Si bien ya resulta ocioso enfatizar el incumplimiento de la promesa de campaña de resolver el problema de la inseguridad en Veracruz en seis meses, en lo que sí hay que insistir es en que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares haga algo efectivo para detener la violencia que azota a todo el territorio del estado.

Aunque los datos no les gusten, la realidad es una: de acuerdo con el informe “Incidencia delictiva del fuero común 2017”, realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación –organismo que alguna vez fue encabezado por el propio Miguel Ángel Yunes Linares, durante el sexenio de Vicente Fox-, Veracruz ocupa el deshonroso primer lugar nacional en secuestros, en el periodo comprendido de enero a septiembre de este año.

Según los datos dados a conocer la semana pasada, en ese lapso se sumaron 133 denuncias por privación ilegal de la libertad en la entidad, por encima de los estados de México, Tamaulipas y Tabasco. Y hay que puntualizar que se trata de delitos denunciados. Los que no se registran seguramente harían el volumen de secuestros cometidos mucho más escandaloso.

El mismo informe establece que tan solo en el mes de septiembre los delitos del fuero común en Veracruz aumentaron 10.4 por ciento, con tres mil 912 denuncias por ilícitos de este tipo solamente en el mes citado. Esta información se recaba a través de lo que la propia Fiscalía General del Estado le reporta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como queda evidenciado, la inseguridad que asuela a los veracruzanos no se circunscribe a los enfrentamientos entre bandas criminales, como las administraciones estatales, la anterior y la actual, han pregonado para evadir su responsabilidad en el combate a la criminalidad. Estamos hablando de delitos del fuero común, que afectan a la población de a pie, que en varias ciudades ya no quiere ni salir a la calle, lo cual, en consecuencia, repercute negativamente en la vida económica y conforma un círculo vicioso interminable y sumamente dañino.

Al gobernador Miguel Ángel Yunes no le ha quedado de otra que admitir que su administración no ha podido resolver el problema de la inseguridad, por razones “diversas” a las que no quiso referirse directamente este domingo, durante la presentación del Sistema Estatal de Videovigilancia, que implicará la instalación de seis mil 476 cámaras en seis regiones de la entidad veracruzana.

Si bien es cierto que la medida resulta adecuada, no es en absoluto suficiente. Menos aún, en el contexto de la retirada de la Policía Naval de las labores de vigilancia y seguridad pública en el estado, toda vez que el convenio signado por la Secretaría de Marina con el gobierno estatal expira en 2018, lo que complicará aún más la contención de la oleada criminal en cualquiera de sus órdenes, común o del fuero federal.

Lo que es urgente es una depuración de los cuerpos de seguridad pública del estado, que siguen prácticamente igual como los entregó el anterior gobierno. Las cámaras ayudarán a detectar delitos en flagrancia, sin duda. Pero si los encargados de operarlas son los mismos que los cometen, pues el mal chiste se cuenta solo.

Asimismo, es menester que se refuerce la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a la delincuencia y que cada quién asuma sus responsabilidades. A Veracruz no le basta con soluciones mínimas al fenómeno de la inseguridad y la criminalidad. Y no es posible que se diga que detener los enfrentamientos entre bandas criminales no es prioridad ni competencia del gobierno.

¿Entonces para qué están ahí? ¿Para qué querían el poder?

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