Tarek: el desafuero de los cómplices
- Mussio Cárdenas Arellano
Por política de estado —o por bandido—, Tarek desvió recursos destinados a la salud, al enfermo en fase terminal, al tratamiento que alivia, que mitiga el dolor, que prolonga la vida, a una cirugía o una rehabilitación. Algo así como 23 mil millones de pesos.
Decía él, interrogado por la Auditoría Superior de la Federación, que habían sido “sólo” 315 millones de pesos, pecata minuta comparado con los 60 mil millones que se le imputan como robo a Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz hoy a salto de mata, prófugo de la justicia.
Minucia, los 315 millones que en alarde de caradura el tesorero del duartismo justificó porque había otras “prioridades” y el desvío era “política de gasto”.
¿Otras prioridades? Seguro atestar las tuberías financieras de Javier Duarte, los caños por donde se fugaron los miles y miles de millones de pesos extraídos del erario hasta que reventó como diría Alfonso Ortega, uno de los operadores del mega saqueo que llevó a la quiebra a Veracruz.
Cómplice del hurto, dice Antonio Tarek Abdalá Saad, El Iraquí, que el desvío no es tal, que no se piense mal, que sólo fue “política de gasto” que lo etiquetado, así proviniera del gobierno federal, dejar sin medicamentos a los hospitales, sin tratamiento a los enfermos y sin esperanza a los que habrían de morir. Fue “política de gasto” matar robando.
Dice hoy el fiscal Jorge Winckler Ortiz que el atraco alcanzó los 23 mil 156 millones de pesos y que en la maquinaria del robo una de las piezas lleva por nombre Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal.
Va en marcha ya su desafuero, la pérdida de inmunidad, para enfrentar a la justicia. Y más que eso, para desentrañar la red de corrupción que inició con Fidel Herrera Beltrán y continuó con Javier Duarte.
Tarek es sólo un eslabón. Toca la cadena a otros diputados federales y locales, a los Carvallo, a los Silva, a los Mota, a Benítez y a Del Castillo, implicados en el saqueo de recursos públicos, la mayoría de origen federal.
Winckler inició el juicio de desafuero este jueves 26. Ahí planteó la solicitud del juicio de procedencia en contra del diputado priista por Cosamaloapan, acusado de desvío de recursos públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
A Tarek Abdalá le espera un futuro sombrío. Por los delitos que se le imputan podría recibir una sentencia mínima de 15 años y al ser considerados como delitos graves no alcanzaría el beneficio de la fianza ni habría amparo que lo eximiera de pisar la cárcel.
Winckler advierte que otros diputados federales correrán la misma suerte. Alude a Jorge Carvallo, implicado en el caso de los medicamentos clonados, ligado al empresario farmacéutico, Andrés Beceiro Delfín; Adolfo Mota Hernández, por el pago de “aviadores” en la Secretaría de Educación estatal, de la que fue titular, y Alberto Silva Ramos, alias El Pato de Tuxpan o El Cisne, por malversar los dineros del área de Comunicación Social, vía empresas fantasma, al igual que su antecesora en el cargo, la periodista María Georgina Domínguez Colío.
Involucra el escándalo de corrupción a los diputados Vicente Benítez González y Juan Manuel Castillo, ambos integrantes del Congreso de Veracruz, uno por San Andrés Tuxtla, el otro por Córdoba, por el desvío de recursos cuando eran tesoreros de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
A ellos se suma Gabriel Deantes Ramos, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, operador electoral de Javier Duarte, el que untaba la mano de la oposición, el que compraba elecciones, el que trabajó al Partido de la Revolución Democrática para impedir su alianza con el PAN, en 2013, lo que habría permitido arrebatarle el control del Congreso a Javier Duarte y frenado el saqueo al impedir más endeudamiento bancario, bajo la lupa, quizá rechazadas, las cuentas públicas del duartismo.
Tarek mismo admitió ante la ASF que 315 millones de pesos de origen federal destinados a la salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal. su argumento fue que “solo cumplía con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano”.
Eso le valió una inhabilitación por 10 años. La ASF determinó que su actuación fue de extrema “gravedad”.
En el documento emitido por la ASF se advierte que Tarek Abdalá “fue omiso” pues por su cargo de tesorero debió “custodiar la integridad de los recursos públicos para lo que fueron etiquetados”.
