Xalapa, Ver. - Policías municipales de Altotonga balearon a un conductor que circulaba con el volumen alto en su autoestéreo frente a las instalaciones del palacio municipal de esa cabecera.  

Lo anterior fue determinado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tras un año de investigaciones, pues los uniformados utilizaron pruebas falsas para que al conductor se le atribuyera la presunta responsabilidad de haber disparado a las oficinas de esa institución.

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De acuerdo con la víctima de identidad reservada, los hechos ocurrieron el lunes 6 de marzo del 2017 cerca de la 1:20 de la mañana, cuando se dirigía a su domicilio a bordo de su vehículo color blanco y de modelo atrasado.

“Iba escuchando música con mis vidrios arriba (…) escuché que se hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda, a la altura del omóplato derecho: una bala me había alcanzado”, refirió el agredido a quien no se le halló ningún arma.

Añadió que los disparos provenían de dos patrullas que estaban estacionadas frente al palacio municipal, de las cuales entre 10 y 15 policías se le acercaron, esposaron y subieron a golpes a una patrulla para trasladarlo a la prisión municipal.

En el sitio, el comandante ordenó que fuera llevado al Hospital General de Alltotonga donde fue atendido por la herida de bala. Posteriormente se le trasladó a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del municipio de Jalacigo, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Al momento de declarar, los policías involucrados se contradijeron, pues mientras unos indicaron que el conductor abrió fuego contra las oficinas de la administración municipal – a pesar de que no se le encontró arma alguna-, otros señalaron que el agredido les “aventó” el automóvil y por ello dispararon. Por otro lado, hubo quienes aseguraron que en la detención no se utilizaron armas – a pesar de la herida de bala en la espalda-.

Además, personal de la FGE extrageron  de manera obligada una muestra de sangre del detenido, para observar si al momento de los hechos estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga, situación que fue negativa.

La víctima fue puesta en libertad y denunció lo sucedido inmediantamente, por ello, la CEDH solicitó a la Fiscalía General conocer los avances del caso; sin embargo, la institución notificó su negativa para abordar el tema, situación que fue calificada como “obstrucción” de las investigaciones.

Las conclusiones de la situación fueron resueltas en abril, pero se hicieron públicas hasta julio.

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