Iracundo, el comisionado ya no ve quién se la paga. Su feudo, el IPAX, al desnudo, no sólo simuló que los hermanos Yunes Landa y el sobrino Chuchín eran policías. Los disfrazó, les abrió la puerta a la portación de armas, violó la Ley Federal de Armas de Fuego. Y hay más lodo y él lo sabe.

Sabe que anidan ahí, en las fichas de control, notarios, empresarios, cuates a sueldo y hasta la mujer de un operador hectoryunista. Todos quieren armas, todos quieren permisos, todos quieren licencia de impunidad, todos quieren unos miles de pesos al mes. Grave.

Valentón, Fernando González Ortiz se sabe vulnerable, burlado, pues no es líder policíaco, cabeza de corporación, quien incurre en fechorías y queda al descubierto, exhibido como ocurrió con la familia de Héctor Yunes Landa, candidato del PRI a microgobernador de Veracruz.

Se filtró un documento revelador, y luego otro y otro más. Y siguen llegando. Condensa uno de ellos la ficha de César Yunes Landa y su hermano Rafael, sus datos generales y los detalles con que se les dio de alta en el IPAX, en marzo de 2015, y un mes después causaron baja… supuestamente.

Era en realidad la treta para que pudieran portar armas, disfrazándolos de policías, atropellando la ley, engañando a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mismo, a la Secretaría de Gobernación, pues la norma en Veracruz es que los priistas y los allegados a los priistas pueden caminar seguros, con un revólver o una pistola, con rifle o lo que sea, pues para eso es el poder.

Destapado el caso, en este espacio, los hermanos del candidato del PRI en su calidad de policías, en este espacio, uno de ellos dirigió una réplica que plantea su postura, sus razones, su verdad. Estampó en INFORME ROJO sus argumentos:

“Leí con atención tu columna en donde haces referencia a mi persona y a mi familia. Al respecto te comento:

“1.- El Derecho a portar armas está establecido en el marco legal vigente.

“2.- La Ley establece criterios precisos que debe cumplir un ciudadano para obtener el permiso correspondiente.

“3.- Tanto mi padre, como mi hermano y yo cumplimos con esos requisitos. Mi hermano, candidato a la gubernatura, no tuvo relación con nuestra gestión.

“4.- No somos, como establece en su nota, aviadores. No lo hemos sido, no lo somos y no lo seremos nunca.

“5.- Como es del dominio público, no tenemos necesidad de cobrar en ninguna institución pública. Somos empresarios.

“6.- Gozamos de los permisos de portación de armas desde hace más de 25 años.

“7.- Solicitamos a la Institución la renovación de los permisos, determinando sus autoridades el procedimiento que se siguió, incluyendo la toma de fotografías.

“Le agradezco su generosa disposición de atender nuestra petición de aclarar este tema.

“De verdad, muchas gracias.

“Atentamente

“César Yunes Landa”.

Abogados interiorizados en el tema, esgrimen que el razonamiento es endeble e ilegal. No es facultad del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) otorgar ni renovar permisos de portación de armas. Incurre en usurpación de funciones.

No se puede otorgar permiso para portar armas a particulares, sólo a elementos operativos de corporaciones policíacas y organismos de seguridad, así como a integrantes acreditados de empresas de seguridad privada.

No niega la réplica la autenticidad del contenido de los documentos difundidos por INFORME ROJO, ni se trata de fichas de control alteradas, filtradas para infamar o calumniar —ojo Liz— a los hermanos, padre y sobrino del candidato del PRI. Son evidencia de un hecho ilegal y cualquier abogado lo sabe—ojo Liz—.

Incurre el comisionado del IPAX Veracruz, Fernando González Ortiz en abuso de autoridad, simulación de actos jurídicos, peculado engaño a la Sedena y a la Secretaría de Gobernación. Y eso amerita pasar por los tribunales.

Implica el caso a los hermanos César y Rafael Yunes Landa, cuyas fichas de control, y el contenido de la réplica, confirman que el trámite para disponer de permiso para portación de arma se realizó ante el IPAX.

“Solicitamos a la Institución la renovación de los permisos, determinando sus autoridades el procedimiento que se siguió, incluyendo la toma de fotografías”, refiere la réplica.

