De 1993 a la fecha México ha sufrido un incremento exponencial de delitos, especialmente los violentos, las autoridades se han visto rebasadas y desbordadas, por lo que la única solución a la que llegaron fue aumentar las penas, sobresaturar los reclusorios en un 400% y llamar al Ejército para que haga frente a la delincuencia.

Todo ello de forma improvisada, el resultado ha sido el crecimiento galopante de la impunidad, hasta llegar a una tasa de 98%, en los delitos que más laceran a la sociedad.

La arbitrariedad, la corrupción y la presunción de culpabilidad provocó que muchas voces se elevaran para protestar por la nugatoria presunción de inocencia consignada en la Constitución.

La realidad llegó a excesos con los linchamientos populares de probables responsables y la creación de grupos de autodefensas. Adicionalmente el gobierno sentenció a inocentes, algunos de los cuales lograron obtener su libertad pese a la politización de los casos.

El sistema había tocado fondo, la corrupción y las actuaciones de los funcionarios judiciales más interesados en revisar burocráticamente los casos, en vez de estudiarlos y resolverlos, generaba verdades jurídicas y no reales.

Ante todos esos defectos de injusticia patente, muchas voces pidieron un cambio en el sistema de forma que se garantizara el respeto a los derechos humanos, en un sistema penal garantista, acusatorio y adversarial, donde prevaleciera la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de los imputados y de las víctimas.

Para eso se ha dotado de facultades a los jueces de control y a los fiscales a fin de que establezcan medidas cautelares que frente a la peligrosidad o riesgo de las víctimas decreten la prisión preventiva o de manera oficiosa cuando existan elementos que indiquen al juez la peligrosidad del imputado.

Desgraciadamente, en la actualidad se han suscitado hechos que asombran a la población, pues imputados acusados de delitos muy graves, como asesinatos de policías federales, robo de combustible, secuestros o introducción clandestina de armamento a nuestro país, han obtenido su libertad.

Los fiscales y políticos culpan a los jueces y los jueces a los primeros, ¿Quién tiene la razón? La evidencia indica que los fiscales y los policías no se encuentran preparados ni capacitados para recoger y ofrecer los indicios, pruebas y evidencias que deban presentar ante el juez, ni los argumentos necesarios para que el órgano judicial decrete las providencias precautorias necesarias para el caso.

Solo en 15 casos la Constitución, hoy convertida en Código Penal, por la redacción del artículo 19, establece las conductas por las que oficiosamente el juez debe decretar la prisión preventiva; frente a esta realidad está claro que los gobernadores no han cumplido con su obligación de formar y desarrollar recursos humanos para la implementación de este sistema y que los políticos indiferentes ante el sufrimiento y riesgo de la población han pretendido reformar el sistema para que los jueces actúen como si el proceso se resolviera conforme al sistema anterior. Todo un retroceso.

Todos los funcionarios estatales y federales se identifican por la cauda de escoltas y blindajes que ellos y sus familias disfrutan, mismos que, usted y yo querido lector, pagamos con nuestros impuestos.

El sistema no está mal, lo que falla es su aplicación, de tal suerte que no bastará con desarrollar recursos humanos si el Estado no pone en práctica medidas preventivas del delito, la mayoría de carácter económico y social, las cuales combinadas con este nuevo sistema de justicia, inhiban la comisión de más ilícitos, el reto es vencer la impunidad como el principal factor detonante delictivo, ya que, como bien sabemos, delito que queda impune, se repite.

Notario público, ex procurador general de la República