Xalapa, Ver. El déficit de 500 millones del Poder Judicial del Estado confrontó a algunos magistrados y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Romero Cruz, quien pidió recortarse “voluntariamente” las compensaciones entre el 20 y el 30 por ciento para el segundo semestre de 2021 y con ello poder nivelar en parte el desbalance financiero que existe en la institución.

Al reunirse el viernes de la semana pasada, algunos magistrados afirmaron que reducir sus compensaciones no es esa la vía idónea para ajustar el grave faltante, pues significaría un ahorro de máximo 10 millones de pesos.

En un momento de la discusión, de la que existe un audio en poder de este medio, los magistrados también criticaron la negativa de la presidenta de proceder legalmente contra el recorte que sufrió este año el Poder Judicial en la propuesta que hizo el Gobernador, Cuitláhuac García, para el presupuesto anual del Poder Autónomo.

A finales de 2020 el Ejecutivo planteó medidas de austeridad a los diputados locales ante las dificultades derivadas de la contingencia sanitaria, lo que incluía una reducción al Poder Judicial dejando su presupuesto para 2021 en mil 614.3 millones de pesos, 281.1 millones de pesos menos que el ejercicio que estaba por terminar, de los cuales mil 76 millones de pesos corresponden al Consejo de la Judicatura.

 

 

Los legisladores validaron sin mayor discusión la propuesta el pasado 17 de diciembre de 2020 y no recibieron objeción del Poder Judicial. Sin embargo, durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, de 2016 al 2018, con la gestión de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) los magistrados sí procedieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante un recorte similar.

En la gestión de Álvarez Peña se promovió el juicio ante el máximo tribunal del país señalando que durante 2017 y 2018 no se les destinó el 2 por ciento del presupuesto general del Estado que les correspondía, puesto que el Gobernador panista justificó que el Gobierno estaba quebrado tras el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

“No se logró el primer año (2017) por la situación crítica en que se recibió Veracruz, entendimos las condiciones, pero interpusimos una controversia constitucional la cual por razones del criterio del ministro en ese momento no nos favoreció (…), además se interpuso un poco tarde.

“Para este año tuvimos un incremento (negociado) pero tampoco llegamos al 2 por ciento, sin embargo, estamos condicionando y están las bases para que el próximo año sí tengamos el 2 por ciento”, argumentó el 12 de septiembre el entonces magistrado presidente ante los medios de comunicación.

Ahora los magistrados cuestionaron a la actual presidenta el no haber procedido ante los recortes y aceptar las medidas de austeridad que terminaron impactando en el desajuste que actualmente atraviesa el poder autónomo, pues reconocieron no entender por qué existe un faltante de 500 millones de pesos.

Y es que el artículo 60 de la Constitución en Veracruz establece que el Poder Judicial “administrará con autonomía su presupuesto, el cual se manejará bajo una sola unidad administrativa, y destinará, en renglones separados, los recursos para los tribunales, juzgados y órganos que lo integran, debiendo rendir cuentas anualmente al Congreso acerca de su ejercicio.”

Durante la discusión en varias ocasiones algunos magistrados sacaron a relucir la autonomía financiera y el manejo del fondo auxiliar para la impartición de justicia, el cual está bajo la administración del Consejo de la Judicatura, sin embargo, Romero Cruz acotó que el dinero ya está apartado para infraestructura y no puede destinarse al gasto corriente o nóminas.

 

 

En un momento salieron a relucir las posibles irregularidades que existen en los contratos de asociación público-privada para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales aprobadas por el Congreso en septiembre de 2017, las cuales significan una millonaria carga financiera anual al Poder Judicial autorizada a 25 años que está impactando en su liquidez.

A la fecha algunas ciudades judiciales continúan construyéndose, sin embargo, las obras ya están generando observaciones de carácter técnico por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Congreso del Estado, las cuales advierten sobre la mala calidad de las mismas por parte de las empresas asociadas para llevar a cabo los proyectos.

Las ciudades judiciales en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca deben realizarse con contratos de asociación público-privada, que considerados en su conjunto deben ascender a un máximo de hasta 3 mil 965 millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.

El Poder Judicial debe cubrir todas estas obligaciones en un plazo de hasta 300 meses, lo que da como resultado montos pagaderos mensuales de hasta 13 millones 217 mil 245 pesos, más IVA, mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).

El audio filtrado a medios de comunicación da cuenta de una acalorada discusión de las condiciones en las que se encuentra el Poder Judicial, pues los magistrados, especialmente Concepción Flores Saviaga, señalaron a la presidenta que este tema sigue sin ser puesto a discusión debido a su falta de voluntad.

