En el sitio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lee que “el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país”.

Según la literatura jurídica, en México el régimen político y de gobierno descansa en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que refiere que será una República, democrática representativa, laica y federal.

Se entiende por República la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el marco de un régimen político democrático electivo, representativo, alternativo y responsable.

Los tres poderes la república deben equilibrarse en su función, nos enseñaron desde la instrucción primaria.

Los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder son sanos, necesarios para la convivencia pacífica.

La balanza no debe inclinarse con demasía hacia ningún vórtice de uno de los tres poderes porque en automático, de facto, dejaría de funcionar la república.

Aquí no cabe la expresión L'État, c'est moi (el estado soy yo) que habría pronunciado Luis XIV El Rey Sol, en el parlamento francés en el idioma más hermoso del mundo, que traducido al bronco y crudo léxico mexicano se traduciría: aquí sólo mis chicharrones truenan por que soy el Macucón o Machuchón.

La república del un solo hombre no va. Es un contrasentido, una dislexia histórica. Lo sabe hasta un aprendiz de leguleyo.

Nueve los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propinaron un majaguazo de vuelta entera a la primera parte el llamado Plan B de la reforma electoral enviada al congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador y votada a favor por Morena y sus aliados.

Por cierto, según el diccionario choco, majaguazo es un golpe fuerte con madero de majagua; y por extensión, cualquier golpe fuerte. Batazo potente (home run) en un juego de béisbol.

El Bambinazo al Machuchón es parte del juego democrático permitido en la república. Así de simple.

El presidente AMLO reaccionó como lo ha hecho siempre: satanizando a los once notables del Poder Judicial y llamando a sus huestes a lograr 334 butacas en la conformación de la LXVI Legislatura federal, cifra mínima necesaria para sacar adelante sus reformas constitucionales; claro, cuando la 66 legislatura levante la mano en juramento defensor de la patria, Andrés Manuel López Obrador ya no será presidente porque una de las atribuciones de la república es acotar temporalmente las funciones de un servidor, en su caso, seis años.

Las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, aprobadas por Morena, PT, PVEM y PES en el Congreso, planteaban que funcionarios y funcionarias podían difundir información de las acciones y programas gubernamentales durante los procesos electorales, sin apercibimientos ni sanciones.

Según nota del portal del Canal Once, planteaban también la reducción del 0.1% los recursos presupuéstales de los gobiernos locales para propaganda gubernamental, prohibía a entes públicos incluir en sus mensajes de comunicación social información que implicara ataques a la moral, la vida privada o derechos de terceras personas; y prohibía difundir campañas de comunicación social que destacaran nombres, imágenes, voces o símbolos de funcionarios públicos.

Y en esta película de largo metraje como define Pepe Segarra los home run en el béisbol, el presidente AMLO sabe que es momento de aceitar la maquinaria contra los nuevos enemigos corruptos, podridos y proclives a las viejas prácticas del conservadurismo como enlista a los once ministros de la corte, proponiendo que sea el pueblo quien elija a los integrantes del Poder Judicial.

Posee una raigambre medible la estrategia del presidente para tatuar su proyecto de la república de un solo hombre.

Un estudio citado por Ricardo Raphael en el diario Milenio, “realizado en 2021 por los académicos Daniel Zizumbo-Colunga y Benjamín Martínez Velasco (CIDE), 53 por ciento de las personas estarían de acuerdo con que las fuerzas armadas dieran un golpe de Estado en caso de que hubiese una reacción política contraria a los cambios promovidos por el actual gobierno”.

En una columna titulada “el espanto de ser minoritario”, el analista sintetiza la noción de las mayorías en México respecto del trabajo de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“El mismo estudio refiere que 63.1 por ciento (de los mexicanos) estaría conforme con que las fuerzas armadas tomaran control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si sus integrantes defendieran actores indeseables”.

Recurrente, machacón hasta el cansancio, AMLO dice que “la calumnia cuando no mancha tizna…Eso sí calienta”, sabe a la perfección que este clima de polarización social nutre al monstruo de la cuatrote, al que necesita fuerte para la elección del 2024, de ahí la recurrencia en señalar a sus togados enemigos de corruptos, privilegiados y rapaces.