Cuando llegó a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, Alberto Silva Ramos creó la expectativa de que el trato y la relación con los medios de comunicación y con los periodistas mejorarían, luego de que con su antecesora, Gina Domínguez, se habían desgastado al punto del rompimiento.

Se suponía que también trabajaría para mejorar la imagen del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que tras el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, el décimo reportero muerto con violencia durante el actual sexenio, era (y no ha cambiado) la de un represor de periodistas y de la libertad de expresión.

Silva Ramos venía de una breve estancia como titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, donde desde entonces trabajaba en pos de su aspiración por ser candidato a la gubernatura en 2016. Antes, fue presidente municipal de Tuxpan, cargo en el que gastó una fortuna en su promoción personal, lo que derivó después en la gran deuda que le dejó al Ayuntamiento, estimada en 259 millones de pesos por la calificadora financiera internacional Fitch Ratings, la cual señaló que durante su administración municipal se contrataron créditos superiores a la obra pública que realmente se llevó a cabo, y calculó que durante su gestión, la deuda de Tuxpan se incrementó en casi 80 por ciento.

Como es su costumbre, Alberto Silva pretendió deslindarse de su responsabilidad, y al ser cuestionado sobre el tema –luego de que dejó a medias su periodo en la alcaldía para “saltar” a la Secretaría de Desarrollo Social estatal–, declaró que “es una deuda del Ayuntamiento, no es una deuda mía”. Sólo le faltó decir, “que paguen los tuxpeños, yo ni vivo ahí”.

Una vez que de manera sorpresiva Javier Duarte lo colocó en la Coordinación de Comunicación Social, Alberto Silva dejó ver con claridad que su prioridad no era proteger la figura ni la investidura del Gobernador, sino sólo bajar la presión de los dueños de los diferentes medios hacia el gobierno, y sobre todo, usar la dependencia como trampolín para continuar apuntalando su proyecto político y desde ahí, promover su imagen.

En los hechos, la difusión de los logros y acciones del gobierno estatal se desvaneció frente al protagonismo de Alberto Silva, quien investido de la vocería de la administración estatal dio mayor relevancia a la divulgación de sus propios dichos que a las actividades del titular del Ejecutivo, a quien además dejó “morir solo” en momentos complicados, como cuando se propagó a través de las redes sociales el audio de la entrevista que el gobernador Duarte concedió en presunto estado de ebriedad el pasado 16 de septiembre, o cuando declaró que en Veracruz de lo único que se habla en materia de inseguridad es de robo de “frutsis y pingüinos”.

Las consecuencias están a la vista. Las encuestas sobre la popularidad de Duarte de Ochoa y la calificación al desempeño de su gobierno, son reprobatorias, de pena, a tal grado que hay preocupación en el PRI por la repercusión que esto pueda tener en las elecciones federales intermedias del año que entra. Pero eso al “Cisne” le tiene sin cuidado.

Para Alberto Silva, la tarea de la comunicación social se reduce a repartir dinero y convenios a los dueños de los medios de comunicación para que éstos “hablen bien” del gobierno –y de él mismo, por supuesto–, y en pagar plumas a sueldo para que lo mencionen como “el seguro próximo gobernador”, y para que ataquen con infundios y diatribas a quienes considera adversarios, tanto políticos como mediáticos.

Es en lo que está desde hace unos días. Furioso por la repercusión y convocatoria que tuvo el informe de labores del senador José Yunes Zorrilla –también aspirante a la gubernatura– en los medios y entre la clase política, Silva mandó a sus amanuenses a hacer el trabajo de cañerías en contra de todo lo que estuviera relacionado con el legislador federal. Incluso, el mismo día del informe, ordenó a los trabajadores de la Coordinación de Comunicación Social que colocaran en los medios cualquier cosa acerca de él, para intentar contrarrestar, sin éxito, el impacto de ese evento.

Por esa razón decidió jugarse el todo por el todo, junto con el grupo al que representa. El próximo 15 de noviembre, además de entregar al Congreso del Estado su cuarto informe de gobierno, Javier Duarte presentará su iniciativa de reforma política, que incluye la reducción del próximo periodo gubernamental estatal en Veracruz a dos años, so pretexto de hacer concurrentes las elecciones locales con las federales a partir de 2018.

Pero la verdadera intención es colocar a Silva como el sucesor de Javier Duarte en ese periodo de dos años, lo que significaría la continuidad del régimen político que ha hundido a Veracruz en la inseguridad, la insolvencia financiera y la pérdida de oportunidades de desarrollo para la población.

Concentrado en su personalísimo proyecto, Alberto Silva mandó a sus textoservidores a decir que una vez reformada la Constitución local para          que la próxima gubernatura sea de dos míseros años –en los que en Veracruz no se concretaría ningún plan de desarrollo real–, él será “colocado” en el poder. Como si se tratara de una sucesión dinástica y no de un sistema democrático en el que se convoca a elecciones a la población, a la cual, con esto, le muestran abiertamente su desprecio.

Alberto Silva dejará a fin de año la coordinación de Comunicación Social para buscar la diputación federal por Tuxpan, para lo cual es previsible que cuente con una cauda ilimitada de recursos que le serán dotados desde el gobierno estatal. Después se apuntará para la sucesión en 2016. Porque su único interés, es él mismo. ¿Veracruz? Eso qué.

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