Vaya fraude el que se cometió en la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos, según admitió el secretario de Infraestructura y Obras Públicas estatal Gerardo Buganza Salmerón.

Al comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, el funcionario reveló un enorme cúmulo de irregularidades que incluyen modificaciones ilegales al título de concesión de la obra, mismas que incrementaron su precio en dos mil 900 millones de pesos respecto de lo estimado en el proyecto original autorizado en 2004, todavía durante la administración de Miguel Alemán Velasco.

De acuerdo con Buganza Salmerón, tan sólo en el último día del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el 30 de noviembre de 2010, se modificó el título de concesión de la obra comprometiendo a la siguiente administración al pago de mil millones de pesos extras a la empresa Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos SA de CV.

El comunicado oficial del Gobierno del Estado es más que elocuente y lapidario respecto del tema, sobre el que detalla que “el proyecto original contemplaba una inversión total dos mil 66 millones de pesos, de los cuales la concesionaria aportaría casi mil millones, equivalentes a más del 47 por ciento. Sin embargo, con las modificaciones a la concesión original, las condiciones variaron sustancialmente y se perdió todo equilibrio entre las partes a grado tal que, a la fecha, el Gobierno del Estado ha aportado dos mil 326 millones de pesos, equivalentes a más del 47 por ciento del proyecto, mientras que la concesionaria sólo ha destinado poco más de 389 millones de pesos de capital de riesgo y 929 millones de pesos por concepto de créditos”.
“El costo del proyecto se incrementó en 250 por ciento, al pasar de dos mil 66 millones de pesos a cuatro mil 912 millones de pesos, a la vez que se modificaron los plazos para terminación de la obra y el inicio de su operación, al grado que están indefinidos”, establece textualmente la versión oficial.

Esta sola aceptación de malversación de los recursos públicos y de incumplimiento de un deber legal debería bastar para meter a la cárcel a los involucrados, que van desde los ex secretarios de Comunicaciones del fidelismo Marcos Theurel Cotero y Guillermo Herrera Mendoza, a quienes tocó directamente operar esos cochupos cuando estuvieron al frente de la dependencia en el sexenio pasado, como al propio Raúl Zarrabal Ferat, quien recibió de Herrera Mendoza el cochinero y se hizo de la vista gorda. Y ya encarrerados, habría que revisar la responsabilidad que tendría el propio Fidel Herrera Beltrán, pues es impensable que, teniendo “el pinche poder en la mano”, no estuviera al tanto de esos movimientos.

Por supuesto que también le alcanza responsabilidad a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos SA de CV, la empresa constructora de la interminable obra, donde habría que revisar quiénes son sus accionistas. Tanta “generosidad” gubernamental con un ente privado, al grado de absorber las inversiones que éste debió realizar, apestan a un contubernio en el que, de menos, hubo alguna “mochada”, si no es que un beneficio directo para quienes, poseedores de la información, la aprovecharon en su beneficio realizando maromas ilegales.

La corrupción quedó evidenciada y, sobre todo, fue aceptada oficialmente por el gobierno de Javier Duarte. ¿Se atreverá a proceder judicialmente contra quienes causaron daño patrimonial a las depauperadas finanzas públicas de Veracruz o, como suele hacer, reculará?

Estamos a punto de saberlo.

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