La política en México pudiera caracterizarse por efectiva, suficiente, estratégica, pero lastimosamente se distingue por la arenga, sin argumentos sólidos de fondo, sin apego a la ley, sin respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces ¿hay política en México o vivimos conformándonos con un circo mediático de simulaciones?

Esta semana será buena para reflexionar esta respuesta y la que viene el primero de agosto a burlarse del Estado de Derecho: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

¿A qué juegan en la Corte, el presidente y el resto de los actores políticos involucrados en este innecesario ejercicio?

¿Innecesario por qué?, se andarán preguntado aquellos a quienes aún no les entra coraje porque no han visto el costo millonario de la consulta popular que desde luego se pagará de nuestros impuestos. Pues ahí les va una explicación somera para que busquen más y se queden con más dudas, porque en la política mexicana no se encuentran respuestas, soluciones tampoco, solo dudas…

Hace muchos años, antes incluso de que los boomers nacieran, acordamos ser una república democrática, representativa y federal, regida por tres poderes -ya saben- el ejecutivo, legislativo y judicial. Quedó todo plasmadito en un documento importante al que pactamos apegarnos y que llamamos Constitución. Las normas construidas a lo largo del tiempo han tenido el propósito de regular la convivencia y garantizar la dignidad, seguridad y libertad de los ciudadanos.

Basado en este pacto social al que nos comprometimos todos (jueces, políticos y simples mortales) es que la ley no se consulta, las decisiones judiciales no se improvisan y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía no se cuestiona. Deducimos entonces que la consulta popular para el juicio a expresidentes es contraria al Estado de Derecho, es decir, a lo que todos juntos agarraditos de la mano acordamos en la Constitución antes de que López fuera siquiera un esperma.  

El presidente no persigue la protección de las leyes, él busca demostrar que sus chicharrones son los únicos que truenan. Por eso el enojo, la rabia, la decepción de las instituciones de este país y de los poderes federales que deberían funcionar como contrapeso ante las recurrentes locuras del emperador. El mensaje que viene de arriba es que no se respeta el derecho de acceso a la justicia de los mexicanos porque la ley lo diga, porque sea importante o porque las instituciones funcionen, se respeta solo si López así lo quiere, y como una buena forma de maquillar su autoritarismo se le ocurrió “preguntarle al pueblo”.

Preguntarles a los mexicanos desinformados, porque, aunque muchos parecen saber del asunto, este país es pobre, 4.7% es analfabeta y un buen porcentaje no vota porque no hay tiempo para informarse del contexto del embrollo si se están doblando turnos en los trabajos porque el salario no alcanza y los impuestos no dejan de cobrarse.

Preguntarle al pueblo sobre los derechos de las “posibles víctimas” es una falta grave, ¿posibles?, ¿qué opinarán los familiares de los 43 normalistas sobre esta palabrita sutil que tuvo a bien la Corte incluir en la pregunta final?, y dejando eso de lado ¿de cuándo acá se hacen consultas para proteger los derechos de las personas? 

¿Ya ven por qué el enojo? Porque en este país el acceso a la justicia no deja de ser un juego, un arma de poder, una cruel obra de teatro en la que todos quieren el protagónico. 

Ojalá un día podamos entender que, si no luchamos por nuestra tierra, nuestros derechos y nuestra voz, seguiremos hundidos en el fango de la insuficiencia política. Ojalá que un día para nuestros representantes ser cobardes ya no valga la pena y que se defienda con fundamento el erario y el tiempo de las víctimas y sus familiares que esperan una respuesta justa.