Como fue anunciado desde que rindió protesta el nuevo Congreso local, quedó integrada la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, encabezada por los diputados Gabriela Arango Gibb como presidenta y Eduardo Sánchez Macías como secretario.

El “mérito” de estos legisladores para dirigir esta comisión es que ambos son dueños de periódicos. Arango Gibb pertenece a la familia que posee La Opinión de Poza Rica, que según un estudio que mandó hacer el Gobierno del Estado –y que le sirvió de base para mantener o “trasquilar” convenios publicitarios–, es el diario más influyente de todo Veracruz. Y la familia de Sánchez Macías controla una cadena de periódicos regionales cuyas insignias son los diarios El Martinense y el Heraldo, amén de que estarían emparentados con una familia que este sexenio es muy poderosa en Veracruz.

Sólo que ser dueño de un medio no hace a nadie periodista. Al contrario, generalmente son los primeros censores de la información que llevan los reporteros a las redacciones. ¿Tendrán la sensibilidad necesaria para atender los casos de agresiones contra los comunicadores?

Sánchez Macías ya dio visos de cuál será su actuación, cuando cuestionado hace unos días sobre el ambiente para ejercer el periodismo en la entidad, respondió, como si le hubieran preguntado por lo que pasa en Suecia, que en Veracruz “los reporteros trabajan en tranquilidad”.

Pero tienen una oportunidad de demostrar de qué están hechos. Los legisladores locales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentaron un anteproyecto de punto de acuerdo ante el Pleno de la LXIII Legislatura para que el Ejecutivo del Estado garantice la integridad física de la periodista Norma Trujillo Báez, reportera de La Jornada Veracruz, que en las últimas semanas ha sido víctima de acoso y amenazas por causa de su actividad periodística.

El acuerdo, presentado en tribuna por el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, establece que “se mandate a la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas hoy aprobada, para que de acuerdo a sus facultades, investigue y dé seguimiento a las acciones que tomen tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, para garantizar la integridad de la vida de Norma Trujillo Báez y sus familiares; y rinda un informe detallado a esta soberanía sobre este particular”.

Y va más allá: “ante la nula atención u apoyo para atender las quejas presentadas por el gremio periodístico, se les exige a la Presidente y a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas que protejan la integridad física de la periodista Norma Trujillo Báez y rindan un informe a esta soberanía sobre los trabajos realizados para tal fin o en su defecto presenten sus respectivas renuncias, ante la incapacidad de cumplir con la defensa de los periodistas y ser garantes de la libertad de expresión”.

A ver si de verdad se echan ese trompo a la uña. Pero la verdad, nadie espera mucho de ellos. Con ver la línea editorial de sus medios, y las condiciones en que se trabaja en ellos, es suficiente para darse una idea de qué es lo que van a “proteger” realmente.

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