La Reforma que se propone la modificación al artículo 27, fracción XV, segundo párrafo, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiende a endurecer para los contribuyentes el criterio de “tipificación” de los créditos incobrables, bajo la consigna de perseguir a los deudores hasta el final, incluso en tribunales; lo que aumentará de manera considerable el número de juicios, embargos, remates y desalojos.

Bajo el justificante de que los contribuyentes reportan con “exceso” créditos que les resultan imposibles de recuperar para deducirlos de sus impuestos, dejando con ello de “contribuir” al gasto público de manera “proporcional” y “equitativa”, aunado a que se considera que dicho argumento es una forma de que el fisco federal asuma el costo de las deudas de los clientes morosos, cuyo incumplimiento atribuyen se debe al otorgante del crédito y no al Estado.

En pocas palabras en intención del legislador, se califica de ‘mañosas’ a las empresas que han encontrado en la práctica de esta deducción una forma eficaz de evadir el pago de impuestos; y para prevenirlo, buscan una reforma a la ley, ahora para que el contribuyente lleve a cabo la “cacería” de quienes no pueden pagar.

El tema da para mucho, pero antes de discutirlo, conviene nuevamente reflexionar sobre la irracional justificación del legislador en el texto propuesto, ¿de verdad consideran que los deudores no quieren pagar porque así se les antoja?, ¿consideran que el incumplimiento de los pagos, no está relacionado con la pérdida de empleos, la disminución de los ingresos y la crisis de la pandemia que no acaba?

Cada vez me sorprende más el gobierno del bienestar; tan distante en su discurso y la realidad. Pareciera que no están de acuerdo en asumir ni uno solo de los costos que el pueblo ya ha tenido que pagar a causa de la crisis económica que vivimos. Pues ahora se pretende nuevamente castigar al contribuyente a quien se tilda de mentiroso y de obrar con ventaja al “inventar” que los clientes no quieren pagar.

¡Como si no supieran que de verdad no podemos pagar! Y que los pocos ingresos que se tienen, apenas, si alcanzan para sobrellevarla, y que solo aquellos créditos que se descuentan directamente del salario de los trabajadores y pensionados son los que no tienen riesgo de mora, pues están (mal hecho) garantizados, agarrados, del sueldo de los trabajadores.

¡Qué errónea idea de bienestar operan!, castigando aún más a quienes de por sí contribuyen al gasto público. Y que si alguien tiene que pagar las consecuencias de este mal momento sean ellos y los acreditados quienes paguen. Y, ¿cuáles han sido las medidas de apoyos, o de ayuda que han ofrecido en estos momentos de angustia para aliviar el dolor y el sufrimiento de quienes lo han perdido todo?

Ello sin considerar la ola de nuevos juicios por cobranza que darán inicio en tribunales, una vez que se apruebe dicha ley, los cobradores tendrán que contratar abogados que se encarguen de ejecutar los cobros y los demandados a su vez, tendrán que hacer lo propio para defenderse de lo injusto.

Entonces, seguramente vendrán más embargos, (en su mayoría de viviendas) que es de por sí, lo más común que se tiene como parte del patrimonio, o algunos otros bienes. Sin duda nos vienen más momentos difíciles y debemos estar preparados, pues lo que nos ha dejado la cobranza abusiva será nada, comparado con lo que es vivir y enfrentarse a procesos judiciales, en costos, tiempo, salud e incertidumbre.

Quizá poco podemos hacer, sin legisladores que verdaderamente entiendan el sentir, el dolor de un pueblo azotado por la pobreza, por el hambre y por la necesidad; quienes seguramente estarán más pendientes de seguir la “línea política” de sus bancadas e intereses de partidos para continuar en el poder; sin embargo resulta muy conveniente estar informados de lo que sucede y se cocina a nivel legislativo.

Hoy como nunca nos necesitamos todos, informados y activos en la lucha social por la defensa de nuestro patrimonio y dignidad ¡Viva México!

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