Cada día resulta más insostenible ocultar la protección que otorgaron políticos y funcionarios de alto nivel a la que ahora conocemos como una escandalosa red de empresas factureras y de outsurcing que tiene los rostros más visibles en Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont.

Un solo integrante secundario de ese grupo, Juan Vergara Fernández, encarna una historia de cómo varios gobernadores y autoridades federales pavimentaron su camino en la construcción de uno de los feudos de ese imperio ilegal.

Vergara, de origen poblano, desarrolló por años en Cancún, a la vista de todos, un imperio con al menos 17 empresas irregulares (entre cuyos socios figuraron tempranamente los Álvarez Puga), con las que ayudaba a hoteleros, comerciantes y alcaldes corruptos de la región a burlar impuestos y ocultar fortunas personales. Luego incursionó como alto funcionario estatal, compró ¡32! permisos federales para establecer medios de comunicación, y su poder siguió creciendo. 

Hacia finales de 2017, bajo el gobierno Peña Nieto, su suerte pareció languidecer porque estuvo al centro de una investigación de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda acusado de lavado de dinero; fue detenido en febrero de 2018, pero el halo protector del que disfrutaba le permitió ser excarcelado un par de días después, por lo que no tardó en retomar sus actividades durante los casi tres años del gobierno López Obrador. 

 Los nexos de Vergara con Ramírez Puga ponen nuevamente bajo cuestionamiento al mandatario aliancista de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que sostuvo al primero durante 17 meses como secretario de Finanzas de su administración (2016-2018), para luego impulsarlo como candidato a diputado federal por la coalición PRD-PAN-MC cuando ya era investigado por PGR y Hacienda.  

Existen indicios de la relación entre ambos desde que el ahora gobernador Joaquín, quien dejará su puesto el próximo año, se desempeñó como alcalde del municipio de Solidaridad (que incluye la ciudad de Playa del Carmen), entre 2005 y 2008. Luego sería diputado federal, ambos cargos por el PRI, partido con el que rompió en 2016 para postularse y ganar la gubernatura bajo las siglas de PAN y PRD.  En septiembre de ese 2016, al arrancar su gestión, incluyó en su gabinete a Vergara, pese a que éste había hecho negocios con su antecesor y rival político Roberto Borge. 

Entre las explicaciones esgrimidas entonces fue también la cercanía del polémico empresario con el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a cuyo servicio Vergara puso los medios de comunicación de los que disponía y los que obtuvo en licitaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con las que armó el llamado Grupo Acustik. Moreno Valle fue insistentemente mencionado como benefactor de la campaña de Joaquín. Entre otros de sus apoyadores se ubicaba también a Miguel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación y hoy senador por el PRI.  

Apuntes: Se cumplió un mes de que Julio Scherer Ibarra dejó mediante un portazo el gobierno López Obrador. Hoy genera morbo político sobre el rumbo que imprimirá a sus actividades futuras, e incluso respecto a cuál es su paradero actual. Se le presume fuera del país, en Nueva York o en Miami. Pero fuentes confiables le atribuyen la dicha inocua de haber estado contemplando el legendario lago de Como, al norte de Italia. Y hasta allá le ha llegado el sonido de tambres de guerra que, junto con otras señales, anticipan que el cierre de la primera mitad del sexenio traerá un animado -casi desbordado- activismo.

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