En los municipios conurbados de Veracruz-Boca del Río han aumentado las quejas de los automovilistas por abusos que cometen agentes municipales de Tránsito, quienes operan en vías rápidas o en retenes, estos últimos, inconstitucionales (artículo 16 de la Carta Magna).

Los elementos de las corporaciones pueden ser encontrados en los accesos de entrada y salida a Veracruz, por Miguel Alemán o Rafael Cuervo, bajada de los puentes Allende y del IMSS-Cuauhtémoc, y en Boca del Río, sobre el bulevar Presidentes, frente al Hotel Mocambo y la Unidad Habitacional El Morro, en Costa Verde,  Vía Muerta, Ejército Mexicano y Urano. Los retenes, sobre todo en el puerto jarocho, por lo regular en lugares de intenso tráfico vehicular, por ejemplo, las salida de las unidades habitacionales El Coyol y Buenavista.

Esos operativos se han convertido en una fuente de elevados ingresos, para las arcas panistas y sus mandos. Si bien hay recursos administrativos que el afectado puede utilizar para defenderse, normalmente no recurre a esos medios por la pérdida de tiempo que enfrentará y, porque, finalmente, en un caso donde la autoridad es juez y parte, difícilmente podría obtener un resultado favorable.

Por eso, también, en infinidad de casos, las víctimas de los agentes de esta corporación prefieren arreglarse con alguna cantidad con los agentes para evitar la multa. ¿A dónde va a parar ese ingreso? Difícil saberlo, no hay transparencia, por lo que esos recursos, los que se obtienen indebidamente y aquellos que son pagados en las ventanillas municipales, podrían tener como fin las campañas políticas, más cuando quienes tienen bajo su control esas oficinas recaudatorias son quienes ahora aparecen como prospectos a la Senaduría, los hermanos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, quienes sólo estarían a la espera de formalizarlo por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ que integran PAN, PRI y PRD.

Esa práctica de persecución contra automovilistas, no es nueva, lleva años, pero ahora con mayor intensidad en los últimos tiempos en ambos municipios, desde que los servicios de Tránsito volvieron a la esfera de los Ayuntamientos, al amparo del artículo 115 Constitucional que otorga autonomía a los municipios; en Boca del Río fue en  2014, en tiempos de Miguel Ángel Yunes Márquez como Alcalde, y ahora que su esposa, Patricia Lobeira, gobierna Veracruz, la operación es idéntica. Hace pocos días, la diputada morenista Rosa María Hernández Espejo, planteó que en Veracruz deben ser investigadas presuntas irregularidades de desvíos de recursos para dar capacitación a los policías, que no ha tenido respuesta de las autoridades locales, y seguramente el asunto no parará en el sólo señalamiento.

Este caso, de Tránsito Municipal, también tendría que investigarse, por la forma de operar de esas corporaciones, por donde diariamente fluyen miles de pesos, a juzgar por la gran cantidad de quejas por abusos de los agentes viales. Habrá que esperar si este asunto merece mayor atención de la propia diputada Hernández, pues de los otros diputados de esta zona, todos son panistas, y ya se sabe que están para sirvir a sus jefes, no a los ciudadanos.
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