Torcido y mañoso, Fisculín procuraba justicia a su modo, con el engaño y la mentira, desdeñando a los desaparecidos, ocultando cifras y prolongando el dolor de los que no paran de rascar en la tierra y buscar en las morgues.

Fisculín —Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal del duartismo— siempre mintió. Se guardaba datos y expedientes, la evidencia de que a Veracruz lo azotaba un huracán de violencia y la práctica sin control del levantón, el secuestro, la desaparición de miles por los que hoy todos levantan la voz.

Ser figurín de aspecto pulcro, pestañas con curva, traje impecable, el hablar sonoro, el éxito constante, la ley y siempre la ley, suena a fraude. Y lo fue.

Nunca fue brillante y en sus días de litigante ganó fama de marrullero, sin escrúpulos para infamar.

Encarcelar mujeres para obtener una confesión, no da moral.

Pactar con jueces para librar de la cárcel a rufianes de peligro, malosos de lo peor, no revela ética.

Toda una vergüenza litigar así, apelando a lo indecente. Caer en sus manos era ir al infierno, enfrentando a Luis Ángel Bravo y a jueces parciales, vendidos.

Fue Fisculín el procurador de Javier Duarte y luego su fiscal, el que acomodaba las piezas para engañar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocultando las cifras reales del levantón que llevó a Veracruz a un estado de barbarie, la muerte acechando y marcando la suerte de miles —sí, miles— que nunca habrán de aparecer.

Su engaño, hoy, está a la vista. Lo evidencian los Colectivos que no cesan en su labor por encontrar a los que no volvieron a ver, las madres y los hermanos, los padres y las hijas, el amigo y aquel que se suma a la lucha por hallar la verdad.

Qué vil fue este engendro. Luis Ángel Bravo despreciaba el reclamo, el derecho de los familiares y de Veracruz en general a saber quiénes y cuántos son los que hoy suelen ser llamados desaparecidos o no localizados.

Lo desnudan los colectivos, Solecito o por la Paz, las madres de Orizaba, las de Coatzacoalcos, esta masa de valientes que ruega por hallar a los suyos y que no cesa en remover la tierra, seguir sus instintos, atender las pistas, las filtraciones de información para hallar los indicios, lo que sea para dar con sus desaparecidos.

Se fue Fisculín cuando el yunismo apretó. Lo echó de la Fiscalía General que Javier Duarte le reservó por nueve años, renunciando al cargo sin patalear ni reclamar su derecho. Hay versiones de prensa que atribuyen su salida a una negociación, a un pacto de impunidad.

Hábil para mentir, Luis Ángel Bravo no pudo mantener su embuste en torno a los desaparecidos de Veracruz.

Se fue diciendo que eran 524 y así lo registró el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy se sabe que son 3 mil 600.

Ante su juego sucio, no cesan en su presión los colectivos de familiares de desaparecidos, emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación y el caso cimbra las estructuras del duartismo, dejando a flote la trama de los alcances siniestros del crimen organizado, las familias mutiladas, el dolor que nace de la angustia, el temor al desenlace fatal.

Parcialmente cumplida, la recomendación CNDH/1/2016/204/Q/VG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos orilló al fiscal actual, Jorge Winckler Ortiz a revelar la cifra de desaparecidos de 2005 a 2016, los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Un caso, el de los cinco jóvenes de Playa Vicente que al retornar de un viaje al puerto de Veracruz, fueron levantados en Tierra Blanca por una patrulla de la Policía Estatal, entregados al crimen organizado y desaparecidos —sólo se logró identificar un cuerpo—, provocó la pesquisa judicial que esclareció que Fisculín había mentido.

Winckler lo relevó en la Fiscalía. En enero de 2017 soltó la primera cifra: 2 mil 400 denuncias por desaparición. Pero el 17 de agosto se aceptó oficialmente que se trata de 3 mil 600 casos.

Creció la cifra en mil 200 casos y en un principio fueron atribuidos al período del actual gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Aclaró la Fiscalía que las 3 mil 600 denuncias correspondían a los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, únicamente.

“Al término de dicha revisión exhaustiva, se detectó que en realidad, son 3,600 personas denunciadas como desaparecidas, que constituye el número real de casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado en el periodo 2006-2016”.

Fisculín mintió.

Su mayor crítica, su víctima, Maryjose Gamboa Torales, diputada por el PAN, refiere que a decir del fiscal especializados en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, Luis Ángel Bravo “omitió casos y ni siquiera dejó documentación”.

