La ejecución de una madre, su hija de un año y un bebé de tres meses y su nuera el domingo en una vecindad ubicada en una colonia popular de León, es mucho más que un nuevo episodio de la violencia que se vive hace años en Guanajuato por el control del huachicol. Es una fotografía del momento, que revela la profunda corrupción que tiene enferma a la Guardia Nacional, vinculada con el Cártel de Santa Rosa de Lima para enfrentar a sus rivales, los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, y aporta una prueba de la expansión territorial del conflicto armado en el estado.

La ejecución tiene un alto significado. Es la primera vez que el Cártel de Santa Rosa de Lima sale de su territorio en el centro y sur del estado, colindante con Querétaro y Michoacán, y se desplaza hasta esa ciudad, la más grande de Guanajuato, en el centro norte del estado, cercana de Jalisco. Esa organización fue fundada en 2014 por José Antonio Yépez, apodado El Marro, con el respaldo, por omisión o comisión, de la Gendarmería que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto, para destruir a la Policía Federal.

Un especialista en seguridad dentro del gobierno federal sostiene que fue el momento cuando se pudrió Guanajuato. Los niveles de corrupción con las autoridades federales y estatales le permitieron a El Marro evolucionar del robo de transporte y trasiego de drogas, al huachicol, un negocio criminal que superó en valor al tráfico de cocaína. Desde 2019 forjó una alianza con el brazo criminal del Cártel del Golfo, las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, que fue remplazado por otro grupo de la misma organización, Los Escorpiones, encabezado por José Alberto García Vilano, apodado La Kena.

El Marro fue el primer líder criminal que se detuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2020, y el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que con la captura que descabezaba al Cártel de Santa Rosa de Lima, se resolvería el robo de combustible en la región. Estaba equivocado. Eso nunca sucedería ni contra esa organización ni contra cualquier otra, porque la estrategia presidencial fue nunca confrontar y sólo responder en defensa propia. El Marro y El Kena, detenido a principio de este año, siguen manejando sus organizaciones desde la cárcel, mientras que el huachicol está hoy peor que hace seis años.

La violencia que están provocando en Guanajuato, viene de milicias del Cártel de Santa Rosa de Lima compuesta por jóvenes de la tercera generación de sicarios, tiene la crueldad característica de las organizaciones criminales tamaulipecas, que ya van en la cuarta, casi quinta generación de sicarios. Cuentan con la colusión y complicidad que tenía la organización con la Gendarmería de Peña Nieto, que se ha trasladado a la Guardia Nacional creada por López Obrador para acabar con las instituciones del pasado, que está bajo el control absoluto -con un estiramiento de la ley- de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La ejecución en León ubicó al grupo paramilitar del Estado Mexicano bajo una lupa gigante, porque un video de una cámara de seguridad de un establecimiento contiguo a la vivienda, mostró que cinco minutos antes de que se diera la matanza, un grupo de miembros de la Guardia Nacional entró con una bolsa negra y advirtió a sus ocupantes que huyeran. Tenían un día para irse de su hogar, les dijeron, de acuerdo con los testimonios. Dos hombres corrieron de la casa y se escondieron, el jefe de la familia que masacraron y su hijo. Las autoridades creen que el comando criminal iba por ellos. Asesinar a las mujeres y a los niños, en el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima y Los Escorpiones, no puede ser visto como un acto de venganza porque huyeron, sino un método de terror que han utilizado por varios años.

Lo emplearon en diciembre pasado en una hacienda en Salvatierra, que se encuentra dentro del territorio que controlan, cuando irrumpieron una posada y asesinaron a doce personas. Tres de las armas que se utilizaron las habían ocupado en otra matanza en marzo de 2022 en Villagrán, cerca de Celaya, cuando asesinaron a seis edecanes, a una de las cuales le cortaron la cabeza. Poco antes de ese crimen se había dado una escisión en el Cártel de Santa Rosa de Lima, donde varios de sus sicarios se fueron con el Cártel de Sinaloa, controlado por Los Chapitos. Dos de las mujeres asesinadas habían realizado visitas al penal local, aparentemente a sicarios de los sinaloenses, y otras dos tenían antecedentes penales.

En medio del terror de la nueva carnicería en León está la Guardia Nacional y las preguntas abundan. ¿Tenían una orden de cateo para ingresar a la vivienda? ¿Por qué entraron con una bolsa negra vacía y salieron, como afirman los testigos, con teléfonos celulares? ¿Por qué fueron advertir que se fueran porque iban por ellos? ¿Cómo tuvieron conocimiento de ello? Y si lo sabían, ¿por qué no los protegieron? La pregunta última es ¿están detenidos?

López Obrador dice que van a investigar. No puede hablar en futuro. La investigación ya debe estar hecha. Debe tener la Guardia Nacional el nombre de sus elementos que son accesorios de un asesinato y deberían estar puestos a disposición de la autoridad. Nada de esto se sabe por el hermetismo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que manda sobre ese cuerpo policial. Por su parte, con sus acciones, el presidente los está encubriendo.

La ejecución de León abre el obturador de la cámara para mostrarnos lo que está sucediendo en el resto del país, la guerra de cárteles en su lucha por la expansión territorial, por el control de las plazas para la producción y el trasiego de drogas, el dominio sobre la actividad productiva y la vida cotidiana, con la complicidad de las autoridades en altos niveles, como aquí, donde la Guardia Nacional parece tener complicidades con todas las partes, aunque con una más que con otra.

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