Veracruz, Ver.- En Veracruz existe registro de 192 crímenes de odio entre el 2013 y el 2019, según el estudio Impunidad, Crímenes de Odio por Orientación Sexual, Identidad de Género y/o Expresión de Género, elaborado por la activista Jazz Bustamante Hernández.

En el análisis, elaborado en coordinación con los activistas Cristina Rueda, Gloria Pérez Careaga, Alejandro Brito y Rocío Suarez se ubica a Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz como los municipios que encabezan la mayor cantidad de casos de asesinatos de odio; es decir, en tres de los centros urbanos más grandes del sur, norte y centro del Estado.

Le siguen en la lista Boca del Río, Xalapa, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Agua Dulce, Acayucan, Emiliano Zapata, Las Choapas, Misantla y Tuxpan.

De las cifras anteriores, 74 de las víctimas fueron encontrados en sus propios domicilios, 41 en algún hotel o motel, 33 en orillas de alguna carretera, 20 en la vía pública, 13 en la orilla de algún río, playa o laguna, nueve en algún baldío y 2 en panteones.

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El seguimiento de las estadísticas busca visibilizar el problema que existe en Veracruz por los asesinatos relacionados con conductas de discriminación, para generar condiciones de acceso a la justicia y prevención, se detalla en el documento.

“Los números rojos de víctimas mortales en los periodos 2013 -2019 enmarca gobiernos distantes de la problemática de discriminación, violencia y vejaciones los derechos humanos que enfrenta la población. LGBTTTI+, sin acciones institucionales de impacto a mediano y largo plazo.”

En ese sentido, el estudio revela que número de casos de crímenes de odio se mantuvo casi igual entre 2013 y 2019 en cada año, en 2013 registra el mayor número con 32 casos, 28 de mujeres trans y 4 de hombres gay, en el resto de los años osciló entre los 28 y 29, salvo en 2018.

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Odio promovido en redes

Entre los indicadores desglosados en el análisis se detalla que 89 por ciento de las víctimas conoció a su agresor a través de una red social, mientras que 72 por ciento había convivido más de una ocasión con su agresor.

Sin embargo, las cifras no son aisladas, ya que el monitoreo realizado por la activista desde el 2012 detalla que el discurso de violencia y discriminación en contra de la comunidad LGBTTTI se recrudeció desde entonces, pues los principales emisores dejaron de ser grupos organizados asociados a ideologías de Ultra derecha y conservadores, a personas que no tienen relación con este segmento.

“Nuestro monitoreo desde 2012 en redes sociales nos ha llevado a constatar una alarmante problemática de aumento en los casos de discursos de odio donde la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las victimas donde están involucrados".

“Los Estereotipos, los chistes despectivos e incitación al odio hacia las poblaciones Disidentes Sexuales sea normalizado en la internet, los discursos de odio e intolerancia siempre han existido, pero con la revolución Online ha dado paso a una oleada de personas que pueden escudarse tras el anonimato y expresar sus ideas más rancias e intolerantes, algunos grupos autonombrados”.

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Impunidad y acceso a la justicia

Jazz Bustamante concluye que es grave el índice de impunidad y acceso a la justicia en los asesinatos de odio, ya que en 100 por ciento de los casos en ninguno fueron aplicadas las causales agravantes del Artículo 144 del código penal Reformado en el 2019.

Por lo anterior, 91 por ciento de los casos ocurridos en siete años siguen sin ser resueltos, además de que 40 por ciento de las victimas trans terminaron en fosas comunes.

Lo anterior ha motivado a que las víctimas de agresiones por discriminación no formalicen una denuncia penal, por el miedo a que no sean atendidos, los engorrosos trámites administrativos y el miedo al agresor.

Solo 25 por ciento de los casos de violencia hacia personas LGBTTTI son denunciados ante una autoridad, mientras que cinco por ciento que decide el debido proceso desisten por la engorrosa burocracia y el estigma-prejuicio de las autoridades que imparten en Veracruz.

El estudio presenta las estadísticas para visibilizar la situación que existe en Veracruz, con el fin de exigir a los gobiernos políticas pública para la atención del problema, así como la puesta en marcha de mecanismos existentes y la aplicación de Leyes en la materia.