La mañana de este miércoles 5 de febrero, el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz fue interceptado y secuestrado por un comando armado afuera de su domicilio, en la congregación Villa de Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Gregorio Jiménez de la Cruz cubre la fuente policiaca para los diarios Notisur y El Liberal del Sur, ambos en la ciudad de Coatzacoalcos, y de acuerdo con los reportes de sus compañeros, en los últimos días había estado mandando información sobre secuestros en aquella región de la entidad veracruzana.

La agrupación de periodistas a la que pertenece condenó los hechos, demandando su retorno sano y salvo. “La directiva de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), manifiesta su protesta y preocupación profunda por la agresión de que fue objeto -la mañana de este miércoles 5 de febrero- el colega y miembro de nuestra organización, Gregorio Jiménez De la Cruz”.
“Reportero de las secciones general y policíaca en Villa Allende y la ciudad de Coatzacoalcos, nuestro compañero y amigo es un probado profesional en el ejercicio de su oficio”, reza el comunicado enviado por la APEC a las redacciones de los distintos medios de comunicación de la entidad.

En su postura oficial, el diario Notisur manifiesta que “hemos hablado con el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa y con el procurador Amadeo Flores Espinosa. Ya hay una gran movilización policíaca y de la Marina. Nos han informado que se investigan varias líneas de investigación y confiamos en que todo esto tenga un buen término”.

La familia de Gregorio fue puesta a resguardo por las autoridades, pues en el transcurso de la mañana habría recibido amenazas. La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió la investigación ministerial COAT4/058/2014 y designó como responsable del caso a Enoc Maldonado Caraza, director de Investigaciones Ministeriales de la dependencia.

Hasta el momento de escribir estas líneas, no había sido dado a conocer avance alguno en la búsqueda de Gregorio Jiménez, en la que participaban elementos de las fuerzas federales y estatales de seguridad.

Hay que reconocer que la reacción del gobierno estatal ante este lamentable suceso fue de información y atención inmediata, a diferencia de cómo procedió en situaciones similares anteriores. Hasta la Comisión de Atención y Protección a Periodistas informó que se puso de inmediato en contacto con la familia de Gregorio para brindarle asesoría. Por ahora al menos, la criminalización del periodista no ha sido la línea discursiva de la autoridad. Ojalá así se mantengan.

Pero lo que una vez más queda de manifiesto es la terrible inseguridad que asola a Veracruz, y la vulnerabilidad y riesgo que existen en el ejercicio de la tarea periodística en el estado, en cualquiera de sus regiones.

Ni siquiera hace falta poner calificativos. La realidad les ha vuelto a escupir en la cara. Sólo queda agregar que queremos vivo a Gregorio.

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