La información que en la semana en curso ha levantado ámpula, es la concerniente al conflicto que al interior de MVS, culminara con el despido de Carmen Aristegui y la salida del aire del programa informativo que conducía la destacada comunicadora e icono del periodismo independiente nacional.

Dado el clima de incredulidad y desconfianza para con todo lo que provenga del poder público que a nivel nacional prevalece, la primera reacción de la opinión pública fue de un justificado “sospechosismo” sobre una presunta intervención presidencial en la toma de la decisión adoptada por los propietarios de MVS, así como de un masivo respaldo a la conductora y su equipo de trabajo.

La percepción en el imaginario colectivo fue y sigue siendo la de un golpe más a la libertad de expresión y no un simple conflicto entre particulares como puntualiza la Segob,  considerándose que la argumentación para justificar el despido de Aristegui y su equipo de trabajo no pasa de ser un pueril pretexto tras el cual se oculta la mano presidencial.

En este nocivo clima que confronta al poder público con la ciudadanía, la opinión pública personaliza el affaire, colocando a los despedidos como víctimas de una manifestación autoritaria de un régimen político rebasado por la realidad e incapaz de recuperar confianza y credibilidad.

Observándose, sobre todo en las redes sociales, que la población percibe que más allá de  la simpatía, y solidaridad que la destacada periodista y su programa informativo concitan, está presente y es motivo de preocupación colectiva un hecho de la mayor relevancia, como una más y obvia escalada de un autoritarismo gubernamental en contra de la libertad de expresión y de la libertad de información como derechos inalienables del pueblo de México.

Escalada que no se daría en el vacío. Estaría encuadrada a mi juicio en la pérdida de confianza del poder público en una ciudadanía que el mismo presidente considera estorba por incrédula y obstáculo para el terso aterrizaje de sus reformas y consolidación del modelo de país que, cupularmente, se estima panacea idónea para abandonar las canchas del subdesarrollo.

Si esto es así, tanto el Sr. Peña como los intereses particulares que representa, no contaban para sus propósitos con el despertar de una sociedad cansada, lastimada y harta de corrupción y expoliación. Carmen Aristegui, en su carácter de mensajero, reflejando tal descontento social resulta incómoda para quienes se niegan a ver y escuchar el sonoro caminar de una realidad que ya no se puede ocultar con un dedo. Había que salir a parar y que mejor que recurrir a la manida fórmula de conflicto de intereses mercantiles entre una empresa periodística y sus subordinados.

La información periodística tiene dos puntas, la emisión y la recepción del mensaje. Es obvio que con la cancelación de un programa informativo, crítico tanto por su contenido como por su amplia cubertura a nivel nacional e internacional, se afecta a ambos extremos del mecate. Eliminado el mensajero, emisión y recepción se pliegan a los intereses del régimen. Vulnerándose de un solo tajo lo mismo la libertad de expresión que el derecho de la ciudadanía a estar bien informada, como bien lo apuntara Andrés Manuel López Obrador al meter basa en el conflicto, sugiriendo se resuelva el diferendum por medio del diálogo, ya que los espacios independientes son muy pocos en México.

Luego la supresión del programa informativo líder en MVS, va más allá de un conflicto empresarial de intereses en la que la primera perjudicada es Aristegui. Creo que así debe entenderse, como también creo debe entenderse que el pretexto aducido por la empresa de medios no es otra cosa que un mensaje por interpósita persona del gobierno peñista a la prensa nacional (como bien lo sospecha la opinión pública), acotando lo mismo el quehacer del periodismo que el ejercicio de la crítica y descalificación de la actuación gubernamental por una ciudadanía cada vez más propensa a expresar públicamente descontento, hartazgo y resistencia.

La impotencia manifiesta del régimen político para revertir incredulidad y desconfianza en favor de los propósitos y objetivos gubernamentales, habla por sí de la no aceptación de más crítica que azuce el avispero. Más si este talante crítico trasciende las fronteras nacionales y obtiene eco en el marco internacional, proyectando una imagen que pone en entredicho cualitativa y cuantitativamente desempeño y alcances reformistas del gobierno de México en su afán de apertura a la inversión extranjera y entrega del bien público al capital privado.  

MVS, Aristegui y en general la amplia audiencia que ha seguido el programa informativo en cuestión, pierden pero mayor daño acusa el ya de si deteriorado clima de incertidumbre de un México titubeante que no encuentra rumbo.

La pregunta obligada es si no estando el horno para bollos, la medida presidencial a tras mano se revertirá o no en contra del afán reformista neoliberal.