“Es que no venimos a tratar el tema de las APP´s (Ciudades Judiciales), que si revisar los contratos, que si esto…, es solamente lo que les dije, un porcentaje, el que quieran, sumarse voluntariamente que me lo dijeran (para reducirse compensaciones entre el 20 y 30 por ciento) y yo decirle al señor Gobernador fulano, zutano, perengano van a apoyar y nada más, pero no a revisar los contratos y otro tipo de cuestiones, era eso exclusivamente y aclararles lo de los juzgados”, atajó Romero Cruz a los magistrados respecto a dicho tema.

Sobre el tema “de los juzgados” la presidenta del Poder Judicial aludió al cierre de 29 órganos jurisdiccionales reconociendo que en parte la medida se tomó por las dificultades financieras que atraviesa el Poder Judicial, acotando que también se debe a la falta de resultados especialmente en lo que se requiere a 11 juzgados microrregionales.

Dichos juzgados también fueron creados durante la gestión de Álvarez Peña al frente del Poder Judicial y, según Romero Cruz, resultaron “excesivos” por la cantidad de personal empleado y por no cumplir con las metas de impartición de justicia.

 

 

 

DÉFICIT INSALVABLE

En la filtración del audio la presidenta del Poder Judicial inicia enumerando el tamaño del déficit: 500 millones de pesos de los cuales 260 son solamente para el pago de salarios. En la grabación se escucha la voz de la magistrada presidenta que sin más desliza que “nos faltan 500 millones de pesos” apuntando que “nos van a dar 200 millones de pesos”, aludiendo al Poder Ejecutivo.

El resto, los 300 millones, pretende de acuerdo con el audio, que salga de los bolsillos de los magistrados y ajustes al presupuesto. Los togados deberán renunciar a sus compensaciones de manera voluntaria, pero si eligen hacerlo, este descuento deberá ser entre el 20 y el 30 por ciento de la fecha actual y hasta que acabe el año.

“Y es para pura nómina, es para completarnos”, justifica la presidenta, quien llegó al cargo de manera atropellada y sustituyó a Sofía Martínez Huerta, actualmente depuesta de todo cargo público por el Congreso del Estado debido a que removió a un juez sin el aval del Consejo de la Judicatura.

Además, Romero Cruz justificó igualmente que el cierre de 29 juzgados fue esencialmente una decisión de índole económica, pues los jueces de los microrregionales “nadie podía hacer nada y porque no estaban funcionando. Creo que funcionan más los municipales”, dice.

 

 

Para matizar, Romero Cruz afirma que el Poder Ejecutivo está dispuesto a darles 200 millones de pesos para aminorar la carga.

Pero no es tan fácil. Como se mencionó el Poder Judicial recibió este año un recorte de 281 millones 120 mil pesos con respecto a lo que ejerció en el 2020, es decir, mil 614 millones de pesos, poco más de la mitad de lo que actualmente necesita el Poder Judicial.

Es decir, aunque el gobernador accediera a dar 200 millones al poder autónomo, tampoco estaría devolviendo lo que le recortaron este año y menos solucionaría el problema que enfrenta.

“El señor gobernador lo que me pidió muy atentamente platicar esto con ustedes, es que, desde luego es voluntario, que se les redujera la compensación a un cierto porcentaje, todavía no lo hemos platicado bien con el secretario de aquí hasta diciembre nada más”, expuso la presidenta del Poder Judicial.

“Si se tomaron estas decisiones fue por la situación económica y porque el día primero de octubre entran en funciones los juzgados laborales y díganme ustedes si estamos mal que no nos alcanza el dinero (…) entonces tener 11 micorregionales y 11 laborales, más aparte los familiares, a dónde íbamos a dar; ahorita nos faltan hasta para diciembre 500 millones de pesos; que 260 son para puro salario”, añadió.

La revelación y petición generó revuelo entre los magistrados, de entre quienes salieron todo tipo de comentarios, primeramente que debía dar explicaciones acerca de las condiciones de los microrregionales no era siquiera competencia del Pleno, reunido ese día.

Los magistrados recordaron a la presidenta que la administración que entró al Consejo de la Judicatura “nunca defendió el presupuesto”. Sobre este punto, es necesario señalar que en el 2017 entró en vigor la reforma al artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para asignar al Poder Judicial autonomía presupuestaria.

En dicho precepto legal se estableció que el monto total podría ser mayor, pero no menor, al 2 por ciento de la totalidad del presupuesto general del estado, por lo que pidieron “respeto mínimo” al presupuesto.

 

PORCENTAJE NO ESTÁ A DISCUSIÓN

En el audio la presidenta, que reiteró en varias ocasiones que el recorte es voluntario, termina por indicar a los magistrados que lo único voluntario es decir sí o no a la propuesta, pero, aunque no lo tiene aún negociado, el descuento no puede ser menor a 20 por ciento.

