Otra mafia, la de Sefiplan, emplaca autos robados, empadrona vehículos sin pago de tenencia y desvía recursos, criminal su negocio, tejido en el círculo duartista, y al que se opone lo someten, lo difaman, lo envían a prisión, sufre tortura.

Lo vivió así Deyanira Hernández García. Lo vivió en la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, desde su cargo de jefa del Departamento de Autorización de Crédito, imputada de un fraude que no cometió y dejada en la cárcel por dos años y medio sin delito alguno.

Ya libre, destruida su vida, cuenta su historia. Resume la inquina y rapacidad del duartismo, la sangre fría de una mafia que implica a los demás.

Cuenta su infierno, que no se queda solo en la imputación calumniosa, falaz, del círculo duartista que la exhibe como ícono de la corrupción, una cortina de humo que permitió a la pandilla del ex gobernador Javier Duarte robar sin límite.

Resume su expediente una historia que impone y conmueve. Deyanira fue exhibida como funcionaria corrupta, remitida a una prisión, golpeada y vejada por agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación y sometida a tortura, con toques eléctricos en los pezones y sus genitales.

Fue separada de su hija por dos años y medio, destruida su solvencia económica, perdida su casa, viviendo hoy de la venta de collares y pulseras.

Señala al hoy secretario de Infraestructura del gobierno duartista, Tomás Ruiz González, entonces titular de Sefiplan; a José Ramón Cárdeño Shaadi, ex secretario particular de Javier Duarte en sus días de gobernador, y a Arturo Cárdenas Mateos, ex subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Subprocuraduría Fiscal.

Sí hubo fraude y fue de 200 millones de pesos. Sus autores fueron los duartistas, imputándole a Deyanira Hernández responsabilidad en la condonación de adeudos del impuesto por el uso de tenencia vehicular.

Habría cobrado un millón 800 mil pesos —le achacaban—. Y habría eliminado todo registro a fin de el usuario realizara el cambio de placas sin estar al corriente en el pago de impuestos y contribuciones.

La detención ocurrió el 14 de diciembre de 2011. Era procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza, hoy líder del PRI, socio político del senador Héctor Yunes Landa.

Seis meses después, su familia comenzó a denunciar que Deyanira Hernández había sido objeto de tortura. Y ante la cerrazón del gobierno duartista, acudirían a cortes internacionales para exhibir la violación a sus derechos humanos y las transgresiones al debido proceso.

Su caso lo describe la revista Proceso bajo la firma de Noé Zavaleta:

“Una vez que el padrón vehicular de la Tesorería se encontraba ‘muy sucio’, exponen Deyanira Hernández y Rafael Hernández (su abogado), los altos funcionarios de Duarte buscaron ‘chivos expiatorios’ para desmantelar ‘al menos en la televisión y en la prensa’, una red de corrupción y fraude. En aquel entonces, el slogan de los servidores públicos de la administración del priista, Javier Duarte era ‘yo soy honesto’.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación —lunes 21— a la Fiscalía General de Veracruz para apremiarlo a ‘resolver’ el recurso de impugnación de una víctima (Deyanira Hernández) por haber acreditado violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personales de una mujer por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación atribuibles a tres agentes policiales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), según data el expediente 51/2016, dirigida al fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras.

“La CNDH sostiene que hubo violaciones al debido proceso por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ), actual Fiscalía General del Estado y quien aletargó e hizo omisiones al expediente CNDH/2/2014/235/RI.

“ ‘Se pide reparar el daño a la víctima de forma integral mediante atención médica y psicológica, así como la compensación que corresponda en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz’.

“De acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013 de la CEDH de fecha 30 de enero, la exservidora pública fue torturada por elementos de la PGJE para que se declarara culpable del probable quebranto.

“En entrevista, Deyanira Hernández asegura que fue muy doloroso estar más de 30 meses en prisión por un delito que no cometió y que además perdió su casa, se quedó sin trabajo y se perdió gran parte de la educación de su hija: ‘en la cárcel me lamí mis heridas, es una frustración en la que te preguntas, ¿Por qué yo?’, señala.

“En la investigación ministerial 137/2012 de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE) a la que tuvo acceso el reportero, se consignan las agresiones a Deyanira para que ante elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) se declarara culpable de fraude.

“ ‘Tiene que declarar, de lo contrario se cae todo… Si el superior jerárquico se molesta (sic), se la va a cargar su madre’, le dijeron los agentes policiacos. Posteriormente la golpearon, uno de los elementos de la AVI decía al momento de golpearla: ‘Así me gusta que chillen las viejas”. Además le dieron toques eléctricos tanto en los pezones como en el abdomen y partes íntimas. Al momento de la tortura se encontraba vendada’.

