Cuando a finales de octubre pasado fue presentada la Fuerza Civil de Veracruz, la nueva corporación policiaca de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador Javier Duarte de Ochoa declaró que éste sería “el legado más importante” de su administración.

Cuatro años después de haber asumido el poder, y tras una marejada de violencia que ensangrentó a Veracruz, el gobierno estatal presentó lo que presume como “un modelo ejemplar de combate a la delincuencia, mexicanos con gran determinación y firmeza que hoy cuentan con tecnología de punta, mejor infraestructura y armamento de última generación”.

La Fuerza Civil, según lo que dice en su página Web, es “un agrupamiento de élite que representa lo mejor de los veracruzanos: honestidad, solidaridad, lealtad, compromiso, progreso y vocación de servir. Es el resultado de la intensa labor que el Gobierno de Veracruz ha venido impulsando a través del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el cual tiene por objeto transitar hacia una Institución de Seguridad Pública que se guíe por los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Es la siguiente etapa en la estrategia de seguridad estatal: un enfoque prospectivo de seguridad ciudadana”.

Esta corporación, que tuvo como antecedentes otras varias, como la Policía Estatal Acreditable, el Grupo Tajín, la Policía Vial y el Agrupamiento de Proximidad Ciudadana, está integrada por poco más de dos mil efectivos “que han pasado por los más estrictos controles de evaluación y confianza, lo que nos da la certeza de contar con elementos comprometidos y convencidos de que nuestro Plan Estratégico de Seguridad Pública es la vía que le devolverá la paz y estabilidad a Veracruz”.

Según el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, los miembros de la Fuerza Civil “son gestores sociales plenamente integrados e identificados por su sociedad y es el complemento perfecto de la Policía Estatal de Veracruz”.

Sí. Bermúdez habla de esa misma Policía Estatal que, como lo consignamos en este mismo espacio la semana pasada, ocupa el primer lugar nacional en efectivos reprobados en exámenes de control de confianza, con 47.3 por ciento de los elementos policiacos estatales veracruzanos en “proceso de depuración”, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esa misma policía que ha sido señalada por organismos de defensa de derechos humanos y civiles como co-partícipe en el secuestro, desaparición y asesinato de personas en Veracruz, como fue el caso de Gibrán David Martiz Díaz, participante del programa televisivo “La Voz México”, quien en enero pasado fue sacado de su casa por la fuerza por elementos de seguridad pública estatal –tras una riña en un bar con el hijo de un muy alto funcionario de esa dependencia– y que apareciera muerto y con señales de tortura días después.

La misma policía que el 14 de septiembre de 2013 arremetió violentamente contra maestros, estudiantes, periodistas y transeúntes presentes en la protesta contra la reforma educativa en la plaza Lerdo de Xalapa, pues había que despejar el área para que el Gobernador pudiera dar el “Grito” de Independencia al otro día.

En todos los casos, la que actuó fue esa misma policía “moderna”, capacitada “científicamente” y formada en el modelo de brindar “paz social”, y que a pesar de tener “blindadas” regiones como las de Coatzacoalcos, Tuxpan, Papantla y Córdoba, es incapaz de detener a la delincuencia.

Si ser “el complemento perfecto de la Policía Estatal de Veracruz” va a ser la característica de la nueva Fuerza Civil, desgraciadamente nada bueno, ni mejor, podemos esperar de ésta.

Porque hasta ahora, el único legado de este gobierno es la muerte y la impunidad. Diez periodistas asesinados y más de 500 personas desaparecidas en este sexenio lo prueban.

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