Otro de los documentos es el comunicado mediante el cual el comisionado Fernando González Ortiz instruye al área de Recursos Humanos para que Jesús Yunes García, sobrino del candidato Yunes Landa y del candidato de la alianza PAN- PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, sea dado de alta en el área gerencial del IPAX. Aparece su firma y sellos de la institución.

Un tiradero absoluto. Un carnaval de violaciones a la ley. Un compendio de ilegalidades, usado el IPAX para fines particulares, entre ellos la portación de armas, algo que no se le permite al ciudadano común.

De ahí que en cuestión de horas se emprendan acciones legales, Fernando González en el  centro de la tormenta, exhibido como un violador de la ley, que engaña a la Sedena, al secretario Miguel Ángel Osorio Chong.

Involucra el affaire IPAX-Yunes Landa al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, protector del comisionado Fernando González y operador de Héctor Yunes entre la tropa policíaca.

Un desastre, el IPAX se sacude. Y su titular embiste como perro de caza. Fernando González muestra el puño represor. Exige pistas sobre la difusión de las fichas de control que revelaron la gravedad del caso Yunes Landa. Somete a las infanterías, presiona, amaga.

Circulan versiones en redes sociales, presuntas fuentes internas del IPAX que hablan de acciones extralegales: a la gerente de Recursos Humanos la mantuvieron privada de su libertad por horas, el amago de despido a Juan Carlos Tánchez Melchor y a cuatro personas más, de quienes sólo se cita su nombre de pila: Daniel, Gabriel, Ricardo y una mujer.

Enfatizan que el comisionado tiene su zona de confort. Ahí habitan cinco secretarias con salario de 20 mil pesos y su favorita, “su particular y amante Ericka Marcel Castillo Salas, (quien) gana más de 40 mil pesos”, dice una fuente del IPAX.

Tiene otras aristas el IPAX: más fichas de control de priistas y personajes ligados al poder. Otra fuente cita, sustentada en un documento con fotografías, que el notario 12 de Xalapa, Antonio Limón Alonso, aparece en los archivos de la cooperación.

Limón Alonso estuvo desaparecido en marzo de 2012, en la capital de Veracruz, y su caso conmocionó al medio notarial y político.

Otra de la fichas se refiere a Edith Maribel Flores López, “mujer del Muerto Martínez Zaleta”, referencia al ex director de Tránsito de Veracruz y ex líder estatal del PRI, operador de Héctor Yunes, integrado a su campaña.

Edith Maribel Flores López fue juez interina en Banderilla. Antes estuvo en Jilotepec, donde fue sancionada con una suspensión de tres días por el Tribunal Superior de Justicia.

Dos fichas de control más mencionan al empresario de la construcción, Martín Vázquez Castillo, y a Jesús Omar Romero Zapata, de quien dice “quiere hueso político y le da cuota al Cap. Fernando González Ortiz, por armarlo”.

Ambos portan uniforme del IPAX, como en el caso de los hermanos César y Rafael Yunes Landa. Todos con disfraz de policía.

Jesús Omar Romero Zapata es dirigente del Consejo Ciudadano de Líderes, A.C., su palanca para acceder al círculo de poder, asesor, dice él, de Javier Duarte en gestión social, “sólo que sin sueldo ni compensación, sin oficinas”. Y por eso prefirió militar en la nómina del IPAX.

Edith Maribel Flores, la mujer de Martínez Zaleta, la juez, figura en una lista de “aviadores” del IPAX con 10 mil pesos al mes. Valiente juez. Jesús Omar Romero aparece con 16 mil.

Disfraza el IPAX a priistas, empresarios, notarios, a la mujer de un hectoryunista, a los hermanos y sobrino de Héctor Yunes, para que puedan portar arma. Y de paso engañan a la Sedena y a Gobernación.

Por eso la tormenta que viene… y la denuncia también.