“La detención de la exfuncionaria de la Sefiplan ocurrió en diciembre del 2012, cuatro años después, el apoderado legal de la víctima, Rafael Hernández, delinea cómo buscarán el resarcimiento del daño: reclamar los salarios caídos estos cuatro años que ascienden a 960 mil pesos, promediando un salario de 20 mil pesos mensuales, más tasar, como ‘reparación del daño’ el tiempo que no vio a su hija, reclamar daños y prejuicios, los gastos de fianzas y garantías depositados, indemnización por abuso de autoridad, lesiones y tortura.

“ ‘En este gobierno no sólo se robaron el dinero, se robaron la felicidad de una niña, durante los dos años, 7 meses de prisión que Deyanira estuvo reclusa y que cuando la sacamos con fianza, apenas hoy la CNDH nos asiste la razón”, expone Rafael Hernández.

“Deyanira Hernández lamenta que hoy con el sexenio de Duarte terminando y varios funcionados prófugos de la justicia por el quebranto financiero o con la protección del gobierno federal, ella no tiene empleo, ni acceso a la seguridad social, quedó estigmatizada con ser una exconvicta de Pacho Viejo, y que además hoy tiene que lidiar con la pérdida de su casa por un remate bancario.

“ ‘Hoy me siento como Juana la baratera, vivo de la venta de collares y pulseras, que las aprendí a hacer en la cárcel, mientras Tomas Ruiz que se jactó con la prensa de romper una red de corrupción, él siga con alto cargo (extitular de Obras Públicas) sabía que no cometí delito alguno’.

“El apoderado legal señala que logró sacar a Deyanira Hernández de la cárcel porque los argumentos de la Procuraduría y los testimoniales de la Sefiplan ‘eran muy pobres’, entregaron como mayor prueba una “captura de pantalla” de tenencias vehiculares pagadas y nada más.

“ ‘Mi cliente solo tenía acceso a las claves de Sefiplan para consulta, no para hacer movimientos, ni tampoco manejaba dinero, pero hay otros involucrados como Víctor Dávila y Elsa Acosta, quienes pisaron unos días la cárcel y salieron libres’, expone.

“Mientras Dávila y Acosta ya estaban libres, Deyanira se encontraba maltrecha en un hospital donde estuvo dos días, bajo observación médica y con exámenes hepáticos, para calcular los estragos de la tortura.

“Ya con meses recluida y con el dolor de haber pasado navidad, año nuevo y los Reyes de mi hija encerrada, pague una inserción en el Diario de Xalapa para enviarle una carta a la esposa de Duarte, Karime Macías, pedirle que en su dolor de madre me entendiera la injusticia que estaba pasando… jamás se molestó en contestarme o en enviar a alguien a revisar mi caso’.

“ ‘La detuvieron sin una orden de aprehensión, dentro de un inmueble propiedad del gobierno del estado, la esposaron sin una orden de presentación, y durante 24 horas la trajeron desaparecida dando vueltas entre las instalaciones de la AVI y la Procuraduría de Justicia’, expone Julián Hernández, hermano de la exfuncionaria pública en el gobierno de Javier Duarte.

“Deyanira, junto con los otros empleados estatales fue involucrada por el entonces titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, en un fraude de un millón 800 mil pesos cometido en perjuicio de la dependencia a su cargo. El presunto fraude consistió, explicó Ruiz en una rueda de prensa dada en ese entonces, en “condonar” multas o eliminar adeudos de tenencias atrasadas a cambio de ‘mordidas’.

“En el auto de formal prisión que recibió Deyanira Hernández y como colofón al entramado de irregularidades, la juez que la encarceló fue Beatriz Rivera, la misma que aprobó los desaseos en la investigación ministerial del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez. Dos años después, Rivera será propuesta como magistrada del Poder Judicial del Estado, a sugerencia de Javier Duarte”.

Insensible, rapaz, la mafia de Sefiplan alcanza el clímax. Nadie puede frenarles el negocio. Y quien se opone lo paga. Va a prisión. Sufre tortura, la descarga eléctrica en el cuerpo, en los senos, en genitales.

La mafia es despiadada. Roba, delinque y culpa a otros de sus delitos. “Yo soy honesto”, fue su lema. Y el muy honesto les robó miles de millones a los veracruzanos. “Yo soy perverso”, debió ser su eslogan. “Yo encarcelo chivos expiatorios”, es su sentencia. Y a los que no jalan, los que no se sacrifican por la famiglia, los hacen pagar, los torturan, los les arrancan un pedazo de su vida.

