El asesinato del periodista Ricardo Monluí Cabrera el pasado domingo constituye un punto de quiebre para el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Si algo minó ante la opinión pública la imagen de la anterior administración, la de Javier Duarte de Ochoa –al menos, antes de que se revelaran los monumentales desfalcos al erario que ordenó el hoy prófugo-, fue el clima de violencia contra los  periodistas, que provocó que una veintena fueran asesinados durante ese infame sexenio.

El inicio de la cuenta de reporteros asesinados en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares es uno más de los signos de que muy poco o casi nada ha cambiado en Veracruz con el advenimiento del nuevo gobierno.

La actividad periodística sigue ejerciéndose en el estado prácticamente en las mismas condiciones de vulnerabilidad y ausencia de garantías. El homicidio a sangre fría de Monluí Cabrera, frente a su familia, así lo comprueba.

Sin duda que habrá que reconocer que el gobernador Yunes Linares dio la cara el mismo día del crimen, visitó a la familia, y hasta donde se sabe, no se ha emprendido desde el gobierno una campaña de desprestigio contra el columnista asesinado, como era común en el régimen duartista para culpar a los periodistas de sus propias muertes y así la autoridad pudiera lavarse las manos y no investigar ni hacer nada.

Es bueno que hayan cambiado las formas, pero no es suficiente. Como no lo han sido los esfuerzos por detener la violencia generalizada de norte a sur del estado. Quizás sólo era cuestión de tiempo para que esa violencia, que se ha vuelto endémica en Veracruz, tocara a un integrante del gremio periodístico. Es difícil establecerlo. El hecho es que la muerte se ha hecho presente de nuevo, de una manera brutal.

Las agresiones sistemáticas contra periodistas, inadmisibles y duramente criticadas durante el régimen duartista, no pueden ser justificadas en el actual gobierno bajo pretextos pueriles, como que el bienio apenas está empezando o que son parte de una estrategia de oscuros y difusos emisarios del pasado para desestabilizar a la administración estatal. Son ataques contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. No hay diferencia.

La diferencia debe marcarla el propio gobierno, que hasta ahora no ha logrado establecer los cambios que prometió en campaña, particularmente en el rubro de la seguridad, donde cada vez es más evidente que quienes fueron colocados al frente de esa responsabilidad no dan el ancho ni cuentan con la capacidad para soportar los embates de la delincuencia.

Por lo que respecta a las amenazas y agresiones al ejercicio periodístico, la postura de quien esto escribe es la misma que en el pasado reciente: el gobierno estatal está obligado a ofrecer garantías y a respetar el derecho a la información y la libertad de expresión, aunque no le sea favorable. Incluso, hasta cuando sea mezquina e interesada.

Nadie dijo que fuera una tarea fácil. Pero es ésa su responsabilidad. Por eso votaron los veracruzanos. Muchos periodistas incluidos. No podemos reproducir el mismo horror nuevamente.

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