Cartagena. – En su cita semestral para revisar el estado de la libertad de expresión en el continente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó aquí que México ofrece uno de los panoramas más ominosos que se hayan conocido en los casi 75 años de vida que acumula esa institución.

En esta ciudad de Colombia, que sufrió durante décadas el imperio del crimen organizado con una alta cuota de periodistas asesinados, se tomó nota de la incompetencia del gobierno mexicano para frenar una ola de atentados contra informadores y medios de comunicación, que solo en cuatro meses (los mismos que acumula la administración López Obrador) trajo la muerte de seis diaristas, la mayor cifra en el mismo periodo en cualquier nación del hemisferio, de acuerdo con los registros de la SIP.

Ningún otro país del continente, ni en la Venezuela en virtual guerra civil, ni en las dictaduras de Nicaragua y Cuba, hubo en este lapso integrantes del gremio victimados. Fuera de México, solo hubo un caso, en Honduras, que sufre los mayores niveles de violencia en toda la región.

Por primera ocasión en estos 75 años, la prensa de México reportó aquí que uno presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, ha optado por insultar cotidianamente a los profesionales del sector y a las empresas en donde laboran. Eso incluyó al mandatario mexicano en un cada vez más reducido y deteriorado club, que incluye al venezolano Nicolás Maduro, al nicaragüense Daniel Ortega, al brasileño Jair Bolsonaro… y al estadounidense Donald Trump.

Los informes presentados sobre este patrón de conducta dan cuenta de que este tipo de discurso social ha polarizado aun más a las respectivas sociedades y disparado el número de incidentes públicos en contra de periodistas.

El reporte sobre México dio cuenta del escueto diagnóstico presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, establecido en 2005, en las postrimerías del gobierno de Vicente Fox, copia fiel del organismo existente en Colombia, mucho más complejo y menos caro. Tras casi 15 años de funcionar, la versión mexicana es básicamente un desastre.

Encinas anunció que el mecanismo dejará de apoyarse en la empresa privada que otorgaba las medidas de protección determinadas y que las mismas serán extendidas por policías federales, estatales o por miembros del Ejército, justo las tres instancias que a lo largo de estos tres lustros se han negado a hacerlo con los más variados pretextos.

El funcionario mexicano acertó cuando dijo que el modelo mexicano no funcionará sin mayor compromiso por parte de las empresas de comunicación. Y dejó traslucir otro flanco débil: el mayor número de periodistas protegidos vive en la capital del país, no en las regiones en donde el oficio periodístico se ejerce con mayores riesgos. Eso habla de egos robustos en el gremio capitalino y de protocolos laxos sobre a quién se le otorga protección y de qué tipo debe ser ésta.

Cientos de periodistas reunidos aquí a convocatoria de la SIP también tomaron nota de que el gobierno de México no muestra entender que los presupuestos públicos destinados a pagar publicidad en medios de comunicación deben estar sujetos a máxima transparencia con criterios que no privilegien a medios dóciles ni castiguen a los críticos. De lo que se enteraron fue de criterios anunciados por voceros gubernamentales que, ignorantes de las mejores prácticas internacionales en este campo, han declarado estar inclinados por usar criterios discrecionales, ora dicen que será para quienes practiquen periodismo de investigación, ora según credibilidad, ora por innovación tecnológica.

Lo peor es que todo este panorama solo parece anticipar una más oscura noche para los medios de comunicación mexicanos. Un sector de suyo afectado por el mayor declive que hayan conocido en su historia.

Apuntes: Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal por Morena que preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha explicado a sus compañeros la exasperación que producen los muy limitados ingresos del Estado, incapaces de alentar en realidad diminución de las desigualdades sociales en el país. “Sólo estamos repartiendo miseria”, repite con frecuencia. Por eso propone una amplia discusión del Plan Nacional de Desarrollo para transformar el diseño del sistema fiscal y las atribuciones en este campo del Congreso. Quizá el país debe prepararse para una convulsión que hará palidecer otras acciones ya emprendidas por la administración López Obrador. ([email protected]).