“El que quiera el porcentaje, por ejemplo el 20, el 30 o el 25, el que quiera; cualquiera podría decir ‘yo doy el 5 por ciento y sería muy poco", propuso la presidenta durante la reunión.

De acuerdo con las cuentas de los magistrados, no es esta la solución al déficit del Poder Judicial.

“Presidenta usted habla de voluntarios pero habla de porcentajes obligatorios; no nos dice la verdad. ¿En qué consiste lo voluntario aquí?”, cuestiona un magistrado.

“En decir sí o no”, revira la presidenta, quien terminó diciendo que ella no va a “pelear” en el Congreso por el dinero que no se le entregó al Poder Judicial, puesto que el Estado atraviesa sus propias dificultades financieras.

Una persona presente en la reunión secundó las actitudes de la presidenta, señalando que en el tema del presupuesto hay 2 elementos; el primero, el presupuesto autorizado comparado con el ejercicio anterior es menor en 300 millones por principio de cuentas.

“En el año 2020 hablamos más o menos de mil 800 millones, mil 900 perdón, corrijo y este año estamos hablando de un presupuesto al parecer de mil 600 millones, esa diferencia de 300 millones está ya en Gaceta.

“La situación que acontece es que hasta antes del año pasado era posible traer una cuestión de ahorros o economías de ejercicios anteriores; hay una realidad, el presupuesto siempre ha estado en déficit, lo que pasaba es que podías en el ejercicio siguiente poder retomarlo con otra entrega”, dice.

Agrega que hay una disposición en el código financiero “que ya rige este ejercicio en donde nosotros no podemos traer el dinero que nos quedaron a deber porque no se nos entregó en un ejercicio anterior y no lo podemos traer actualmente, eso ya tiene una sanción de tipo administrativa; no hay economías ya, así venían jugando, vamos a decir, perdonen el vocabulario, así se venía resolviendo la situación, es una realidad, ningún ejercicio se cerraba digamos bien, normalmente a fin de año lo que hacían los ejecutivos es pedir deuda y así no había la necesidad de tomar las acciones que hoy administrativamente asumió la presidenta”.

Otra justificación a la situación fue la pandemia, que “pegó fuerte, no sólo en el sector privado sino en el sector público y es conocido por todos que se está buscando sacar adelante al país, buscando de dónde tener dinero”.

“Si ahorita quisiéramos pedirle al Congreso, aunque nos autorizara esos 300 más los 200 que señala la presidenta no va a haber de dónde sacarlos; entonces ante algo que es o es, no hay de otra, yo así lo entendí, nos hace una propuesta la presidenta y va voluntario en los que queremos ayudar”.

Nuevamente, la apatía de la presidenta provocó la molestia entre los asistentes a la reunión

“El 116 de la Constitución no te lo permite, es irrenunciable el presupuesto e irreductible el salario de los magistrados, ahí sí no puedes”, replicó otro magistrado.

Los togados cuestionaron igualmente acerca de fondos como préstamos del Consejo, remanentes para problemas extraordinarios por 900 millones de pesos y subejercicios.

 

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“Nosotros hicimos cálculos y lo máximo que tú puedes obtener son 10 millones por nuestros salarios, que ni siquiera llegan a la cantidad de dinero que ustedes necesitan para hacer frente. No te ayuda nada, nada. No tenemos cuentas claras ni de la anterior administración ni de esta”.

En ese sentido, se propuso cancelar proyectos que no funcionan, en alusión directa a las Ciudades Judiciales, proponiendo incluso revocar esos acuerdos “que no le dan nada al Poder Judicial y que nos llevan a una situación de rectores innecesario”.

La magistrada presidenta, en ningún momento se mostró dispuesta solicitar una ampliación presupuestal al Congreso e incluso recriminó que se haya apoyado al expresidente Edel Álvarez Peña para costear unas becas a los hijos de los trabajadores: “y aquí que estamos tratando de hacer las cosas bien pues vemos no mucha disposición”.

“El tema era eso, el apoyo voluntario para el Poder Judicial; el Gobierno no tiene dinero, ya quedó bien claro, el gobierno no tiene dinero, está pagando mucha deuda de los Gobiernos corruptos anteriores, ustedes lo saben”.

 

FINANZAS DEL PODER JUDICIAL, UNA INCÓGNITA

Desde el 2018, las finanzas del Poder Judicial son una incógnita. De hecho, uno de los grandes escándalos que enfrenta es el de las ciudades judiciales, que recobró fuerza a raíz de la destitución de la expresidenta del PJE, Sofía Martínez Huerta en torno a la licitación, resolución y asignación de contratos para la construcción y mantenimiento de Ciudades Judiciales en el estado de Veracruz.

