La respuesta de los grupos del crimen organizado que operan en el estado de Veracruz a los operativos de las autoridades estatales y federales encargadas de la seguridad pública ha sido extremadamente sangrienta y violenta.

El mismo día que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvo en la ciudad de Córdoba la semana pasada para oficializar la llegada de la Gendarmería Nacional a la entidad, se registró el macabro abandono en Boca del Río de una camioneta con once cadáveres con signos de tortura y un mensaje en el que, literalmente, los delincuentes declaraban la guerra.

Y la guerra están haciendo. Con tremenda temeridad, un grupo armado de aproximadamente 50 hombres atacó a balazos este domingo las instalaciones de la Policía Federal destacadas en el municipio de Orizaba, hechos por los cuales once personas que buscaban “rescatar” un camión cargado con combustible robado, fueron aprehendidas.

Pero el reto de los criminales a las fuerzas de seguridad es abierto e incluso ha provocado un recrudecimiento de la violencia que ha obligado a que en lugares como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, las escuelas hayan decidido modificar sus horarios para no exponer a los estudiantes.

Al principio, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se mostró totalmente renuente a aceptar que los índices de violencia y criminalidad se hubieran disparado durante lo que lleva su administración. Incluso, calificó estos señalamientos como una cuestión de “percepción” y hasta de “ignorancia” de los medios de comunicación. Y hasta rechazó que la declaración de “guerra” de los delincuentes tuviera como destinatario a su gobierno.

Pero ante la gravedad de los hechos, tuvo que modificar su discurso y no solamente admitir la complejidad del fenómeno, sino solicitar el auxilio del Gobierno Federal a través de la Gendarmería Nacional, además del que ya le brindaban corporaciones como la Marina y el Ejército Mexicano, sumadas a las fuerzas estatales de seguridad en el Grupo de Coordinación Veracruz.

Sin embargo, la violencia no se ha detenido. Y se antoja difícil que la Gendarmería Nacional pueda contener a las bandas criminales, pues el número de elementos que fueron enviados a Veracruz apenas y supera los 300 efectivos, y por ahora se mueven únicamente en la zona central del estado.

Adicionalmente, a la violencia criminal hay que agregar la violencia política que ya se registra en algunos puntos de la entidad en la víspera del inicio formal de las campañas para la renovación de los 212 ayuntamientos del estado, procesos en los cuales la delincuencia organizada también hace sentir su influencia a través de los “métodos” que le son propios.

El problema de la seguridad ha rebasado por mucho, al menos en términos de “percepción”, al de la quiebra de las finanzas del estado. Y se va a necesitar una estrategia mucho más efectiva para hacer frente a los abiertos desafíos de los criminales a la autoridad.

Contrario a lo expresado por el gobernador Yunes Linares, la declaración de “guerra” de la delincuencia sí le atañe a su gobierno. Porque esa guerra es contra toda la sociedad veracruzana.

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