Archivo muerto

“Que nos pague, que nos pague”, le gritan a Javier Duarte, a su desgobierno, a la pandilla de rufianes, duartistas puros, que robándose los recursos, dejan a la burocracia sin salario, sin incentivos. Son lo signos de los tiempos y este martes 15, al unísono, en el lobby de la Secretaría de Finanzas y Planeación, coreaban su reclamo los empleados, grabando el hecho con sus teléfonos celulares, remitiéndolo a las redes sociales, detonando la crisis que se vive la sede del gobierno de Veracruz. A los amigos, justicia y gracia, dice Javier Duarte; a los enemigos, justicia a secas. Pero el gordobés trata a los amigos como a los enemigos y como ya secó las arcas, y lo que queda es para acrecentar la fortuna malhabida de su runfla, ni incentivo ni salario a tiempo. Esos también son votos de castigo, los que definirán la derrota del PRI, el partido del gobernador, en la elección del 5 de junio… No hay coyotes, dice Alfredo Ramón de Diego, irrumpiendo en el predio de 10 hectáreas enclavado a un costado de la Universidad Veracruzana y desde ahí hasta el malecón de Coatzacoalcos. Se ostenta el abogado como propietario del predio, cuyo valor desata cualquier ambición, unos 500 millones de pesos, ganado con trampas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el recurso de atracción que no procedía pero que tras un intento fallido, la ex ministra salinista Olga Sánchez Cordero, lo impuso para que otro hijo político de Carlos Salinas de Gortari, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro también, consumara el despojo. No se notifica oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz del fallo de la Tremenda Corte y en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos los personeros del clan González Anaya-Ramón de Diego, los matacoyotes, ya tramitan operaciones porque un tal Tony Macías, suegro incómodo de Javier Duarte, el desgober de Veracruz, es quien finalmente se quedaría con el predio. Eso refieren en el RPP de Coatzacoalcos. En el litigio entre Inocente Armas, quien exhibe una compraventa validada por el ex alcalde Taurino Caamaño Ramos, hace 40 años, y los González Anaya-Ramón de Diego, aparece la mano sucia de Marcelo Montiel, el que siendo alcalde por segunda ocasión impidió que Inocente Armas continuara pagando el impuesto predial y le abrió el catastro a los hoy matacoyotes de filiación salinista, pues Pepetoño González Anaya es ex concuño del ex presidente, uno casado con Gabriela y el otro con Ana Paula Gerard Rivero. Soy dueño desde hace 44 años, esgrime Ramón de Diego, y la pregunta es ¿por qué en esas cuatro décadas quien pagó el predial fue Inocente Armas? Se supone que quien paga el predial es el dueño del terreno. Otra escritura pública a debate es la de los propietarios originales, la que viene de Donato Vidal y su hijo Mario, casado con doña Rosa Aguirre, ellos fallecidos, ella aún viva, que esgrimen que su documento es el único con validez, que no ha habido venta alguna y que ese predio, Zona Dorada, debe preservarse como hábitat de los coyotes y demás fauna silvestre, declarándola Unidad de Manejo Ambiental, regida por protocolos internacionales, lo que convertiría en área protegida intocable. Si quieren el predio los vecinos, los que dan de comer a los coyotes, que lo adquieran, les dice Alfredo Ramón. O sea, el lucro, como ocurrió con otro predio mayor, de la tienda Home Depot al malecón, también con una maniobra legaloide, no erogando un peso, con la venia de un juez a modo, con pilladas de notarios, y luego vendiendo la tierra de un médano gigantesco hasta que la presión social lo frenó. Y a todo esto, ¿en qué planeta orbita el delegado de Semarnat en el sur, Juan Domínguez, calladito como siempre, omiso y cómplice, como ocurre con las descargas de aguas negras a las playas de Coatzacoalcos, evidente el daño ambiental y en consecuencia, delito federal. Así el caso de los coyotes amenazados se transforma otra vez en litigio. Viene una falsificación de firmas, por poderes ilegales, por suplantación de identidad, el clan Ramón-Hillman atrapado en Zona Dorada, Celanese, Balcones del Mar y Pensiones del Estado. Y ahora Tony Macías y hasta el hijo de Fidel Herrera Beltrán, mencionado éste en una denuncia que aún está viva. Y todo por andar Pepetoño González Anaya, director de Pemex, de matacoyotes…

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