Hay que recordar que Martínez Huerta en la presidencia suspendió los pagos mensuales de 17 millones de pesos a un conglomerado de empresas ejecutoras de la conservación y el mantenimiento.

Los proyectos de Ciudades Judiciales se convocaron, licitaron y comenzaron su construcción durante el ejercicio de Edel Humberto Álvarez Peña en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, de 2016 a 2019, quien integró Asociaciones Público Privadas para la construcción de los nuevos espacios destinados a la administración de justicia.

Esto implicó la contratación de créditos pagaderos a un plazo de nueve mil 132 días con las APP "Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V.", "Desarrollos CJEV III, S.A.P.I. de C.V.", "Compañía Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I. de C.V.", "Compañía Desarrolladora CJEV II, S.A.P.I. de C.V." y "Desarrollos CJEV III, S.A.P.I. de C.V.".

Aparte de la sobrecarga de pasivos, el análisis de la Cuenta Pública 2018 del Poder Judicial reveló el vínculo con proveedoras ligadas al escándalo de 'Panamá Papers' y el beneficio a prestadores sin registro y la falta de expedientes técnicos.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) emitió 18 observaciones y 23 recomendaciones al Poder Judicial, y entre las principales, destaca el de asignar contratos por a la denominada “Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I.” vinculada al escándalo de Panamá Papers.

El Orfis advirtió que, si bien el Poder Legislativo sólo avaló la construcción de 17 ciudades judiciales por medio de la figura de asociación pública privada, el Poder Judicial se "autorizó" 21 proyectos, de los cuales, no existen expedientes técnicos.

Además, el Poder Judicial asignó 12 contratos por 747 millones 221 mil pesos, sin embargo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de la deuda de dicha Soberanía con las APPS aumentó a 849 millones de pesos.

Otra observación del ORFIS radica en la inexistencia del alta de "Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I" ante el Registro Nacional de Comercio de la Secretaría de Economía.

Otra observación del Orfis consiste en la integración "exprés" de las empresas desarrolladoras de las ciudades judiciales. Es el caso de la sociedad "Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV.", con fecha de constitución de 22 de mayo de 2018.

Sin embargo, el fallo de las licitaciones se registró el día 14 de mayo, esto es, 8 días antes de la integración del consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V. 

En el caso del Poder Judicial, éste erigió ciudades judiciales en Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Tuxpan, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tantoyuca, Camerino Z. Mendoza, Pueblo Viejo, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Papantla, Isla, Choapas, Misantla, Naolinco, Huayacocotla, y en el caso de Boca del Río se determinó cambiarla a Medellín.

No obstante, sólo entregó 12 contratos de igual número de obras, lo cual generó las observaciones del ente fiscalizador.

Cabe referir que en el análisis financiero presentado por el Poder Judicial a la 64 Legislatura sólo exhibía una solvencia para construir por medio de las APP 17 ciudades judiciales, y el pago a los inversionistas no podía rebasar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Sin embargo, la proyección de costos por cada construcción de Ciudades Judiciales varía desde los 50 millones a los 155 millones, es decir, Sofía Martínez heredó una deuda de Edel Humberto Álvarez Peña de mil 155 millones de pesos y con la obligación de un pago de 200 millones de pesos anuales.

Las cuentas que congeló Martínez fueron nuevamente pagadas a la llegada de Isabel Inés, quien hoy enfrenta la quiebra del Poder Judicial.

Finalmente, en este 2021 desde el ORFIS se filtró la revisión a la Cuenta Pública del 2019 en el Poder Judicial, en la cual se establece que la construcción de las Ciudades Judiciales no generó observaciones de carácter financiero por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sin embargo, sí se registraron 11 observaciones de carácter técnico a la obra pública sujetas a aclaración por probable daño patrimonial por al menos 6 millones 695 mil 053.88 pesos.

Lo anterior de acuerdo a la Auditoría Integral del ORFIS contenida en el oficio número OFS/AG_ DAPE4839/08/2020 de fecha 18 de agosto de 2020.

En la revisión se detectaron irregularidades en los contratos y adjudicaciones directas, así como en los documentos presentados, obras sin terminar, obras realizadas en terrenos que legalmente no son del Poder Judicial.  Además, en las revisiones físicas se encontraron obras de mala calidad por deficiencias técnicas; trabajos pagados que no cumplen satisfactoriamente con las especificaciones considerándolos de mala calidad por deficiencias en su operación.

También se asignaron obras a empresas que no tienen atribución para construir obras públicas y se detectó una empresa “consentida”, siendo Estudio, Costo e Infraestructura S.A. de C.V que recibió 3 contratos por 12 millones 608 mil 147.80 pesos.  El ORFIS reporta trabajos pagados no ejecutados e incluso las empresas a cargo deberán de reintegrar los 6 millones 695 mil 053.88 pesos pues el financiamiento fue finiquitado.