Cambia, engaña, miente. Camaleónica, Mónica Robles de Hillman ensalza y golpea, adula y traiciona. Así apuntaló a Francisco Portilla, descartó a 21 aspirantes a fiscal, lo encumbró, destacó su perfil —“el mejor”— y en el último lance reculó.

Pregona que se abstuvo de votar, de convalidar el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla como fiscal anticorrupción, el alfil de Javier Duarte para conformar la burbuja de impunidad que le evite parar en prisión, porque era priista y había sido funcionario duartista.

¿Y eso no lo supo desde el principio?

Dice la diputada por Coatzacoalcos que Portilla Bonilla tenía el mejor perfil pero que no era autónomo y de ahí que no suscribiera el dictamen de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, aunque éste pasara con el voto de Marcela Aguilera Landeta y Gustavo Gudiño Corro y luego fuera congelado. No era autónomo.

¿Y eso no lo supo al arrancar la pasarela de aspirantes?

“El perfil del licenciado Portilla —precisa Mónica Robles—, sin duda es el mejor de los que se presentaron. Sin embargo, yo consideré que no cumplía con un principio, que aunque no estaba considerado en la convocatoria, sí forma parte del espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual deriva el estatal, que es el principio de autonomía”. Ajá.

Diría que Portilla Bonilla es un funcionario “extraordinario”, el perfil idóneo, el fiscal anticorrupción que Veracruz merece: procurador de justicia, alcalde, diputado, subsecretario de Gobierno, secretario general del Congreso, notario.

Le faltó contar que lucra con el sistema, su hijo incrustado en la nómina del gobierno de Veracruz, “aviador” en la Secretaría de Finanzas, a las órdenes del subsecretario de Ingresos, en 2012, como lo revela la periodista Claudia Guerrero, autora de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero.

Le faltó citar que siendo alcalde de Córdoba le llovieron reclamos por corrupción en el área de Comercio y señalamientos por manipular contratos de obra pública.

Le faltó detallar que trafica influencias, espacios para sus amigos y protegidos, un cargo en la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, otro en Espacios Educativos.

Para Mónica Robles es “el mejor” y “Paco Portilla” es “extraordinario”. Pero resultó que es priista, fue funcionario de gobierno y no es autónomo. Y aunque ese requisito, el de la autonomía, no lo menciona específicamente la convocatoria, lo tronó.

“Puede generar conflicto de intereses y eso lo hace inelegible, aunque no está establecido así en la convocatoria. El proceso fue totalmente legal, apegado a lo que se estableció, pero este tema de la autonomía, a mi parecer es fundamental y por eso es que no firmé el dictamen”, dice.

Habla y refleja que su mente es un galimatías, el caos que emerge del golpe de timón que abortó la imposición de Portilla Bonilla en la Fiscalía Pro-Corrupción, uno de los engranajes del paquete de impunidad que haga inmune a Javier Duarte a las amenazas de Miguel Ángel Yunes Linares de enviarlo a prisión por el saqueo a las arcas del gobierno de Veracruz.

Véase el show de las palabras, circo de ideas, en tres pistas el caos de la diputada Mónica Robles:

“Si ‘Paco Portilla’, es el mejor perfil, ‘lo cierto es que justamente el diseño institucional el darle autonomía a la fiscalía el que duren con periodos que no coincidan con el del gobernador, le va a dar a cualquiera que esté ahí la autonomía para hacer bien su papel, ya nos corresponderá a nosotros como ciudadanos discutir que cumpla bien con su papel’ ”.

Eso decía antes que la revuelta de los veracruzanos en las redes sociales, la presión de la prensa nacional, la descalificación de Carolina Monroy, lideresa nacional del PRI, lo alejara de la cúpula de su partido, obligaran dar marcha atrás y desechar a Portilla Bonilla

A lo largo de semanas, 22 aspirantes a fiscal anticorrupción pasaron por el Congreso. Entregaron documentación, afianzaron su propuesta, cabildearon, sus padrinos en el círculo duartista, los fidelistas pujando por el cargo desde el cual atarían de manos al próximo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

A la Comisión de Procuración de Justicia llegó el contingente de aspirantes y de los 22 fueron descartados 14. Portilla Bonilla seguía ahí, en el ánimo de Mónica Robles, Aguilera Landera y Gudiño Corro, pese a no ser “autónomo”.

Hubo un período de entrevistas. Los evaluó la tríada de diputados, sus alcances ahí, sus conceptos sobre la impunidad ahí, un show en el que la mayoría de las propuestas eran bazofia porque de lo que se trata es de que la acción de la justicia no llegue al gobernador de Veracruz saliente.

