Xalapa, Ver.- “A mi esposo Genaro García Martínez lo desaparecieron en el 2018 y en el 2023 lo borraron del registro”, dice Nidia Cruz Hernández, integrante del Colectivo Buscando Nos Encontramos en Córdoba.

Cuando la familia de Genaro busca sus datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, la respuesta es “No se encontraron coincidencias con la búsqueda, o existe solicitud de que no se haga pública la información de la persona desaparecida o no localizada, o la persona ya fue localizada”. 

Nidia es una de las buscadoras que tramitó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PFJ) contra la eliminación de datos de personas desaparecidas del censo creado por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

Para las esposas, madres y hermanas que buscan a sus familiares desaparecidos en Veracruz, la eliminación de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas demuestra la ineficiencia de la nueva estrategia de búsqueda.

A Nidia la invade la incertidumbre al desconocer en qué calidad se encuentra su esposo desaparecido en 2018, si es buscado o no. La eliminación de los datos de Genaro se suma a la serie de revictimizaciones que vivió desde el momento en que acudió a la fiscalía regional a denunciar la desaparición del también padre de su hija.

 “Esta es una más de todo lo que hemos vivido con la fiscalía. Llevan cinco años sin tener un gramo de información de mi esposo, durante muchos años tuvieron perdidas las muestras de ADN que le hicieron a mi hija, nunca revisaron la sábana de llamadas y fue hasta casi tres años y medio después que mandaron a entrevistar a compañeros de mi esposo”, narra Nidia.

El censo que borró a desaparecidos

Nombres incompletos o erróneos, información restringida e insuficiente o datos borrados completamente fue con lo que se encontraron las integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos de todo el país, entre ellas de agrupaciones de Veracruz. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 14 de diciembre de 2023 los resultados del Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, un recuento de personas desaparecidas anunciado en junio del año pasado.

El Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada se hizo en dos etapas: la primera de ellas, entre septiembre y octubre de 2022 y, la segunda, de mayo a diciembre de 2023.

La metodología se basó en comparar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con bases de datosa dministrativas (programas sociales, vacunación por covid, Registro Nacional de Población, IMSS) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona, además de una “búsqueda masiva casa por casa” y llamadas telefónicas.

De acuerdo con el último reporte del censo, en México hay 110 mil 964 personas desaparecidas. López Obrador dio a conocer que 17 mil 843 están en calidad de ubicadas; de 26 mil no se tienen datos suficientes para ubicarlas; 36 mil están registradas, pero no hay indicios de búsqueda; y 12 mil 377 tienen denuncia. La cifra oficial de desaparecidos es de 92 mil 332.
Inmediatamente, el censo generó polémica debido a las acusaciones de colectivos por la presunta eliminación de datos y expedientes de personas desaparecidos. Los señalamientos irritaron al presidente, quien declaró “no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición”.

Para aliviar la tensión con los colectivos de búsqueda, Andrés Manuel López Obrador prometió que cada mes se presentaría un informe y afirmó “queremos también que quede claro que no vamos a actuar de manera tramposa”.

A Genaro se lo llevaron; fiscalía no investiga

Cerca de las 16:00 horas del 6 de septiembre de 2018, Nidia recibió una llamada en la que le informaron que cuatro hombres armados privaron de la libertad a su esposo Genaro García Martínez, quien en ese momento era docente y secretario ceneral del Sindicato del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica Región Tezonapa, en la zona de las altas montañas.

En el estacionamiento de la universidad solo dejaron su automóvil, un celular y una computadora, indicios que nunca fueron revisados por los peritos y que tampoco le devolvieron a Nidia a pesar de que hizo las solicitudes para recuperarlos e intentar obtener información.

La poca información que Nidia tiene de la desaparición de su esposo es gracias a su trabajo con el Colectivo Buscando Nos Encontramos en Córdoba. Ninguno de los cuatro fiscales que tomaron el caso de Genaro le brindó información, pues cada vez que se acerca a la fiscalía le responde que la carpeta apenas será revisada.

El caso de Genaro, cuyo estatus en el registro nacional de personas desaparecido es desconocido, llegó recientemente a la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) para su análisis, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz rechazó una recomendación que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La CEDH emitió el 21 de diciembre de 2023 la recomendación 098/2023 debido a que se comprobó la omisión de protocolos por parte la FGE en el caso de su esposo, sin embargo, las autoridades estatales rechazaron esta recomendación el pasado 30 de enero

“Dijeron que no, que no la aceptaban. Ahora lo que sigue es enviarla a la CNDH para que ellos lo analicen, pero siempre hacen eso, no aceptan las recomendaciones porque dicen que no fue en su administración, como si el acceso a la justicia tuviera un calendario”, señala Nidia.

¿Qué sigue?

La organización civil “A dónde van los desaparecidos” documentó por lo menos que 269 personas más se encuentran en categorías erróneas, pese a que muchas de ellas protagonizaron casos mediáticos o cuentan con resoluciones ante instancias de Derechos Humanos, como el caso de Gerardo.

“Bajo las categorías de “Personas ubicadas”/”Con indicios”, “Se requiere información de identidad” y “Con identidad sin datos adicionales”/“Se busca reportante” se encuentran víctimas que cuentan con resoluciones internacionales - emitidas por los Comités contra la Desaparición Forzada (CED) y para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) – en las que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición.

Familiares de personas desaparecidas solicitaron un amparo ante el séptimo circuito del Tribunal Superior de la Federación el pasado lunes 12 de febrero tras la eliminación de los datos de sus familiares del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO). Intentan obligar a la autoridad a restituir los datos en el registro nacional y a crear uno en el estado de Veracruz.

A nivel nacional se tramitaron cerca de 300 amparos, sin embargo, en Veracruz solo se presentaron cuatro casos en un amparo colectivo que incluye el caso de Genaro, así como el de José Antonio Aguilar Hernández desaparecido en Amatlán el 21 septiembre de 2020; Fernando Martínez Torres, desaparecido el 16 de febrero de 2011 en el municipio de Cazones de Herrera; y Marion Ivette Sampayo Salazar, desaparecida el 14 enero de 2011 en Poza Rica.

“A nosotros ya nos falló una vez el Estado, cuando los desaparecieron físicamente, pero ahora una segunda cuando no están en el registro”, sentenció Nidia.