Xalapa, Ver.- Aun y cuando aseguran no se dejarán “chantajear” por la Iglesia Católica, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó iniciar un proceso ordinario sancionador contra los jerarcas católicos, para ampliar el período de pruebas y alegatos de parte de los líderes religiosos que fueron señalados de interferir en el pasado proceso electoral.

En entrevista la consejera Julia Hernández explicó que dicho recurso legal les dará un período de 75 hasta 83 días para responder ante el órgano local, que será el encargado de enviar un expediente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Nosotros no sancionaremos, debemos integrar un expediente que se va a remitir a la secretaría de gobernación. Se han pedido más elementos al Tribunal Electoral que, de primera mano, tiene algunas pruebas que presentó el partido Revolucionario Institucional”.

Hay que recordar que magistrados locales determinaron que los jerarcas católicos intervinieron en la vida política del Estado al invitar a votar a los feligreses el pasado 5 de junio, por lo que dieron vista a la Segob para que se sancione el acto que violenta el Estado Laico.

El  27 de agosto la misma consejera habló de notificar a los jerarcas católicos el pasado martes, por  un proceso  especial sancionador, lo que les daría un plazo de 72 horas para presentar pruebas y alegatos ante la determinación de los magistrados.

Este lunes, la declaración fue en el sentido de que se cambió el proceso para investigar el caso y, es por eso que llevará al menos dos meses  el proceso que va desde notificar a los líderes religiosos así como la presentación de su defensa, ya sea en una comparecencia o por escrito.

Dijo que los recursos de revisión que presentaron los jerarcas católicos ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el fallo de la autoridad local, no suspende las diligencias del órgano local, a menos,  que determinen que los magistrados no debieron informar al OPLE y a la propia Secretaría de Gobernación de las presuntas violaciones a la ley.

La consejera recordó que la ley de organizaciones religiosas establece la posibilidad de amonestar, apercibir, multar con más de 20 mil salarios mínimos, hasta el retirar el permiso de practicar el culto religioso, pero, en este caso,  como no hay reincidencia en  la conducta la sanción es mínima.

Consideró que como autoridad administrativa solo deben  acatar la instrucción de los órganos jurisdiccionales, y descartó que los jerarcas católicos los puedan excomulgar por realizar su trabajo. 

Avc