Insólita su excusa, dijo:
“Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”.
Sea como sea, fue desvío de recursos. Dejaron de aplicarse 23 mil millones de pesos destinados al sector salud y de ellos no quedó rastro alguno.
Tarek Abdalá no es un personaje cualquiera. Es el eslabón de una cadena que comienza con Fidel Herrera y culmina con Javier Duarte. Una cadena plagada de complicidad, la de Carvallo, Cisne, Mota, Benítez, Del Castillo, Deantes.
Bueno pa’l billete, supo estar donde había. Fidel Herrera lo arropó. Javier Duarte lo llevó al DIF estatal, a la tesorería de Sefiplan, al diputación federal, inmune hasta que el juicio de procedencia le retire el fuero.
Proviene de la iniciativa privada, inmerso en la construcción en la compañía Sheba Construcciones e Inmobiliaria, detentando contratos en el norte de Veracruz con Petróleos Mexicanos, en Chicontepec, los dominios de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, preso y condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por lavarle el dinero a Los Zetas.
Se le liga a por lo menos cinco compañías más, entre ellas “28 Construcciones S.A. de C.V.” y “Siete Caminos, S.A de CV”, con contratos en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno fidelista.
En el clan de Fidel Herrera se le cataloga como el cuarto hijo de la pareja Herrera-Borunda, el mayor, el de todas las confianzas de Rosa Borunda.
Pieza clave en la trama del saqueo, Tarek Abdalá es un símil de Javier Duarte. Su enriquecimiento es alarmante, escandaloso, de antología. Presume lo que tiene, los 6 millones de propiedades en su tierra adoptiva, Cosamaloapan, donde el gordobés solía surcar las aguas del Papaloapan en su lujoso yate, el Aquariva Super, de origen italiano, con costo de 790 mil dólares, unos 17 millones de pesos.
Su riqueza proviene de los recursos que debió aplicar a la salud de los desvalidos. Son 23 mil millones de pesos desviados y que hoy lo tienen a un paso del desafuero, rumbo a prisión, a saldar facturas de un saqueo descomunal.
Va Winckler por Tarek. Pronto irá por Carvallo, Mota, Silva, Benítez y Del Castillo, las viudas de Javier Duarte.
Es el desafuero de los cómplices.
Archivo muerto
Un video la nuestra infraganti. Es María del Rocío Pérez Pérez, diputada por Cosoleacaque, de Morena, tomando el teléfono celular del legislador independiente, antes morenista, Sebastián Reyes Arellano, que en esos momentos se encadenaba a la tribuna del Congreso de Veracruz para exigir que no se congelara la iniciativa de reducir el número de regidores en los ayuntamientos, que días después se agenda y no pasó por falta de votos a su favor. Viral, el video sirvió para darle con todo a la diputada y golpetear a Morena. Dice Rocío Pérez que la visión que ahí se muestra es falsa, que en sus manos llevaba una agenda, que tenía un teléfono, suyo, con ella. Será lo que quiera pero el golpe mediático ya minó a Morena. Atropellan su lema, le dicen en las redes sociales y en los portales informativos. “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”. Pero le imputan a la legisladora el robo. Días atrás, Reyes Arellano había señalado a la diputada por Minatitlán, July Sheridan, del hurto. Apuntaban a que había sido una diputada de aquella región. Rocío Pérez refuta y lo vuelve a negar. Ese video lo captó una periodista y hay testimonios que aseguran que la legisladora sí lo tomó. Hay otros videos, del sistema de videovigilancia del Congreso, que en su momento serán exhibidos. Qué sainete. A Rocío Pérez la acusó el gober azul, Miguel Ángel Yunes Linares, de participar en los preparativos para la toma de la presa Yuribia, en los primeros días de enero. La diputada lo negó; Morena exigió incluso una disculpa. Así se erosiona la credibilidad… ¿Espionaje al fiscal? Quizá. Y si no, por lo menos filtraciones muy al estilo de lo que sucede en la CEAPP. Anda con el enemigo en casa Jorge Winckler Ortiz, fiscal de Veracruz, espiado, golpeteado, registrados cada uno de sus movimientos y deslizados los informes a sus enemigos dentro y fuera del yunismo. Se habla de un secretario, Guillermo Romero Ábrego, de oficio parlanchín, que lo mismo se fotografía con el senador Emilio Gamboa Patrón que dialoga —de más— con el área de información política, con RTV, con