En medio de la transición política y de un agudo problema de inseguridad, la población ya no quiere más promesas de campaña, sino cero impunidades.

Específicamente en Coatzacoalcos, desde el 2014 que la violencia permeó la ciudad, hasta la fecha, hay documentados 250 casos de homicidios dolosos.

Las estadísticas no reflejan el dolor y el viacrucis de las familias de esas 250 personas asesinadas, que no sólo fueron víctimas de la delincuencia, sino también de la falla en políticas sociales, económicas, educativas y sobre todo del fracaso en materia de seguridad para combatir a la delincuencia.

La disputa del territorio entre grupos delincuenciales ha sobrepasado a las instituciones y sembrado terror, violencia y muerte: no hay día que no se escuche de homicidios, secuestros, desapariciones, decapitados, desmembrados, embolsados, en el que ha estado involucrada gente conocida o cercana a nosotros.

A pesar de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que el delito de homicidio doloso se redujo un 45 por ciento en comparación con el 2017; en Coatzacoalcos, apenas esta semana fueron localizados los restos de cuatro personas que se suman a las 61 víctimas contabilizadas en el municipio hasta junio de este año.

En estos cuatro años sectores como el de los médicos, petroleros, electricistas, empresarios, comerciantes, maestros, entre otros, han vivido en carne propia la ola de inseguridad, exigiendo con justa demanda a las autoridades en turno que vuelva la paz y la tranquilidad a la ciudad, muchos de ellos han huido de la ciudad por temor a ser secuestrados o extorsionados nuevamente.

Sin embargo, a pesar de la estrategia que implementó el ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, en coordinación con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa de blindar Coatzacoalcos con el extinto Mando Único, Policía Naval, Estatal y Ejército, las ejecuciones fueron al alza, cerrando 2017 con 103 homicidios dolosos.

Ante la ineficiencia en el combate a la inseguridad, en enero de este año los colores cambiaron en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y llegó a la presidencia municipal el militante de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.

Durante su campaña dijo que el tema de la inseguridad sería uno de los ejes de su gobierno, en el que se buscaría recuperar la paz y confianza de la ciudadanía a través de un gobierno cercano a la gente, con el apoyo de la sociedad civil y el rescate de valores, en conclusión, nada en concreto.

Caballero Rosiñol heredó a Carranza Rosaldo el proyecto de tener nuevamente una Policía Municipal, que incluía la primera generación de 40 elementos para el cuerpo policiaco.

Así como la disposición de más de 2 millones de pesos del Fortamun para el Centro Integral de la Secretaría de Seguridad Pública que está ubicado en el ex Penal de Palma Sola y en lo que era Alcance Victoria.

Ambos proyectos siguen sin concretarse.

En febrero, por fin el Gobierno Federal envió a Coatzacoalcos más de 20 patrullas de la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad. A la par el Ejército y la Policía Estatal establecieron retenes en puntos clave de la ciudad.

Pero, nada ha funcionado, ni con gobiernos rojos, azules o marrones: hasta junio de este año, Coatzacoalcos encabeza la tabla de municipios más violentos con 61 muertes, seguido de Minatitlán con 33; Acayucan con 27 y Cosoleacaque con 23 homicidios.

Según datos del SENSP, de enero a mayo del 2017, durante el mandato de Caballero Rosiñol, hay registrados 22 homicidios dolosos.

En el 2018, en el mismo periodo, siendo ya alcalde Víctor Carranza, se tienen documentados 39 homicidios dolosos, es decir 17 casos más que en el año pasado.

En las elecciones del 1 de julio quedó manifiesta la urgencia por vivir en un ambiente de estabilidad.

Cada gobernante, independientemente de las siglas partidistas, ha propuesto su estrategia, sin éxito alguno.

Cabría preguntarse si realmente se está haciendo algo por combatir el problema, o si dentro de sus agendas, no importa cuánta gente siga siendo víctima de este círculo que cada vez se vuelve más cotidiano.