La respuesta a esta interrogante está en el aire. Empero, la ciudadanía ya suma lo que considera una afrenta,  al acumulado que Ayotzinapa pusiera al desnudo.

Libertad de expresión y libertad de empresa

Adicionalmente a todo esto que ventilado mediáticamente ya está en la calle, el conflicto de intereses que se vive al interior de MVS también pone en evidencia la confrontación entre libertad de prensa (de empresa) y libertad de expresión. La crisis por la que atraviesa el país ya no da cabida a la conciliación entre uno y otro derecho constitucional. La libertad de prensa garantiza aunque acotado por la ley, el ejercicio del periodismo como un negocio mercantil lucrativo más en la vida económico-empresarial del país, en tanto que la libertad de expresión es un derecho universal que transversalmente atañe a todos por igual, teóricamente en la vida en democracia no tiene acotación alguna,  y cuyo precio no se tasa en dinero.

MVS lo deja establecido muy claro, haciéndose eco del sentir de la industria de la comunicación y entretenimiento: la libertad de expresión termina cuando vulnera el carácter mercantil de la libertad de prensa, atentando contra los negocios e intereses de la empresa.

Conversando sobre el tema con el propietario de un medio de comunicación local que difunde el sueño duartista de que aquí no pasa nada, vamos bien, éste fue claro y contundente: “La actitud asumida por MVS en contra de Carmen Aristegui está plenamente justificada. Ningún subordinado debe o puede atentar contra los intereses de su fuente de trabajo, sin atentar contra su derecho y obligación de llevarles el pan a sus hijos. La periodista sobrepasó los límites generalmente aceptados de una sana y recíproca relación entre el poder y la prensa por lo que no le queda hacerse la mártir”. Así como también me expresara que “… eso de coartar el derecho de la población a estar bien informada es relativo cuando el programa de Aristegui sólo ha interesado a intelectuales trasnochados  o a seguidores de López Obrador”.

De esta manera, mi aldeano interlocutor plenamente consciente del terreno en que se mueve y medra, sintetiza la confrontación entre los intereses de unos cuantos por sobre los intereses más generales de la población.

En la misma tesitura estimo se encuentra la mayoría de los empresarios de la comunicación de masas en México y,  particularmente en Veracruz, entidad federativa en la que la empresa periodística tiene como fuente primaria de financiamiento al convenio propagandístico con los gobiernos estatal y municipales. Reduciéndose la libertad de expresión de los tundeteclas de a pie, reporteros y comentaristas, a lo que el poder público quiere escuchar.

Como corolario, a mi juicio considero que el “conflicto de intereses entre particulares” que nos ocupa, lleva cola y aún hay más. Lo que acontece al interior de MVS es apenas la punta de lanza en la presunta escalada. El régimen político y los poderes fácticos que mecen la cuna no cesarían en su propósito de acallar por la vía del autoritarismo la voz ciudadana de protesta y resistencia, generalizando el uso del tapaboca por todos los medios a su alcance. Que lo logren es otro cantar.

Hojas que se lleva el viento

En los círculos políticos y periodísticos cobra fuerza la idea de que el próximo gobernador de dos años en Veracruz será -contra la opinión e intereses de Fidel Herrera Beltrán y el duartismo-, un Yunes. Y en torno a esto la elección de junio próximo en la que es de esperarse que los veracruzanos se manifiesten en contra del más de lo mismo, se desdibuja por irrelevante, dando paso a un incierto futuro sobre lo que serán los procesos electorales del 2016 y 2018 en la entidad. Mucha crema a los tacos en torno a lo superfluo cuando lo sustantivo que es el derrumbe de la economía veracruzana se ignora o se pasa por alto. Por cierto, un Yunes o Juan de los Palotes, no son garantía de que en tiempo y forma se recoja oportunamente el tiradero acumulado de 10 años de pésimo gobierno. Frente a la perversa maquinaria electoral partidista, la realidad seguirá imponiéndose al aquí no pasa nada.

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Atinado mi comentario vertido el día que el diario  “La Jornada Veracruz” iniciara su aventura saliendo a la luz pública por vez primera. Con su presencia en el cotarro el periodismo veracruzano se oxigena, dejando atrás el obsoleto y rancio ejercicio que por décadas mantuviera a la población desinformada y manipulada. A partir de un antes y un después de la prensa veracruzana, como un parte aguas en sus ediciones impresa y digital este diario conducido con responsabilidad y profesionalismo por Tulio Moreno Alvarado, alienta el apostarle a un periodismo decente con elevadas miras en pro de los intereses más generales de la población, como es posible observarlo ya en publicaciones digitales alternativas que se ganan a pulso aceptación y simpatía de la audiencia veracruzana en la Internet.

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