personajes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con los emisarios del pasado, de un tal Erick El Zeta, en el yunismo azul. Paso que da Winckler, paso que es reportado a quienes lo pretenden reventar. O sea, en el gobierno de las filtraciones hasta un fiscal es cordero… Irredento, obcecado, regatea Ricardo Orozco Alor el Itesco. Arrastra a decenas de docentes, estudiantes, administrativos en su afán por seguir siendo el cacique del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, cuando las auditorías avanzan, cuando se acredita que con recursos públicos, incluida la nómina, sostiene su estructura electoral. Aquí, en la campaña de 2016, INFORME ROJO reveló el organigrama de Ricardo Orozco, entonces candidato a diputado federal por el PRI en Minatitlán: directores, subdirectores, jefes de área, jefes de división, hasta la jefa de prensa con maestría en sabrá Dios qué, en el equipo de campaña del hijo político de Flavino Ríos Alvarado, el ex microgobernador interino de Veracruz, hoy denunciado por facilitar la fuga de Javier Duarte en helicóptero oficial. Supone que el Itesco es suyo. Y al ser designada María Inés Núñez Monreal, el imperio comenzó a caer. Hoy sigue la tenebra en su casa de la colonia Chapala, en Minatitlán, que es su búnker. Y con él “aviadores” y parásitos sobre los que también hay investigación… Son 700 escrituras, quizá más. Se las robaron del Registro Público de la Propiedad y ya hay denuncia. Implica a notarios, abogados, coyotes, adinerados, terratenientes, ladrones de tierra, vía prescripciones, y personal del RPP. Del caso se supo siempre, acreditado en hechos, confirmado con solo consultar los libros donde se insertan las escrituras y otros instrumentos notariales. Ratificada ya, la denuncia habla de documentos sustraídos o sustituidos con otras escrituras para no generar vacíos, usando folios que permitieran encubrir la transa. Le toca a Fiscalía Regional darle curso a la denuncia y pescar a notarios, coyotes, abogados, personal del Registro Público de la Propiedad y empresarios adinerados que lograron así apoderarse de grandes extensiones de tierra para convertirlas en lo que hoy es la zona comercial del poniente de Coatzacoalcos… Callado, como si no existiera, vuelve Guillermo Ibarra Macías a la escena pública. Se le vio este jueves 26, en la colonia Rancho Alegre II, en evento del alcalde de Coatzacoalcos, su amigo Joaquín Caballero Rosiñol. Tres meses después de dejar la Subdirección de Infraestructura y Servicios Generales de la Secretaría de Obras Públicas, en octubre de 2016, se muestra. A pocos les habla y pocos le hablan. Lo recuerdan por la agresión que su chofer le propinó al ingeniero Guillermo Drago, cuando éste reclamó que en su oficina no se atendía al ciudadano. Paró en un hospital su víctima, impune el agresor y como si nada hubiera ocurrido Guillermo Ibarra, el autor intelectual del ataque. Se fue sin responder por el caos en la obras públicas, los negocios a trasmano, carreteras con constructoras afines, toda una gama de corrupción… No es Morena como lo pintan. Replica uno de sus fundadores en Coatzacoalcos, Rogelio Martínez Hernández, abogado, en su momento representante ante el órgano electoral. Acusa: “Es falso lo que declara la diputada Rocío Nahle. Lo cierto es que 13 militantes del partido presentamos la solicitud para competir internamente para la alcaldía de Coatzacoalcos, como lo señala el reglamento de los estatutos del partido Morena. El Comité Estatal simplemente los tiró al cesto de basura, violando con ello nuestros derechos como militantes de Morena, así como nuestra dignidad y principios ideológicos. Creo que los dirigentes del partido en Veracruz y los diputados, son oportunistas, ya que de inmediato formaron tribus y caudillos”. Más adelante, sobre el escándalo del celular robado presuntamente por la diputada por Cosoleacaque, María del Rocío Pérez Pérez, agrega: “Morena debe correr a los diputados rateros. Empiezan robando el agua, luego celulares…qué sigue”. O sea, el autoritarismo que se le critica al PRI, el agandalle del PAN, el sectarismo del PRD, los círculos de poder, las mafias que aplastan a las bases, tiene carta de identidad en el partido del Pejelagarto López Obrador. De ahí la irritación de su militancia…