Sabíase de antemano que la Fiscalía Anticorrupción sería para Portilla Bonilla, ligado y servil a Javier Duarte, un tiempo subsecretario de Gobierno, operador en Córdoba en los días en que Javier Duarte fue inventado como diputado federal, en 2009, el cargo que le permitió al gordobés contar con el requisito interno del PRI para llegar al gobierno de Veracruz.

Quedaban en el camino Martín Lozano Sánchez, Dulce María Romero Aquino, David Ambrosio Molina Vázquez, Juan Fidel Medina Martínez, Deckar Israel Hernández Soto, Carlos Vidarte Fernández, Pedro de Jesús Ocampo Trujillo, Eduardo Valdés Hernández, León Vladimir Hernández Ostos,  Ángel Muñoz Ocampo,  Pablo Murrieta Serrano, Arturo Miguel Chipuli Castillo, Tomás Cristóbal Cruz y Julio Cesar Sosa Miros.

Ocho se ajustaban a los términos de la convocatoria y serían entrevistados el 28 de junio: Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustado Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Francisco Portilla Bonilla y Juan Manuel Herrera Sosa.

Así hasta el 30 de junio. Ese día, presionado por la sociedad de Veracruz, distanciado del PRI nacional, cuya presidenta Carolina Monroy lo tildó de falto de ética por confeccionar un paquete de impunidad, tenso el ambiente político por la agresión a Yunes azul a las puertas del Congreso estatal, Javier Duarte dio marcha atrás.

Tuvo entonces Mónica Robles que justificar el revire. Y dijo que Francisco Portilla Bonilla no reunía el requisito de autonomía.

Lo descubrió la mañana del 30 de junio, cuando el tema de la Fiscalía Anticorrupción fue retirado de la orden del día.

Mañosa, tramposa, Mónica Robles invocó un requisito que no aparecía en la convocatoria a la que ciñeron los 22 aspirantes a fiscal.

“Al haber sido funcionario publico de la administración estatal tan reciente, en 2015, eso lo hace que no tenga ese principio, que aunque no está establecido en la convocatoria si está establecido en el sistema nacional”, refiere Mónica Robles a la Agencia AVC.

Comulga Mónica Robles con el paquete de impunidad de Javier Duarte. Tan es así que estuvo de acuerdo con la creación de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo —Sala Anticorrupción—, cuya función en teoría “será conocer las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares e impondría las sanciones correspondientes”.

De acuerdo con el comunicado del Congreso de Veracruz, 30 legisladores la aprobaron, 14 votaron en contra y hubo cuatro abstenciones. Mónica Robles no combatió la creación de la Sala de Impunidad Duartista, ni desde su curul ni en tribuna.

Reza el boletín:

“Durante la novena sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno aprobó este dictamen con 30 votos a favor de los diputados de los grupos legislativos del PRI, PVEM y Nueva Alianza; 14 en contra —de los diputados de las bancadas del PAN, PRD-MC, del legislador del PT, Eladio del Ángel Zumaya; del PRI, Ricardo Ahued Bardahuil; del PVEM, Jesús Vázquez González— y cuatro abstenciones —de los diputados Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá, independiente”.

Mónica Robles no aparece entre los que votaron en contra ni se abstuvo.

Toda la bancada panista y el PRD votaron en contra.

El único del PRI que votó en contra fue Ricardo Ahued.

El único del PVEM que votó en contra fue José Jesús Vázquez.

Cuatro abstenciones: Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá, independiente.

¿Y Mónica Robles?

Cierra la pinza Javier Duarte con la Sala Anticorrupción. Ahí tendrá tres magistrados que propondrá a su mayoría priista y aliados, inamovibles durante 10 años. Se trata de los magistrados de la complicidad.

Es una intromisión en la vida interna del Poder Judicial, a quien correspondía realizar la propuesta. Seguro se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y perderá efecto justo cuando Javier Duarte deje el gobierno, vulnerable entonces, en manos de Yunes Linares.

Crear esa Sala es otra aberración. Implica asignar presupuesto, personal, áreas de trabajo cuando la pandilla duartista le debe 100 millones de pesos o más al Poder Judicial de Veracruz, recursos para aportar al Instituto de Pensiones del Estado y a obras para los juzgados en el nuevo sistema penal acusatorio.

Quedó en suspenso el nombramiento del fiscal anticorrupción y pasó, en cambio la creación de la Sala Anticorrupción, el paquete de impunidad de Javier Duarte en marcha, con el aval del priismo, de los verdes, de los otros aliados, las rémoras que le cuestan una fortuna al pueblo de Veracruz.

La rechaza Ahued, se abstienen Octavio Pérez y José Ratón, vota en contra el verde José Jesús Vázquez, el medio hermano del extinto cacique sureño Cirilo Vázquez Lagunes. ¿Y Mónica Robles? ¿A favor del paquete de impunidad duartista o en contra?

Pronto será Monica Robles diputada yunista azul.

