Xalapa, Ver. - Propiedades en litigio o pertenecientes a personas de escasos recursos eran presuntamente detectadas, estudiadas y despojadas mediante una cadena de documentos, juicios civiles y lanzamientos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el llamado “Cártel Inmobiliario” que operaba en Xalapa.

La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, explicó que la estructura tenía funciones definidas para cada uno de sus integrantes y que, presuntamente, era encabezada por Roly “N”, quien habría coordinado las operaciones sin aparecer directamente en los documentos relacionados con los inmuebles.

Por estos hechos, Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N”, Jese Miguel “N” y David “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el esquema investigado.

Según la indagatoria, Pedro Damián “N” se encargaba de ubicar propiedades en litigio o cuyos propietarios estaban en condiciones de vulnerabilidad.

Una vez detectados los inmuebles, los integrantes de la presunta red investigaban quién aparecía como propietario, los antecedentes de la propiedad, posibles gravámenes y su situación jurídica.

En los procedimientos aparecían como abogados patronos Pedro “N”, Miguel Isaac “N” y Jese “N”, quienes intervenían formalmente en los litigios.

La Fiscalía sostiene que el siguiente paso consistía en utilizar prestanombres y documentación aparentemente válida, como poderes notariales, pagarés y contratos de compraventa, para generar derechos sobre las propiedades.

PROCESOS SIMULADOS

Con esos documentos se iniciaban procedimientos civiles que, de acuerdo con la investigación, eran simulados con el propósito de conseguir resoluciones judiciales favorables.

Una vez obtenidas las resoluciones, entraba en acción David “N”, quien presuntamente se encargaba de ejecutar los lanzamientos y para ello recurría a personas armadas y grupos de choque, con los que intimidaban a los ocupantes y facilitaban la toma de los inmuebles.

Las propiedades podían ser ocupadas directamente o mediante terceras personas y posteriormente quedaban registradas a nombre de prestanombres vinculados con Roly “N”.

En algunos casos, de acuerdo con la FGE, los inmuebles terminaban siendo transferidos a favor de su hermano David “N”.

La fiscal explicó que el mecanismo investigado seguía una ruta definida: primero se detectaba el inmueble; después se revisaba su situación legal, se generaba documentación para sustentar derechos sobre la propiedad, se promovían juicios civiles y, tras obtener resoluciones, se procedía a la ocupación y posterior transferencia.

La FGE indicó que cada uno de los cuatro vinculados habría cumplido una función específica dentro de la estructura y que las investigaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas en esta presunta red.

JRG