El sector salud, muy notablemente Cofepris (del que dependen todo tipo de licencias en este campo) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se presentó ante la llegada del nuevo gobierno como un terreno minado por enormes negocios entre ex funcionarios y compañías proveedoras.

Ello está presionando al presidente López Obrador a dar un manotazo en la mesa ante la montaña de evidencias de una montaña de corrupción que parece tener vasos comunicantes con actores de primer nivel durante la administración Peña Nieto.

Según se han confiado a este espacio, Germán Martínez, director del IMSS, ha alertado y a López Obrador, entre otras, sobre una de las cabezas principales de esta hidra: la poderosa mafia que controla el mercado de los bancos de sangre (equipos de hemodiálisis, análisis clínicos, aditamentos y un largo etcétera), la cual domina a pequeños productores, infla precios a su voluntad y exhibe una enorme capacidad de cooptación en adquisiciones públicas, lo mismo en el gobierno federal que en estados y otras instancias. Su bolsa de contratos supera con facilidad los 20 mil millones de pesos anualmente.

Pese al conocimiento que existe ya en el gobierno sobre el problema, esta especie de cártel de la sangre, conocido en la industria como las integradoras, participa actualmente en una multimillonaria licitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde según se dijo a este columnista, en el pasado reciente altos mandos militares les facilitaron acuerdos sumamente rentables.

Media decena de compañías, que subrepticiamente han creado empresas aliadas para simular competencia en las licitaciones, aparecen con variados nombres en concursos por todo el país, en procesos en los que las más grandes, encabezadas por la corporación Falcón, ejercen de árbitro para ir asignando contratos hacia las más pequeñas, entre las que destacan Dicipa, Abalat, Centrum (una de las favoritas en el sector militar), Giamar y Hi-Tec Medical.

Las mismas fuentes dijeron que estos grupos rentan equipos como nuevos pero que en realidad son reciclados, a los que  únicamente les cambian el número de serie. Voceros gubernamentales alegan que sería prácticamente imposible adquirir de pequeños productores artículos individuales como sondas o estudios de laboratorio, por lo que aceptan caer en manos de este virtual monopolio.

Se refirió el caso del gobierno de Veracruz, que encabeza el gobernador de Morena Cuitláhuac García, el cual ha inducido a su sistema de salud a un colapso al entregar en exclusiva a esta mafia los servicios correspondientes.

Esto parece ser apenas un asomo de la herencia envenenada que dejó el gobierno Peña Nieto en el sector.

En las últimas semanas de la anterior administración, el IMSS emprendió la llamada compra consolidada de medicamentos, por decenas de miles de millones de pesos, de lo que resultaron beneficiados grupos que están despertando suspicacias en el nuevo gobierno.

Ello se agudiza porque ex funcionarios en este ámbito han empezado a ejercer como consultores y cabilderos de laboratorios farmaceúticos y toda una amplia gama de proveedores médicos.

Algunos de los anteriores funcionarios señalados pertenecieron al círculo cercano de Mikel Arriola, primero titular de la Cofepris y luego director del IMSS, del que se retiró para emprender una campaña en busca de la jefatura de Gobierno  de la ciudad de México. Con este inopinado afán, Arriola buscó apoyar las aspiraciones presidenciales de su amigo y aliado político José Antonio Meade, derrotado en los comicios de 2018.

Sin presentar impugnaciones a este proceso, el sector salud, que encabeza el secretario Jorge Alcocer pero donde cuenta con una enorme influencia el citado Germán Martínez, anunció una singular nueva etapa de la compra consolidada de medicamentos a nivel nacional.

Así lo dio a conocer el propio Alcocer Varela el viernes pasado durante una reunión en la capital del país a la que convocó a los secretarios de Salud de todos los estados, que regresaron a sus entidades más confundidos de como habían llegado.

Apuntes: Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, es un político controvertido aun dentro del equipo López Obrador, donde se le describe concentrado en su propio proyecto para el 2024. Pero en la negociación de la Guardia Nacional, aprobada en forma unánime, el zacatecano lució destrezas políticas. Con ello exhibió las limitaciones de otros equipos, como el de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que apenas pudo tender puentes con un puñado de gobernadores del PRI que ya habían dado su brazo a torcer. O Mario Delgado, el coordinador morenista en San Lázaro, que debió hacerse del cascajo del PRD, a un costo no revelado, para sacar adelante una votación menor. ([email protected])