“Escuché que se hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda”, narró el conductor tras recibir un balazo por los policías municipales de Altotonga en marzo del 2017,  de acuerdo con la determinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a una queja por abuso.

Dicho procedimiento que había sido desechado por autoridades municipales, cuatro años después fue retomada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitió una recomendación al presidente municipal actual por negarse a aceptar la resolución.

Ernesto Ruíz Flandes (del partido Movimiento Ciudadano) inició labores como alcalde de Altotonga en 2018, año en que la CEDH le dirigió la recomendación 18/2018 en la que resolvió un abuso de autoridad por parte de elementos municipales un año antes.

El reporte concluyó que policías municipales balearon a un conductor que circulaba con el volumen alto en su autoestéreo frente a las instalaciones del palacio municipal de esa cabecera.  En ese entonces la alcaldía estaba a cargo del Partido Revolucionario Institucional, con Carlos Antonio Morales Guevara como presidente municipal, quien solo fungió en el puesto dos años tras buscar una diputación local.

Después de un año de investigaciones se confirmó que los uniformados ‘sembraron’ pruebas falsas para que al conductor se le atribuyera la presunta responsabilidad de haber disparado a las oficinas de esa institución.

De acuerdo con la víctima los hechos ocurrieron el lunes 6 de marzo del 2017 cerca de la 1:20 de la mañana, cuando se dirigía a su domicilio a bordo de su vehículo color blanco.

“Iba escuchando música con mis vidrios arriba (…) escuché que se hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda, a la altura del omóplato derecho: una bala me había alcanzado”, narró el agredido a quien no se le halló ningún arma.

Aseguró que los disparos provenían de dos patrullas que estaban estacionadas frente al palacio municipal, de las cuales entre 10 y 15 policías se le acercaron, esposaron y subieron a golpes a una patrulla para trasladarlo a la prisión municipal.

En el sitio, el comandante ordenó que fuera llevado al Hospital General de Altotonga donde fue atendido por la herida de bala. Posteriormente se le trasladó a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del municipio de Jalacingo, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al momento de declarar hubo contradicciones por parte de los policías involucrados. Mientras unos indicaron que el conductor abrió fuego contra las oficinas de la administración municipal – a pesar de que no se le encontró arma alguna-, otros señalaron que el agredido les “aventó” el automóvil y por ello dispararon. Por otro lado, hubo quienes aseguraron que en la detención no se utilizaron armas – a pesar de la herida de bala en la espalda-.

Además, personal de la FGE extrajeron de manera obligada una muestra de sangre del detenido, para observar si al momento de los hechos estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga, situación que fue negativa.

La víctima denunció lo sucedido inmediatamente después de su liberación y recuperación, por ello, la CEDH solicitó a la Fiscalía General conocer los avances del caso; sin embargo, la institución notificó su negativa para abordar el tema, situación que fue calificada como “obstrucción” de las investigaciones.

La Comisión Estatal dirigió la Recomendación al haber acreditado la violación al derecho a la libertad e integridad personal de la víctima, por actos cometidos por personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia Municipal y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) por la vulneración a su derecho humano a la intimidad por las injerencias arbitrarias durante la toma de muestra de sangre y por la obstaculización de la investigación realizada por la Comisión Estatal. El 17 de mayo de 2018, la FGEV aceptó la Recomendación.

Actualmente, a cuatro años de lo sucedido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, retoma la primera recomendación de la Comisión Estatal. Tomó cartas en el asunto y emitió una nueva recomendación para evidenciar la negativa del ayuntamiento a cargo de Ernesto Ruíz Flandes para aceptar y actuar por las conclusiones de la investigación.

 Ruíz Flandes “rechazó” la Recomendación justificando que los hechos ocurrieron en la administración anterior. La CNDH concluyó que la autoridad municipal no justificó su actuación respecto a la persecución y detención de la víctima a quien tampoco se le comprobó que portara un arma de fuego.

Se acreditaron violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la víctima, por parte de servidores públicos, que más que ser una responsabilidad individual, señalan como “responsabilidad institucional por parte de esa autoridad municipal, motivo por el cual, el presidente municipal se encontraba obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de la víctima”, dice el documento.

Es la recomendación se sentencia que autoridades tampoco investigaron los hechos ni hubo una reparación del daño a la víctima. Se pide que la compensación se otorgue por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos.

“Con base en lo anterior, la CNDH recomendó al presidente municipal de Altotonga que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realice el ingreso de la víctima al Registro Estatal de Víctimas, para que se realice la reparación integral del daño; colaborar con la Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia que presente ante la FGEV a fin de que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de las personas servidoras públicas que participaron en los hechos.”

Por último, la CNDH recomienda capacitación en materia de derechos humanos para los servidores del municipio de Altotonga, así como un curso en materia de uso de la fuerza pública para los elementos de Policía Municipal.

Ruíz Flandes está próximo a terminar su cargo como alcalde de Altotonga, y no podrá ser candidatos a un puesto de elección o representación popular local y nacional durante siete años, por incurrir en violencia política de género, según el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con la salida de Ruíz Flandes, queda al frente Ignacio Morales Guevara, quien ganó por el PRI para convertirse en alcalde de Altotonga a partir del primero de enero del 2022. El alcalde electo es hermano de Carlos Morales Guevara, antecesor en el mismo puesto durante el hecho de presunto abuso de autoridad denunciado ante la CEDH y CNDH.