Xalapa, Ver. - Una parte de las sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) contra servidores y exservidores públicos permanece bajo revisión de la justicia federal, debido a los amparos promovidos por los involucrados.

La magistrada presidenta del organismo, Leticia Aguilar Jiménez, señaló que existen expedientes que corresponden incluso a cuentas públicas de 2015, 2016 y 2017, mientras que algunos procedimientos resueltos desde 2023 continúan generando notificaciones de amparos durante este año.

Explicó que entre los asuntos atendidos recientemente se encuentra uno relacionado con una Comisión Municipal de Agua, correspondiente al periodo 2017-2018, en el que se determinó una inhabilitación de 10 años.

Precisó que, cuando se trata de faltas administrativas graves, la legislación establece sanciones de inhabilitación que pueden alcanzar hasta dos décadas, por lo que los 10 años representan el periodo mínimo contemplado para este tipo de conductas.

INHABILITACIONES

Aguilar Jiménez aclaró que los procedimientos administrativos no necesariamente implican la comisión de un delito, debido a que las responsabilidades administrativas y penales son independientes.

Explicó que una investigación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) puede derivar simultáneamente en una denuncia ante la Fiscalía y en un procedimiento ante el Tribunal, aunque también existen casos que únicamente generan consecuencias en el ámbito administrativo.

Explicó que en el caso de servidores públicos de administraciones como la de Javier Duarte, que fueron inhabilitados, aún podrían contender en 2027 al haber recurrido las sentencias del Trijaev.

JRG