Lo suyo es el engaño.

Archivo muerto

Fidelista, duartista, Lupe Porras quiere ser magistrada. Puja para estar en la terna Que proponga el desgobernador de Veracruz para integrar la Sala Anticorrupción —Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo— con la que Javier Duarte se pretende blindar. Lu-pilla mayor, con una estela de corrupción, con cuentas chuecas en Minatitlán, cuya alcaldía presidió, es la carta de Ciro Félix Porras, su hijo, diputado local, que con el beneplácito del fidelismo y del duartismo, la quiere ver simulando que aplica la ley contra la corrupción. Trasciende en el Congreso de Veracruz que sólo así —su mami en la terna infernal— Cirito votaría por el fiscal anticorrupción que proponga Javier Duarte, a punto de un ataque de nervios el gordobés por tener fiscal y magistrados a modo, cómplices que lo cuiden, que eviten que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, una vez en el cargo, lo confine en la cárcel. ¡Qué aberración! Lu-pilla Porras sumió a Minatitlán en la bancarrota, dispuso de créditos bancarios, dejó de pagarlos, liberó cheques sin la firma del síndico, acumuló inconsistencias en el manejo de los recursos por más de 500 millones de pesos, pagó 45 millones de pesos por un puente, el de Capoacán, que nunca se construyó, reprimió a sus adversarios y críticos con porros. Y ahora, vía Ciro, su hijo, el legislador, quiere ser magistrada anticorrupción. Lo que es la desfachatez… Cambio en la cúpula del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, en septiembre. Deja su presidencia Luis Fajardo Vázquez, quien por más de cinco años lo encabezó. Vía el OCC, se pudo tener una medición precisa del nivel de violencia e inseguridad que devora a Coatzacoalcos y al sur de Veracruz, con metodología para identificar el delito, sus causas, sus omisiones, el papel que juega la autoridad, la efectividad o no de los operativos policíacos, si funcionó o no el Mando Único Policial, el crecimiento del secuestro, la extorsión, el levantón. Cifras, datos, el por qué del caos y el baño de sangre, en la labor del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, primero en su género en Veracruz, con el respaldo de figuras de la talla de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Alejandro Martí, de México SOS, se constituyó en un termómetro de la violencia, incómodo para el duartismo, sobre todo para Arturo Bermúdez Zurita, el “general” de cero estrellas, secretario de Seguridad Pública, cuya policía es lo peor que le pudo ocurrir a Veracruz, inodada en levantones de inocentes que luego son entregados al crimen organizado. Se va Luis Fajardo pero OCC seguirá en la misma línea y con la misma intensidad… A ver. Dice Brenda Manzanilla Rico que un despacho de la ciudad de México será el que se encargue de cuantificar el impuesto predial que Braskem-Idesa deberá pagar al ayuntamiento de Nanchital. O sea que la tesorería municipal no tiene capacidad de realizar esa labor, medir la extensión del predio en que se ubica el complejo Etileno XXI, verificar la tabla de valores catastrales, determinar el monto a pagar. Suena a transa de la alcaldesa, semejante a lo que hiciera Marcelo Montiel en Coatzacoalcos, cuando usó información que conoció cuando fue oficial mayor del Congreso de Veracruz, frenando a Armando Rotter que pretendió cobrar a las subsidiarias de Pemex en Pajaritos, Cangrejera y Morelos, entonces convertidas en sociedades anónimas, y esperó a ser presidente municipal para apretar, embargar, condonar y llevarse un botín de 242 millones de pesos, incurriendo en un delito fiscal, pues estaba impedido para eximir de pago al contribuyente. Sólo falta con que Brenda Manzanilla use los servicios de Abogados y Asociados Internacionales, de Tony Macías, para realizar un par de notificaciones y llevarse una millonaria comisión… Insensibles, gobierno federal y de Veracruz a la exigencia —no solicitud— de cumplir con la llegada de la Gendarmería Nacional a Coatzacoalcos. A solicitud del cabildo de Coatzacoalcos, empresarios, profesionistas y líderes de agrupaciones civiles suscribieron un desplegado en el que reiteraban el llamado a que esa instancia federal la que asuma el control de las tareas para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Días después no hay respuesta. en el desplegado se evidencia la crisis de seguridad, operativos policíacos fallidos, la población inerme. Javier Duarte dijo días antes de la elección del 5 de junio que la Gendarmería llegaba a Coatzacoalcos. Falso. Dice su secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, que sí llegó pero se tuvo que ir a Chiapas y Oaxaca. Falso. Si así fuera lo sabrían el alcalde Joaquín Caballero y su cabildo, los mandos policíacos locales, la prensa adscrita a la fuente policíaca. No hay tal. Y transcurren los días y la indiferencia en el gobierno peñista y ni se diga en el duartista, es criminal…

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