A más de 3 mil víctimas no las buscaban porque no las dieron por desaparecidas. Así de infame.

Winckler, por su parte, se remite al Registro Público de Personas Desaparecidas (REPUPEDES). Se revisaron las bases de datos “detectando que existían al menos 2 mil 400 personas desaparecidas registradas”.

Y revela que la omisión de Fisculín fue dolosa.

“A pesar de contar con los registros en sus bases de datos —apunta—, mil 876 casos nunca fueron reportados al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI)”.

Se realizó una revisión de los expedientes en todas las áreas de la Fiscalía a lo largo de toda la entidad.

“Al término de dicha revisión exhaustiva, se detectaron que en realidad que son 3 mil 600 personas denunciadas como desaparecidas, que por lo tanto, constituyen el número real de casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado en el periodo 2006-2016.

“3 mil 74 personas (desaparecidas) que no eran reconocidas por el Gobierno anterior, a pesar de contar con denuncias”.

¿Y las denuncias por desaparecidos durante los nueve meses del gobierno yunista?

Winckler no las suelta.

Lo increpan los colectivos. Lo enfrenta, una vez más, Lucy Díaz de Henao, coordinadora y vocera de Colectivo Solecito:

“En dos ocasiones se han solicitado las cifras de desapariciones en este Gobierno de Yunes Linares y en dos ocasiones se negaron a darlas”.

Para los colectivos en el período yunista hay registro de mil desapariciones más, fuera de control la violencia, la operación de los cárteles, la impunidad de los malosos pese a los golpes que le ha propinado el gobierno de Miguel Ángel Yunes, acosado por la exigencia social de terminar la inseguridad.

Winckler es repelente a los colectivos. No los atiende y cuando lo hace, revienta. Lo confrontan, le exigen y se cierra.

Presume logros, la identificación de unas cuantas víctimas, mientras en las fosas clandestinas yacen restos y más restos humanos. Sólo en Colinas de Santa Fe, junto al área portuaria de Veracruz, los colectivos hallaron 260 cráneos y 13 mil restos óseos.

Ahí, Luis Ángel Bravo fue omiso y mal intencionado. Se negaba a permitir la acción legal, escarbar en la tierra. Y ahí, rebasándolo, tomando el control del lugar, los colectivos hallaron los restos que el fiscal del duartismo se negaba a buscar.

Hoy está al desnudo. Ocultó cifras. Le mintió al Sistema Nacional de Seguridad. Tergiversó información oficial. Faltó a la verdad.

Mínimo debe ser enjuiciado. Hay incumplimiento del deber legal. Hay complicidad con las mentes criminales que cercenan a sus víctimas, que los desaparecen de la faz de la tierra.

Mínimo Yunes y su fiscal deben actuar.

