Los veracruzanos están solos

  • Jorge A. González

La sociedad veracruzana ha perdido total credibilidad en los políticos y en las instituciones de gobierno. Pero las instituciones no son las culpables, ni los partidos políticos ni las políticas públicas, todo se reduce a una sola persona: el hombre.

Nada de lo antes mencionado se mueve sin la ideología, la acción y las intenciones del hombre; de su voluntad depende que un país, que un estado o que un municipio funcione bien o mal.

Lo lamentable aquí, es que esa desconfianza genera incertidumbre en la población. No hay que perder de vista que nuestro país se mueve a partir de normas e instituciones.

Y es que de la política y la administración pública depende mucho el futuro  de  las personas, de las familiares, de la sociedad en su conjunto.

Creer es depositar nuestra confianza en alguien más, o en muchos más, y eso se ha perdido sencillamente porque casi nadie cumple, y si nadie cumple no hay resultados positivos.

Ocho de cada 10 veracruzanos se sienten inseguros en la entidad veracruzana, según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad (ENVIPE) 2015.

Una cifra que nos dice bastante sobre  la ineficacia, principalmente de la Fuerza Civil, policía estatal  que costó 4 mil millones de pesos al Estado; una cifra que no es equiparable para la disminución del miedo  y la violencia en la entidad.

Porqué tendríamos que creerle al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) responsable de auditar a todas las dependencias del estado para una sana administración.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló 17 observaciones que derivan en 35 mil millones de pesos que Javier Duarte no ha podido comprobar, eso nos deja bien clara la inoperatividad del ORFIS. 

Cómo creer en un gobernador que –a estas alturas- se da el lujo de disminuir el presupuesto a la Universidad Veracruzano (UV), que es lo mismo que negar el apoyo al conocimiento y por ende a la educación, la cual es una obligación por ley.

La Máxima Casa de estudios que además de tener prestigio internacional es la formadora de tantos jóvenes en el nivel superior que ambicionan concluir sus estudios e insertarse en el sector productivo y profesional que bien contribuye al desarrollo del estado. 

De qué manera confiar en un Congreso del Estado en donde la mayoría de los  diputados los tiene el PRI, mismos que desecharon una demanda de juicio político a Javier Duarte por daño patrimonial a los veracruzanos. ¿Pues de qué lado están estos señores?

Quién tomaría en serio una administración que retiene pensiones a los ancianos que han trabajado toda su vida; y peor aún, a quien se le ocurre privarles el derecho de las becas a los atletas que nos representan como estado y país en torneos y competencias mundiales.  

De qué manera confiar en un Fiscal que no ha llevado a buen término casos de secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos, asaltos, violaciones y la muerte de 15 periodistas y 23 desaparecidos.

Ante esta situación que se vive en Veracruz nos preguntamos: en quién creer. A quién recurrir. Con quién quejarse. A dónde correr. En quién escudarnos.

El veracruzano además de no contar con garantías de seguridad, está sólo, nadie responde por él. Las instituciones prefieren atender a las órdenes del ejecutivo estatal que a las necesidades de la sociedad.

La ciudadanía ha perdido total credibilidad en los políticos y en las instituciones de gobierno. La avaricia y la ineficacia de los políticos nos han empujado a no confiar en nadie, a perder uno de los valores más importantes del ser humano: la confianza.

La desconfianza es sinónimo de apatía, esa misma que provoca que la población no salga a votar  el día de las elecciones porque afirman que con o sin su voto las cosas seguirán igual. Y así, la clase política tiene mucho más margen de maniobra sin el interés ciudadano.

Esa misma confianza institucional que permite que las normas, contratos, propiedad privada y otros derechos básicos de un país sean respetados, y que su economía funcione eficientemente al confiar los ciudadanos en la equidad, imparcialidad y eficiencia de las instituciones políticas, sociales y económicas.

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