalía General de la República.