Si el pez por la boca muere, a los funcionarios transparentes -entre bambalinas, claro-, la ingesta de sinceridad les ayuda a matar tanto sapo tragado a diario. La reunión entre varias áreas operativas de seguridad y derechos humanos del gobierno federal discurría en diciembre pasado con normalidad entre intercambio de información y aportaciones de solución para los casos que intentaban resolver, hasta que alguien puso el dedo en la llaga. Cansado de la impotencia de dar vueltas sobre las carencias permanentes, sin resolver las injusticias que reclaman las víctimas, derivó sus explicaciones a la pérdida de recursos a las que los someten sus jefes, que no es más que las decididas desde Palacio Nacional y aplicadas en cada presupuesto anual por el Congreso. El argumento aflojó las tensiones para que otros se justificaran de la misma manera. Hasta que desde la oficina involucrada en resolver desapariciones, alguien recorrió el velo de lo que se guarda puertas adentro: no solo perdemos recursos, dijo, sino que en tanto no aumenten los casos de desapariciones los apoyos económicos no llegarán.

El matemático maquiavelismo para resolver la ubicación de las 131,956 personas desaparecidas y no localizadas que se contabilizan desde 1952 -aunque el punto de partida de su explosión se sitúe en 2006 con la guerra al narco decretada por el gobierno de Felipe Calderón-, deja ver el realismo crudo del desinterés del Estado, y sus hombres y mujeres, por dejar que esa llaga siga abierta y creciendo. Una llaga que pone en el mismo lugar a cuatro sexenios que se dicen diferentes.

Human Right Watch ha refrescado la memoria en estos días con su informe mundial anual para que esos hombres (60 por ciento) y mujeres, víctimas del crimen organizado o de la también impunidad -que la hay-, de las fuerzas de seguridad, refloten de alguna manera como una ausencia que no se pierde entre el vendaval de números y la indolencia oficial. “Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, dice el trabajo. Recuerda que en abril pasado el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), de la ONU, decidió analizar por primera vez la situación de México dado “los indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática”, aunque desde Palacio Nacional se lo niegue. Y resalta que los familiares que buscan a sus desaparecidos están en peligro: ocho de ellos fueron asesinados en 2025, el peor año para madres y padres buscadores de sus hijos. Article 19 ha precisado que desde 2010 suman 36 asesinatos y desapariciones, en su mayoría madres buscadoras.

Lo que nos viene a decir HRW casi pasa desapercibido porque transcurren décadas de normalización tanto de la violencia como de la impunidad -sigue siendo generalizada, insiste-, y las ineptitudes -se investiga uno de cada diez homicidios intencionales, las pruebas se alteran y falsifican, persiste la práctica de la tortura por las autoridades y se carece de recursos básicos.

A fines de enero, la ONG Causa Común ya nos estaba dando un rastro de lo que fue 2025 en cuanto a violencia. Registró alrededor de 4,783 crímenes de extrema violencia en el país, de acuerdo con informaciones aportadas por medios de comunicación, aunque el saldo final es de 6,707 víctimas. Un promedio diario, decía, de 13 atrocidades y 18 víctimas en el territorio nacional. La violencia extrema se midió con la preponderancia del asesinato con tortura, en primer lugar, seguido de masacres, actos violentos contra las autoridades y la localización de restos en fosas clandestinas.

HRW deja en su análisis sobre México, más allá de números y descripciones, una definición que habla de miopías y displicencias en cuanto a afrontar las desapariciones forzadas, negadas en cualquiera de las últimas cuatro administraciones. En estos días persiste, siguiendo la estela de 2018, “un proceso de erosión democrática”, puntualiza.

Hay muchos escondidos que quisieran seguir las líneas del trumpismo, donde la democracia solo es una herramienta desechable, aunque se disfracen de opositores inmaculados o evangélicos predicadores de la unidad. El abono se propicia desde orígenes muy diversos. Las desapariciones, como la impunidad o la justicia manipulada, que no se atienden, deberían tomarse en cuenta, siempre que se quiera evitar sorpresas.