Archivo muerto

Cerrojazo de Dante Delgado al Peje. No va con el líder de Morena a la elección presidencial. Ni con AMLO “ni con nadie”. Y aduce el dueño de Movimiento Ciudadano que con lo que tiene su partido, el 7 por ciento de la intención de voto, puede convocar a otras fuerzas políticas y contender por la presidencia de México. Y, por supuesto, por el Congreso federal, desde donde se acota al jefe del Ejecutivo, donde se realiza el contrapeso al poder. Desdeña Dante al Peje, su aliado hasta que a López Obrador se le ocurrió llamar parejo que fuera de Morena, todos son paleros del PRI y parte de la mafia en el poder. Lo refuta el ex gobernador de Veracruz: “La arena política siempre ha tenido sus asegunes y creo que el hecho de que él (López Obrador) abandere las causas de tantos años, a veces hace que tome acciones discursivas. Lo que no hemos aceptado y no nos parece correcto es que frente a su confrontación política quiera meter a Movimiento Ciudadano, porque nosotros nunca hemos utilizado una sola palabra de descalificación hacia Andrés. Entre otras razones, porque fue nuestro candidato”. Movimiento Ciudadano, dice Dante, va por una candidatura ciudadana y de no lograrse, con candidato propio. Pero del Peje deja claro: “Hay que borrar a los que siempre traen las encuestas. Las encuestas miden a los mismos, preguntan a los mismos y orientan todo a los mismos”. O sea que para los pejefans, este arroz, el de MC-Morena ya se jodió. Y la candidatura al gobierno de Veracruz, que venía construyendo Marcelo Ebrard desde Estados Unidos, no será para Dante Delgado sino para Cuitláhuac García o Rocío Nahle, que sin la ayuda de Javier Duarte, como ocurrió en la elección de 2016, ni soñando van a ganar. Ahí la liga: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/movimiento-ciudadano-no-va-con-amlo-dante-delgado… Se le pone la carne de gallina al Cisne, que ve llegarle el desafuero, la lumbre a los aparejos por las empresas fantasma, las que cobraban en Sedesol cuando Alberto Silva era su titular y las que aparecen entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Veracruz cuando el vocerillo de Javier Duarte despachaba ahí. Se cimbra el Pato de Tuxpan sólo de saber que por los pagos ahí autorizados puede perder la inmunidad de diputado federal y parar en prisión. Suelta, pues, lo que tiene de traidor. Un documento, difundido por el portal Animal Político, bajo la firma de su reportero estrella, Arturo Ángel, muestra que los cisnes también ladran. Su versión ante la Fiscalía de Veracruz detalla que en sus días de vocero no autorizó pago a las empresas fantasma, con las que Javier Duarte perpetró el saqueo. Lo hicieron María Gina Domínguez Colío, su antecesora en el cargo, y el ex tesorero, Antonio Tarek Abdalá Saad, su compañero de bancada en la diputación federal veracruzana, al que se le acusa de concentrar recursos y desviar 23 mil millones de pesos. Y así se irán delatando los cómplices de Javier Duarte, el ladrón de la década… Ladrón de elecciones, Mario Molina ya está en prisión. Cayó el operador de Oportunidades, ligado a la banda de Javier Duarte y Salvador Manzur Díaz, que se apropió de los programas sociales federales, en 2013, para manipular a los beneficiarios a votar por el PRI. Mario Molina es exhibido en el video “Ladrones de Elecciones”, siendo prueba para su aprehensión a solicitud de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales. Es pieza clave en el entramado de corrupción. Antes, el 2010, Fidel Herrera orquestó un operativo similar, denominado G-5, apropiándose de los padrones de beneficiarios y los recursos, para imponer a Javier Duarte como gobernador. Desde entonces esto apestaba ya… Pela a Edel Álvarez, una vez más. Acusa la magistrada Concepción Flores Saviaga que en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz priva la improvisación, jueces a modo de su titular, el citado Edel. Es la razón —señala la magistrada— por el que el sistema de justicia penal, así como el laboral y de lo familiar, “se ha visto dañado en perjuicio de los ciudadanos”. Son jueces que llegan con Edel Álvarez Peña, “que no cumplen con los requisitos”. Son jueces sin perfil ni experiencia. Refiere la magistrada Flores Saviaga que será el Congreso de Veracruz el que realice una revisión de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en lo futuro se tenga mayor control en la designación de jueces. Caótica, la justicia veracruzana la imparten mercenarios, amigos de sobrada voracidad, jueces que desconocen el procedimiento para asignar una pensión a menores, o que facilitan la libertad a malosos de alta peligrosidad. Hay por lo menos un magistrado de mala fama, cuyos familiares se hablan de tú con el crimen organizado, se ve con los malosos, convive con ellos… De poco le sirvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Eva Cadena. Penden sobre la diputada local, separada del cargo hasta que su caso concluya, amenazas y agresiones, un allanamiento y la embestida de Morena. Todo por sacudir al medio político cuando se le ve recibir dinero para las campañas del pejepartido y una suma millonaria para Andrés Manuel López Obrador, que Eva Cadena sostiene que devolvió. Sin valor legal, mutilados y editados, los videos fueron desechados por el instituto Nacional Electoral por ser “pruebas ilícitas”. Y así habrá de ocurrir con los litigios que enfrenta la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas. Legalmente, Eva Cadena va derrotando a Rocío Nahle, la coordinadora de Morena en el Congreso federal, que la acusa con más grito que seso. No cesan, en cambio, la amenaza y la intimidación. Ahora fue la que sufrieron sus trabajadores, encañonados por dos matones que dejaron el mensaje: si Eva Cadena regresa “vamos a darle en la madre”. Dice Eva Cadena que ante la inacción de la CNDH acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí sí le pesará a Morena y al propio presidente Peña Nieto… ¿Cuál es ese bufete de abogados, ligado a Fidel Herrera y Javier Duarte, que trabajó y trabaja para Odebrecht y su brazo operativo en Etileno XXI, que litiga con trampas y maniobras, como es su sello, traficando influencias, torciendo la ley? Hay una pista: la mano de Tony Macías y del líder petrolero que le consiguió el contrato…

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