La propuesta de crear una unidad especializada para investigar crímenes resultaría ociosa, si no se destina el dinero necesario para su operación y no se involucra a personas involucradas como la comunidad LGBTTTIQ, opinaron expertos

Este jueves 25 de noviembre, se presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para crear un área especializada en investigar crímenes contra personas de la comunidad LGBTTTIQ.

Para el abogado Celestino Espinoza Rivera la propuesta va a visibilizar una problemática latente en Veracruz y en otros estados, sin embargo, hará necesario aumentar el recurso humano, para atender ese y cualquier otra investigación ministerial. 

La activista Jazz Bustamante planteó que sería más eficiente una unidad especializada, en la que se pueda emplear a personas de la comunidad LGBTTTIQ, que conocen del tema y no sólo aumentar el organigrama de la FGE.

Los entrevistados coincidieron que, para que el órgano autónomo pueda dar resultados es necesario dotarlo de recursos. En el proyecto de presupuesto del Estado del 2022, que se remitió al Congreso este 24 de noviembre, se proyectan mil 405 millones de pesos para la FGE, el mismo monto que se aprobó para este año, lo que resulta inconstitucional.

Coalición LGBTTTIQ excluye a diputado no binario

La iniciativa se podría politizar, pues la propuesta la presentó el diputado Ramón Díaz Ávila del partido del Trabajo, retomando lo hecho por la Coalición Estatal de la Comunidad LGBTTTIQ, que preside Benjamín Callejas, excandidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local por Xalapa.

La 66 legislatura, por primera vez en la historia, cuenta con un diputado no binario, es decir, que no se identifica ni como hombre ni como mujer, y que representa a la comunidad de la diversidad sexual.

Gonzalo Durán Chincoya anunció la presentación de varias propuestas de reforma, entre ellas el matrimonio igualitario, sin embargo, la Coalición Estatal LGBTTTIQ omitió invitarlo a presentar la iniciativa que se turnó a comisiones.

Se buscó al diputade para que fijara una postura al respecto, pero no hubo respuesta a este medio de comunicación.

Los datos estadísticos sobre los crímenes en la entidad
Entre 2015 y hasta el 17 de octubre de 2021, la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz registró 140 casos de crímenes de odio contra personas de la comunidad de la diversidad, siendo 2019 el año con la mayor cantidad de casos.

De esas agresiones el 44.5 por ciento corresponde a mujeres trans, mientras que el 40.7% a hombres homosexuales o bisexuales. Lo que ubica a Veracruz como la entidad con más casos de asesinatos de odio.

En la actualidad la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un “Protocolo de actuación para el personal de la PGR en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

La finalidad, de ese documento, es salvaguardar los derechos inherentes a toda persona, garantizando un trato igualitario y el respeto a su intimidad, atendiendo a sus necesidades de expresión de género. No obstante, no se aplica, denunció el diputado Ramón Díaz Ávila, desde la máxima tribuna en Veracruz.

A nivel local, en mayo del 2018, en Veracruz se reformó el código penal que adicionar un apartado al artículo 144 en el que se establece como agravante -para aumentar la penalidad- cuando el crimen se da  por motivos de odio, derivados del origen étnico o nacional, lengua, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de la víctima.

La propuesta de Díaz Ávila busca crear una Fiscalía Especializada en materia de delitos de odio y discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad y/o expresión sexo genérica.

Sería mejor una unidad especializada

La integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, Jazz Bustamente reconoció que sería más eficiente el crear una unidad especializada que una fiscalía especial. 

Actualmente Puebla, Ciudad de México y Jalisco cuentan con Fiscalías Especializadas que se son órganos fantasmas o elefantes blancos, porque sólo se crea una estructura material y humana sin generar resultados.

En cambio, planteó, una unidad especializada podría integrarse con un grupo que va de cuatro a seis personas ser de la comunidad de la diversidad sexual, con experiencia en el trabajo de campo de crímenes de odio.

“Casi siempre se hace a un lado el trabajo y la expertís de las personas que llevan años o conocen la problemática de los crímenes de odio en sus comunidades; sin una radiografía y un conocimiento de la realidad social, que es la sociedad civil, poco se va a avanzar en el tema”, insistió.

Así se acortaría la brecha del presupuesto y un organigrama con hasta 20 personas; por lo que reducirlo a seis harían un trabajo orgánico y dar resultado.

¿Iniciativa de relumbrón?

El abogado, Celestino Espinoza Rivera consideró que la reforma que se planteó este jueves 25 de noviembre, para crear una fiscalía especializada podría resultar ocioso, en el sentido de que lo que se requiere en la Fiscalía es que se dote de más presupuesto para tener mayor recurso humano y poder acabar con el rezago.

“La propia Fiscal puede ordenar especializar alguna de las áreas que ya tiene, o crear una nueva, pero llevarlo al Congreso es innecesario si no se da más dinero”.

Al proponer una Fiscalía se podría visibilizar el fenómeno de los crímenes de odio, porque no se investigan a fondo. Derivado de la cultura del mexicano es muy común que aun prevalezca en los entes investigadores el estigma revictimizador que atribuye la culpa a la propia víctima y por ese simple hecho no le ponen atención al seguimiento de los casos de odio reconoció el abogado

Montar una oficina y representaciones en todo el Estado para atender esos crímenes de odio implican gastar más dinero, lo que podría llevar a que la propuesta sea de relumbrón.

Qué dice la iniciativa

La fiscalía gozaría de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre violencia sexual y crimen de odio debido a discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.

Se prevé la necesidad de que cuente con personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar, capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas, plantea el diputado. 

La Fiscalía Especializada implementaría planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de su competencia;

Tendrían que diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos de violencia contra la población LGBTTTIQ+; e instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendentes a combatir los delitos de violencia.

Deberá contar con fiscales, peritos, policías de investigación y demás personal que le sean adscritos por conducto de la Subdirección de Recursos Humanos, para la atención de los asuntos de su competencia, entre otras atribuciones.