Otra faceta de la pesadilla duartista.

Archivo muerto

Qué días aquellos en que Gabriel Deantes era un don. Disponía y gobernaba, sabedor que su capacidad corruptora le aseguraba un sitio en el círculo rojo del duartismo. Compraba opositores, subsidiaba dirigentes, planchaba militantes, lo que fuera para mantener al PRI en el poder. Un día, al aflorar el saqueo con los recursos para la educación, Javier Duarte, su patrón, lo echó de la SEV y boletinó que era un desleal. Y horas después ambas ratas lograban la reconciliación. Su última gesta fue aconsejarle al entonces gobernador de Veracruz que asegurara su futuro e impunidad, que el Congreso le autorizara a solicitar un crédito de 20 mil millones de pesos que servirían para que el sucesor priista comenzara a gobernar; y si ganaba la oposición, como ocurrió, el dinero era para Javier Duarte. Enfrenta Gabriel Deantes Ramos una acusación por enriquecimiento ilícito, pues su fortuna se quintuplicó en el sexenio duartista, desde sus días como subsecretario de Finanzas, pasando por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación estatal, hasta concluir como titular de la Secretaría de Trabajo. De pelada Javier Duarte, desde la Fiscalía y el Congreso de Veracruz fue alertado Gabriel Deantes. Y se amparó. Un juez lo vinculó a proceso, pero a menos que lo traben con otros cargos, no pisará la prisión. Ahora que si el gobierno federal se le va a la yugular, tendrá una largas vacaciones tras las rejas… Infeliz aniversario el de los pensionados. Salen a las calles a recordar, a recordarle a Flavino Ríos, que su esencia es represora, que golpea a los de la tercera edad, que los embiste con su policía inmoral. Vuelven a las calles y toman las plazas. Ahí gritan su verdad, lanzan su reclamo, traen a la memoria aquel 23 de diciembre de 2015, once meses ya, que la infamia se volvió acto de gobierno, replegados con el uso de la fuerza, encapsulados por la policía criminal del duartismo, instruida por el entonces secretario de gobierno, hoy falso gobernador, el usurpador Flavino al que no lo eligió el Congreso de Veracruz como ordena la Constitución, al que lo impuso una minúscula runfla de cómplices del hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte. No dejan que Flavino Ríos se vaya así, impune, sin castigo, el 30 de noviembre. Le adelantan el aniversario de su infamia. Lo insertan en la página más negra de la historia de Veracruz, cuando el régimen de los ladrones arremetió contra un puñado de pensionados —valientes pensionados— cuyo único pecado fue exigir el pago de sus quincenas, su aguinaldo y sus prestaciones. Bien por ellos que han dado una lección de dignidad… Ni en octubre, ni en noviembre, ni en el duartismo. Será inaugurado el túnel sumergido de Coatzacoalcos en abril de 2017, cuando el yunismo gobierne a Veracruz. Vuelve Tomás Ruiz a la escena del fraude y presume una inversión de 5 mil 398 millones de pesos, cuatro veces superior al presupuesto original. Recorre la obra, inacabada aún. Destella la luz del soplete cerca del techo, ardua la labor de los obreros. Corren los hilos de agua en las paredes, suscitando comentarios del riesgo de filtración. Manchan los acabados los rastros de óxido. Son 5 mil 398 millones de pesos y una buena parte lo invirtió el gobierno federal. Y en esa inversión hay un fraude descomunal, inflando costos las empresas constructoras, cobrando de más, implicados los subcontratistas a las que se les pagó por servicios que no brindaron. No, el mayor mérito no es que el túnel sumergido una a Coatzacoalcos con la congregación Villa Allende por debajo del río, sino que el megafraude quede impune, que los ladrones se burlen de todos, que la intervención de Carlos Slim al adquirir el control de la firma FCC Construcciones haya permitido concluir la obra y que los corruptos se vayan sin castigo… Rogelio Franco Castán, ¿secretario de gobierno yunista o encargado de despacho? Le dan con todo al líder del PRI en Veracruz para frustrarle el sueño de ser el número 2 en el gobierno de Veracruz. Es fuego amigo y enemigo. Que si es oriundo del DF, donde nació el 19 de noviembre de 1975, que si no tiene título universitario. Ambos son requisitos para acceder a la Secretaría de Gobierno de Veracruz. Y en esas escaramuzas se entretienen sus detractores y sus adversarios, sabedores que basta que lo designen encargado de despacho y que luego se modifique la ley. En política todo se puede…

[email protected]

[email protected]

www.mussiocardenas.com