La salud mental: el gran desafío de los derechos humanos en el siglo XXI
- Selina Haidé Avante Juárez
Hablar de salud mental en 2026 es hablar de uno de los mayores desafíos de los derechos humanos de nuestra época. Vivimos en la era de mayor conectividad tecnológica de la historia y, paradójicamente, también en una de las etapas de mayor desconexión humana.
Quienes tuvimos el privilegio de vivir la década de los ochenta recordamos una realidad distinta. No existían teléfonos inteligentes, redes sociales ni inteligencia artificial capaz de responder cualquier pregunta en segundos. Sin embargo, había algo que hoy parece escasear: tiempo para convivir, familias reunidas alrededor de una mesa, amistades construidas en la presencia cotidiana y una comunidad que satisfacía una de las necesidades más profundas del ser humano: el sentido de pertenencia.
Hoy el panorama es otro. La tecnología ha transformado nuestras vidas y ha generado avances extraordinarios, pero también ha modificado la manera en que nos relacionamos. La velocidad con la que vivimos, la presión por producir, consumir y competir, así como la búsqueda permanente del éxito económico, han desplazado en muchos casos los valores humanos que durante siglos dieron cohesión a las familias y a las comunidades.
La irrupción de la inteligencia artificial plantea, además, nuevos desafíos éticos y sociales. Si bien constituye una herramienta extraordinaria para el conocimiento, la educación y la productividad, también exige desarrollar capacidades críticas que permitan distinguir entre la realidad y la simulación, evitando que las relaciones humanas sean sustituidas por interacciones carentes de afecto, empatía y reciprocidad. El reto no es tecnológico únicamente; es profundamente humano.
El resultado de esta transformación es visible. La ansiedad, el estrés crónico y la depresión se han convertido en algunas de las enfermedades más incapacitantes de nuestro tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 970 millones de personas vivían con un trastorno mental en 2019, y hoy se estima que aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo padece alguna condición de este tipo. La OMS también ha señalado que la ansiedad y la depresión aumentaron alrededor de 25% durante el primer año de la pandemia, lo que evidenció la fragilidad emocional de nuestras sociedades.
La llamada “epidemia de la soledad” es una de las expresiones más dolorosas de esta realidad. Nunca antes habíamos estado tan conectados mediante dispositivos electrónicos y, al mismo tiempo, tan alejados emocionalmente unos de otros. Las redes sociales han creado escenarios donde la comparación constante, la necesidad de aprobación digital y la construcción de vidas idealizadas generan frustración, inseguridad y una profunda sensación de insuficiencia. En ese contexto, no sorprende que la OMS advierta que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental.
Las consecuencias trascienden el ámbito individual. El incremento en la demanda de atención psicológica y psiquiátrica ha puesto bajo presión a los sistemas de salud. La OMS ha advertido que, en muchos países, la inversión pública en salud mental sigue siendo insuficiente y que la brecha de atención permanece enorme: una gran proporción de las personas que necesitan tratamiento no lo recibe. Al mismo tiempo, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo han estimado que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial cerca de 1 billón de dólares estadounidenses al año en pérdida de productividad. A ello se suma que el suicidio provoca más de 700,000 muertes cada año y constituye la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, de acuerdo con la OMS.
El aumento en el consumo de alcohol, medicamentos y otras sustancias refleja, en muchos casos, el intento de muchas personas por aliviar un vacío emocional que ninguna tecnología puede llenar. La violencia familiar, la desintegración social y numerosos conflictos comunitarios encuentran, con frecuencia, su origen en problemas de salud mental no atendidos oportunamente. Cuando una persona sufre en silencio, su dolor rara vez permanece confinado a su interior: se proyecta en su familia, en su trabajo, en su comunidad y en la vida pública.
Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la protección de la salud, reconocido por nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales, comprende necesariamente la salud mental. No se trata únicamente del acceso a servicios médicos especializados, sino del deber del Estado de generar condiciones que permitan a las personas desarrollar una vida emocionalmente equilibrada, libre de discriminación y con oportunidades reales para fortalecer sus vínculos familiares, comunitarios y sociales. La salud mental, en este sentido, no es un asunto accesorio: es parte esencial del derecho a la salud y de la dignidad humana.
Sin embargo, la protección de este derecho no corresponde exclusivamente al Estado. La sociedad, las familias, las escuelas y las empresas compartimos la responsabilidad de construir entornos emocionalmente saludables. La OMS ha insistido en que la salud mental debe abordarse desde una perspectiva comunitaria y preventiva, basada en los derechos humanos, y no sólo desde la atención clínica cuando el daño ya está hecho.
La prevención de los trastornos mentales sigue siendo la herramienta más poderosa. El ejercicio físico regular, el descanso adecuado, una alimentación equilibrada, el contacto con la naturaleza, el cultivo de la espiritualidad, la convivencia familiar y la construcción de amistades auténticas son factores protectores de la salud mental ampliamente reconocidos por la ciencia. Son hábitos sencillos que fortalecen el bienestar emocional y reducen el riesgo de padecer trastornos mentales. Diversos estudios de salud pública coinciden en que la actividad física, por sí sola, puede disminuir síntomas de ansiedad y depresión, mientras que el sueño suficiente y las relaciones sociales estables actúan como barreras frente al deterioro emocional.
No obstante, existe un elemento que ninguna política pública puede sustituir: el amor. Entendido como presencia, escucha, respeto, solidaridad y responsabilidad hacia los demás, el amor sigue siendo el primer espacio donde una persona aprende a sentirse segura, aceptada y digna de ser amada. Las familias sólidas cimentadas en valores constituyen uno de los factores protectores más importantes para la salud mental. Allí donde hay afecto, límites sanos y acompañamiento, disminuye la vulnerabilidad emocional y se fortalece la resiliencia.
El gran desafío del siglo XXI consiste, por tanto, en reconciliar el desarrollo tecnológico con la esencia profundamente humana de nuestra existencia. El progreso será insuficiente si no preserva aquello que nos hace verdaderamente humanos: nuestra capacidad de amar, de acompañar, de servir y de construir comunidad. La tecnología debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la tecnología.
Una sociedad mentalmente sana fortalece al individuo; individuos emocionalmente sanos fortalecen a las familias; familias fuertes construyen comunidades más solidarias; comunidades sólidas consolidan naciones más justas; y naciones con ciudadanos emocionalmente equilibrados hacen posible un mundo donde los derechos humanos sean, como debe, lo más importante.
JRG
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Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
Egresada de la Universidad La Salle México con mención honorifica, Especialista en Derecho Penal, Civil, Administrativo y Fiscal por la Universidad Panamericana, especialista certificada en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad de Sevilla España, Maestra en Derecho Procesal Constitucional con mención honorifica por la Universidad Panamericana y Especialista en Derecho Penal parte general por la Universidad de Salamanca España y especialista en Derechos Humanos por la universidad de Flacso; Doctorante por la Universidad Anáhuac México Sur.
Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como Secretaria de Tribunal, Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es Magistrada de Circuito. Ha sido docente activa del Instituto de la Judicatura Federal en materias como Ética Judicial, Argumentación Jurídica; Nociones del Juicio de Amparo y Suspensión; así como catedrática en la universidad Anáhuac México Sur en materia de derechos humanos.
Tiene varias obras publicadas en materia Ambiental, Penal y de Equidad de Género



