Será necesario que contemos con la perspectiva que solo permite el tiempo para entender en qué medida y con cuál costo político se entiende la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, como una herencia tardía del gobierno Peña Nieto y de algunos gobernadores, de variados partidos, que deben asumir responsabilidad sobre el desmesurado crecimiento del robo de gasolina en el país.

La impunidad de este negocio, que cayó desde hace años en manos del crimen organizado, se nutrió de la incompetencia cómplice de autoridades en todos los niveles, lo que incluye, como se sabe ya, a funcionarios de Petróleos Mexicanos y a dirigentes del sindicato petrolero, que encabeza Carlos Romero Deschamps.

Nadie puede saber cómo quedará registrada la historia del mayor drama que haya vivido el país en este tipo de acontecimientos, pero una larga lista de hombres públicos merecen aparecer como causantes directos, por acción o por omisión.

A quienes revisen estos sucesos en el futuro mediato les parecerá inconcebible que no existieran, o no se aplicaran, protocolos en agrupaciones policiales, de la Policía Federal o de fuerzas militares, para evitar la presencia de multitudes, niños incluidos, frente a una gigantesca fuga de combustible que en cualquier momento podía provocar un holocausto.

El relato final deberá incluir, por supuesto, que el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, había emprendido apenas semanas antes, una estrategia para frenar la locura criminal, que fue bautizada como huachicol, y que entre sus facetas más dramáticas incluyó la construcción de una base social de cientos de poblados, con decenas millares de habitantes, al servicio de los traficantes de combustibles.

El lugar que le corresponderá a la administración López Obrador estará determinado por el resultado de su cruzada. Si alcanza a frenar esta catástrofe del estado de derecho, ameritará el reconocimiento en la Historia, con mayúsculas, que tanto parece inquietarle desde hace décadas. Si fracasa o, peor, si se embarca en una simulación como lo hicieron sus antecesores (al menos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), el juicio en su contra será severo.

Esto es lo que ha comenzado a ocurrir con el gobierno de Hidalgo, que encabeza Omar Fayad, un hombre preocupado en hacer público su compromiso con la seguridad y su experiencia personal en este campo, al haber acompañado a finales de los años 90, como funcionario federal en la Secretaría de Gobernación bajo la conducción de Francisco Labastida Ochoa, los primeros pasos para crear una Policía Federal.

Todas esas credenciales de poco le sirvieron para tomar al menos algunas de las diversas acciones que pudieron haber estado al alcance de su mano para impedir esta tragedia que marcará por siempre su administración y el nombre de Hidalgo.

En su descargo, podría decirse que en los últimos 10 años una legión de gobernadores nutrió una galería de irresponsables e incapaces frente a este fenómeno criminal y social, con el cómodo argumento de que se trata de un asuntos de competencia federal. Pero fue a Fayad a quien este drama le estalló en el rostro, literalmente.

Oficialmente se informó que el gobierno hidalguense tuvo conocimiento de la fuga dos horas antes de que se produjera la explosión que calcinó una enorme área donde hombres, mujeres y niños fueron convertidos en teas humanas. La cifra final de muertos podría acabar acercándose a 100, a las que sumarán decenas de heridos cuya vida nunca volverá  a ser igual.

¿Cómo se argumentará en el futuro que cientos de pobladores corrieron junto a la columna de combustible que escupía un ducto perforado, mientras militares y policías estatales les hacían amables llamados a alejarse? ¿Cuáles habrán sido los esfuerzos del gobierno Fayad para desactivar la base social cultivada por criminales en la zona por este delito? ¿ Por qué semejante incompetencia colectiva?

¿Cómo explicar lo inexplicable?

Apuntes: Existe inquietud en sectores empresariales y en organismos civiles, ligados al sector eléctrico, ante una creciente simbiosis que parece haber entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Manuel Bartlett, y el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana, político de Morena con amplios intereses en explotaciones mineras de carbón en el noreste del país. El senador por Coahuila desde desde noviembre pasado que habría un relanzamiento de la generación de electricidad a partir del carbón, que es notablemente más contaminante y lesiva para la salud de comunidades enteras. En esa misma oportunidad, el legislador desdeñó las energías renovables o más limpias, como la geotermia, la eólica o la basada en hidroeléctricas. El tiempo está confirmando su anuncio, pues el presupuesto 2019 de la CFE prevé invertir casi 10,500 millones de pesos para renovar plantas carboníferas, y apenas 980 y 341, respectivamente, en instalaciones geotérmicas e hidroeléctricas. Guadiana Tijerina, también integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, ha anunciado igualmente en la cámara alta que “pondrá orden¨ para evitar que sea aprobada una propuesta de reforma presentada por la también senadora Angélica García, de su propia bancada, quien busca que los proyectos mineros respeten derechos de las comunidades en donde sean emprendidos. ([email protected])