“La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto.” – Johann W. Goethe.

De vergüenza nacional lo que sucede en el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, en donde poco a poco se descubre que el ente público responsable de cuidar el destino final del recurso público resultó de todos los entes fiscalizables ha resultado ser la guarida de Alí-Babá y sus 40 ladrones.

Y porque le contamos esto amables lectores, resulta que tras la denuncia que aquí en este espacio hiciéramos respecto a los enjuagues y negocios turbios entre la misma titular del Organismo y su mano derecha él es Director Jurídico, Felipe de Jesús Marín Carreón, el que terminó renunciando y gritando a los cuatro vientos que fue traicionado por la misma Auditora General, la cual lo ha entregado a cambio de salir librada.

Resulta que comienzan a salir las versiones que describen el nivel de daño patrimonial en el que habrían incurrido para salvar a malos munícipes –que amantes del recurso público- se llevaron hasta los clips y las grapas en ese afán por pasar a ser los nuevos ricos de sus demarcaciones.

Municipios como Altotonga, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Boca del Río estarían en la lista de clientes de este nuevo cártel de la delincuencia organizada especializado en el blanqueo de cuentas públicas que les garantiza a sus clientes salvarse de observaciones y de posibles sanciones por la misma Comisión de Vigilancia del Congreso Local.

Montos que van desde los 40 millones de pesos serían tan solo algunas de las cuentas que como despacho paralelo a la función del Orfis operó y limpió verdaderos desvíos en el manejo del recurso público.

Se sabe ahora que las autoridades legislativas van por el que fuera director del Órgano Interno de Control (Contralor), Emmanuel Vázquez Jiménez, el Subdirector de Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Municipios, Gerardo De la Fuente Rivera, RBA Contadores Públicos y Asesores, así como CARMO, de Luis Leonel Díaz Figueroa (Cuñado de Delia González), así como Dekker Dorantes Carrión.

Y es que un binomio conformado por Marín Carreón junto con Dekker Dorantes Carrión habría sido colaboradores clave de Tarek Abdala durante el desgobierno de Javier Duarte, en donde queda claro aprendieron las mañas que ahora evidencian para llevarse el recurso de los veracruzanos.

Marín Carreón fungió como Subprocurador de Legislación y Consulta, mientras que Dekker Dorantes fue particular de quien se desempeñaba como Procurador Fiscal.

Los señalamientos apuntan a que en el caso del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla habría permitido a su alcalde acumular una mega fortuna, misma que destinó a la compra de terrenos en su propio municipio y que ahora renta a conocida cadena de Farmacias Guadalajara, de Pizzas y a Soriana.

Los que conocen del tema aseguran que el daño patrimonial llegaría a los 100 millones de pesos y sigue la mata dando, la pregunta aquí es ¿hasta dónde llegaría el daño total por este cartel de blanqueadores de las cuentas públicas?

Por lo pronto sería bueno que la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giandáns ya vaya girando órdenes de presentación antes de que los implicados salgan por piernas y una vez más la impunidad que ha caracterizado a la FGE les den pase a la puerta giratoria.

Al tiempo.

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