Xalapa, Ver.- Cuatro alcaldes de Veracruz se han hecho acreedores a un juicio de procedencia, por su presunta participación en delitos de abuso de autoridad, corrupción y hasta homicidios, en lo que va del 2015

El viernes 18 de septiembre, el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras hizo llegar al Congreso Local,  la última solicitud de desafuero. Esta va contra  Abundio Morales Rosas, alcalde del municipio de Ayahualulco y el síndico de esa demarcación, José Guadalupe Flores Peña, a quienes se les acusa de de corrupción y abuso de autoridad.

En marzo de este año, el acusado fue Armel Cid de León Díaz, al alcalde de Fortín, a quien se le inició un proceso de desafuero, por el delito de  violencia intrafamiliar equiparable.

Sin embargo, este presidente municipal libró el proceso, debido a un error administrativo de la Fiscalía, que en los oficios girados, nombró al municipio “Fortín de las Flores”, cuando el nombre oficial es Fortín. 

El Congreso le devolvió el documento a la Fiscalía para su corrección. Sin embargo, la FGE ya no regresó el documento. El alcalde, de extracción priista, solicitó separarse de su cargo por 40 días,  para  esclarecer la demanda en su contra.

Una conciliación entre particulares, hizo que el proceso de desafuero quedara sin efectuarse.

En ese mismo mes, el alcalde panista Omar Cruz Reyes, de Medellín de Bravo,  fue sometido al mismo procedimiento, tras encontrarse elementos suficientes que lo vinculaban a la muerte del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

Actualmente el ex alcalde se encuentra prófugo de la justicia.

La misma suerte corrió el alcalde de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, alias “Juanelo”, a quien se inició un proceso de desafuero, acusado de la autoría intelectual del homicidio de su tesorero, Guillermo Pozos Guzmán.

Pese a que en todo momento la defensa de “Juanelo” se inclinó por el desafuero para facilitar las acciones legales, una vez que este se dio, el ex alcalde emanado de las filas del Revolucionario Institucional se dio a la fuga.

El viernes 18 de septiembre, se informó al Congreso Local que quedó sin efecto el auto de suspensión provisional promovido por el alcalde de Castillo de Teayo, Enrique Isidro Dimas, quien fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por Petróleos Mexicanos; aunque no se ha iniciado un proceso de desafuero como tal, el alcalde podría ser detenido en cualquier momento.

La empresa productiva del estado lo señala de encabezar una serie de tomas de instalaciones, que le ocasionaron a Pemex pérdidas superiores a los 10 mil millones de dólares.

El antecedente de las solicitudes de desafuero para alcaldes veracruzanos, se remonta al caso de  Sara Luz Herrera Cano, ex alcaldesa del municipio de Alvarado, a quien se le acusó de ser la autora intelectual del asesinato de su secretario particular, Michel Martínez Corro, en 2013.

El juicio de procedencia fue promovido en aquel tiempo por el entonces procurador general de justicia, Amadeo Flores Espinosa; sin embargo el proceso no concluyó debido al cambio en la legislatura, y Herrera Cano terminó su periodo como presidenta municipal, tras lo cual fue detenida por las autoridades.