• Política

Tito Delfín, el negro historial que arrastra el político rehaprendido

  • Carlos Caiceros
Tito Delfín es señalado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude,hechos denunciados en mayo del 2017

Obras no ejecutadas, a sobreprecio e incluso responsable de supuestos daños ambientales “graves”, son parte de las acusaciones que arrastra Tito Delfín Cano, expresidente municipal de Tierra Blanca, exdiputado local y fallido dirigente estatal del Partido Acción Nacional.

Las acusaciones han perseguido al panista desde que era alcalde de Tierra Blanca en 2011, y que han sido utilizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para mantenerlo preso por casi un año desde que fue apresado en noviembre de 2021 por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude.

Una de las presuntas responsabilidades más graves la expuso el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, quien detalló que la contaminación y daño ambiental en Tierra Blanca “es grave”, particularmente por la fuga de lixiviados debido al mal manejo de basura. 

El Colegio de Ingenieros y Arquitectos de aquel municipio denunció desde hace algunos años diversas irregularidades financieras en obras de Tito Delfín.

Entre otras señalaron acciones de obras en agua potable por 3 millones 318 mil 134 pesos, drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales por 48 millones 8 mil 768 con 87 centavos.

Además, caminos rurales por 10 millones 240 mil 26 pesos, pavimentaciones de concreto por un millón 697 mil 711 pesos, electrificaciones por 4 millones 992 mil 314 pesos, proyecto ejecutivo de la avenida Serdán, la más importante de la ciudad por un millón 80 mil pesos, entre otras obras en donde fueron detectadas graves irregularidades que van desde presupuestos inflados hasta retrasos de más de un año en la ejecución de los trabajos.

En su momento, el entonces presidente de la asociación civil, Víctor Gabriel Martínez, explicó que se trataba de obras públicas realizadas por la administración de Tito Delfín durante los ejercicios fiscales del 2011 y 2012 por un monto de 74 millones 615 mil 697 pesos con 78 centavos.

Igualmente, el panista fue señalado por presunto daño patrimonial por más de 35 millones de pesos, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó las denuncias penales, vigentes presuntamente desde 2017.

 

2 PROCESOS PENALES 

Formalmente, la Fiscalía General del Estado informó que Tito "N" es señalado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude, derivado de la carpeta de investigación por hechos denunciados el 26 de mayo de 2017 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Cosamaloapan, Sub- Unidad Integral de Justicia en Tierra Blanca, que dieron origen al proceso penal 394/2021.

Por estos hechos, Tito fue apresado en noviembre de 2021 en Álamo, mientras hacía campaña con miras a la dirigencia estatal del PAN.

De estos hechos, obtuvo un amparo en septiembre pasado para llevar el proceso en libertad, sin embargo, fue nuevamente detenido por delitos ambientales también suscitados durante su paso como alcalde.

Tito Delfín podría ser responsable hasta de presuntos casos de cáncer por la contaminación ambiental que propició en aquel municipio, afirmó recientemente Juan Carlos Contreras Bautista, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

Los daños ocasionados a la población derivarían por el manejo irregular de la basura a cargo de la empresa “Sistemas Ambientales Ecoeficientes SA de CV”, a la que el expresidente dio una concesión, cuyo contrato no cumplió, pero tampoco fue sancionado por el panista.

Esta semana, el titular de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, señaló que el daño ambiental que hay en el municipio de Tierra Blanca es muy severo, esto por el basurero que hay en la zona y derivó a la detención del panista.

“Nosotros no fuimos quien lo vinculó a proceso, fue la Fiscalía del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, recordemos que la Procuraduría es un ente administrativo, y quien judicializa y quien ya les da seguimiento a los delitos ambientales es la Fiscalía “.

El procurador indicó que, al cierre de 2021, la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) entregó un informe pormenorizado al Órgano de Fiscalización, al Congreso del Estado y en algunos casos a la Fiscalía Especializada, ante un daño “irreversible al medio ambiente”.

 

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