Este lunes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tuvo que salir a anunciar lo inevitable: ante la desmesurada crisis económica del estado, se declaraba a Veracruz en “emergencia financiera”.

Esto se veía venir. Desde hace varios meses se sabía perfectamente cuál era la situación de las finanzas del estado, que el mandatario describió de esta forma: “no hay registro histórico de algo similar ni en Veracruz, ni en el país; en 12 años llevaron a Veracruz a la quiebra. La crisis financiera del Gobierno del Estado tiene dimensiones que superan todo lo imaginado”, dijo Yunes Linares al pronunciar un mensaje ante su gabinete y los medios de comunicación.

El problema es que nadie hizo nada a tiempo. En campaña, al ser cuestionado al respecto planteándosele la muy real posibilidad de que a fin de año no hubiera recursos con qué hacer frente a las obligaciones del gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares respondió que la administración saliente tendría por fuerza que entregar las finanzas saneadas y sin deuda. Lo cual, como era previsible y es evidente, no sucedió ni de cerca.

El déficit de siete mil millones de pesos que arrastra el estado tampoco es algo nuevo. El senador José Francisco Yunes Zorrilla alertó de esta situación desde el año 2015 y por no tomar cartas en el asunto desde entonces, se creó una bola de nieve que terminó siendo el alud financiero que en este momento se enfrenta. Pero todo, absolutamente todo lo que implicaba el boquete en las finanzas estatales, se conocía con antelación.

Así que llegado el momento de asumir responsabilidades, al gobernador Yunes Linares no le ha quedado de otra que hacer lo que aseguró que no iba a hacer: reestructurar la deuda bancaria y solicitar un nuevo crédito que aseguró se pagará antes de que concluya su mandato en 2018.

Además, anunció un severo plan de austeridad que pasa porque los funcionarios de primer nivel de su administración, incluido el mismo gobernador, no cobren su sueldo hasta marzo del año entrante. Medida con un fuerte olor a populismo que habría que verificar que se cumpla en los hechos y no se quede en un mero discurso. Aunque eso en muy poco podría aliviar el deterioro financiero de la entidad.

Lo que sí comenzó a hacer la administración estatal yunista desde que inició funciones fue un despido masivo de trabajadores de confianza del estado, a los que se les regatea el pago de liquidaciones y prestaciones, lo que muy seguramente le significará al gobierno una cascada de demandas laborales. Además, los despidos no fueron para adelgazar la estructura gubernamental, sino para colocar en los puestos que quedaron vacantes a la nueva burocracia estatal proveniente del PAN, el PRD y el neoyunismo.

Otra medida que dio a conocer el gobernador de Veracruz es que ya no se pagarán bonos navideños ni por el Día del Maestro al magisterio veracruzano, lo que no tardando muy probablemente derivará en protestas.

Miguel Ángel Yunes llamó al pueblo de Veracruz “a la comprensión y solidaridad frente a las difíciles medidas que tendremos que tomar”, y todavía le exigió al Gobierno Federal dar una respuesta positiva a las “reiteradas solicitudes de encontrar de manera conjunta soluciones a esta inédita crisis, derivada de hechos ilícitos que fueron consentidos y solapados”, a lo cual en Los Pinos hacen como que no oyen y no saben.

Será una amarga medicina la que se le hará tomar a todos los veracruzanos. Y lo peor es que nada garantiza la cura de la enfermedad.

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