Desde su concepción, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha sido más que un intento –hasta ahora, completamente fallido- del Gobierno Federal por lavarse la cara ante los escándalos que han envuelto a la administración de Enrique Peña Nieto por ese mismo motivo.

Aunque guarda aspectos muy rescatables, como la integración de su Comité de Participación Ciudadana, en el que fueron incluidos ciudadanos con prestigio y solvencia ética, en los hechos, el proceso ha sido tortuoso, en muchos casos más cercano a la mera simulación y, por si fuera poco, usado como un instrumento de presión política.

Baste decir que esta semana fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, máximo órgano de todo el entramado jurídico que lo constituye, sin que esté completo siquiera.

En el Senado no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción, que será la cabeza de todo el SNA, proceso que ya lleva un retraso de dos años y cuya responsabilidad recae en primera instancia en la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara alta, que preside ni más ni menos que Héctor Yunes Landa, ex candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.

Tampoco se ha nombrado a los tres magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya función será juzgar a los servidores públicos del ámbito federal que incurran en actos de corrupción, y que ya deberían haber sido propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.

Y resulta que el Comité de Coordinación del SNA es fundamental para que todo el Sistema funcione. Además de ser su máximo órgano, en su ámbito de competencia recae el diseño y ejecución de las políticas de prevención y de seguimiento y castigo a los actos de corrupción. Además, ahí confluyen todas las instituciones que participarán en el SNA. Pues bien, nació incompleto, y sin fecha precisa para que esa falencia sea subsanada.

Si en el ámbito federal estamos mal, en las entidades federativas la situación es mucho peor. De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad, a tres meses de que se venza el plazo para que los estados de la República cuenten con sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción, que completan el entramado jurídico del SNA, únicamente tres –Chiapas, Nayarit y Puebla- cuentan con una ley “satisfactoria” que les permita continuar con el proceso.

Como se podrá imaginar, Veracruz se encuentra entre las entidades que no han cumplido. El  Semáforo Anticorrupción del Imco ubica al estado entre los que no cuentan siquiera con una reforma constitucional satisfactoria, y en consecuencia, carece de una Ley del Sistema Local. Es más, el Imco reporta que ni siquiera se ha presentado una iniciativa para legislar al respecto.

No hay que olvidar que el año pasado, luego de que el PRI perdiera la elección en Veracruz, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa pretendió crearse un “sistema anticorrupción” a modo que, descaradamente, cubriera sus inmensas corruptelas. Tuvo que entrar la PGR demandando la inconstitucionalidad de esas medidas para pararlo en seco.

Pero el nuevo régimen tampoco ha avanzado en el tema. En el Congreso del Estado, los diputados de la LXIV Legislatura están más ocupados en sus agendas políticas particulares, en protagonismos ridículos y estériles, y en procurarse impunidad a cambio de negociaciones inconfesables e inaceptables, que en hacer el trabajo por el que se les paga, y bien.

A este paso, el SNA irá directo al fracaso, condenado a ser una más de las simulaciones con las que los políticos creen que nos engañan, los ciudadanos hacemos como que les creemos, mientras al país, se lo lleva la chingada.

Asueto

Esta columna y su autor se tomarán unos días de descanso por el periodo vacacional, para regresar a su publicación el próximo 18 de abril. A sus lectores y editores, muchas gracias.

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