Xalapa, Ver. La propuesta del ejecutivo del estado para basificar a empleados al servicio del gobierno en la entidad, debe ser aprobada pero ampliada para un auténtico beneficio de la clase trabajadora, consideró Juan José Llanes Gil del Ángel, abogado experto en temas laborales.

Sostuvo que si bien la iniciativa de reforma a la Leyes Estatal del Servicio Civil, y del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública Centralizada, ambas del Estado de Veracruz, son vistas como “un acto de justicia”, en el entendido que tiendan a dar estabilidad en el empleo a los burócratas, criticó que durante seis años, el gobernador no se haya preocupado por ellos.

“Es gestada por una administración estatal que, consuetudinariamente, transgredió -a lo largo de los casi seis años que ha durado- las prerrogativas más elementales de la clase trabajadora y ahora, dice preocuparse por los Derechos Humanos de los empleados a su servicio”.

Por ello, expuso que si realmente se quiere brindar tutela efectiva a derechos laborales, dicha propuesta debe tener mayores alcances.

El abogado lamentó que se vea a la iniciativa como agraviante para las finanzas del estado, lo que asoció a “las fallidas estrategias de comunicación social del gobierno estatal, opacas e incapaces de divulgar el contenido real y completo de las iniciativas, aunadas a la justificada desconfianza por las acciones que emprende el ejecutivo”.

En principio, señaló, debe advertirse que la iniciativa no intenta basificar empleados de confianza. Tampoco a los que integran la planta de la oficina del Gobernador, ni a los miembros de las corporaciones policiacas ni a agentes o secretarios de la Fiscalía General del Estado.

La propuesta de reforma, agrega, pretende afinar el contenido del Artículo 7º de la Ley Estatal del Servicio Civil, que enumera qué burócratas deben ser considerados trabajadores de confianza, a partir de uno de sus parámetros: la jerarquía.

“Se subsanaría, de aprobarse la propuesta, la disposición que, en la ley actual, al indicar que deben ser considerados como de confianza los empleados a partir del jefe de sección o su equivalente, se presta a confusiones y abusos”.

Por lo tanto, destacó, se considerarían de confianza, solamente los puestos de director hacia arriba que, por, lógica, son los que realizan las funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, que, en la propuesta, quedan intocadas como índice para definir a un trabajador sin estabilidad en el empleo.

Llanes Gil del Ángel dijo que la reforma permitiría que centenares de empleados menores de la Contraloría General del Estado accedan a la estabilidad laboral “de la que han sido injustamente privados por una ley deficiente”.

Acotó que se perfecciona también el Artículo 10, al precisarse mejor la figura del interinato y las únicas causas por las que puede producirse.

Sostuvo que el Poder Legislativo debe aprovechar la coyuntura y revisar aquella disposición de la Ley Estatal del Servicio Civil, “reformada precisamente por el duartismo, aprobada inescrupulosamente por diputados de todas las fracciones que integran la Cámara local y que significó el más crudo golpe a la clase trabajadora: la limitación de salarios caídos en caso de cese injustificado”.

Recordó que en marzo de 2015, se advirtió que la norma que dispone que ahora, con independencia de cuánto dure un juicio laboral, se pague solamente un año de salarios caídos, tuvo como único propósito abaratar el costo de los despidos “para convertir en auténticas satrapías a las entidades públicas”.

Enfatizó que aunque es benéfica la propuesta de reforma, no salda la cuenta pendiente que deja el gobierno de Javier Duarte con la clase trabajadora:

“Debieron proponerse modificaciones para hacer eficiente la ejecución de los laudos, para sancionar a los titulares de los entes públicos que desacatan resoluciones judiciales el Congreso y el propio Gobernador, entre ellos, y también para garantizar el acceso a la seguridad social de todos los burócratas, y el pago oportuno de salarios y pensiones.

“En síntesis, la reforma se queda corta y se instala dentro de la mediocridad legislativa de esta administración”, finalizó.