Boca del Río, Ver. - El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, acusó al Gobierno de Veracruz de ejercer presiones políticas contra integrantes de su partido y de utilizar, presuntamente, las instituciones de procuración de justicia para intimidar a sus opositores.

Durante un posicionamiento realizado este sábado 29 de agosto, el exgobernador de Veracruz sostuvo que el uso político de las instituciones de justicia no es un fenómeno reciente en la entidad, pues afirmó que durante décadas han sido utilizadas para perseguir adversarios, silenciar voces críticas y favorecer a grupos cercanos al poder.

Delgado Rannauro recordó el caso de José Manuel del Río Virgen, detenido en diciembre de 2021 durante la administración estatal anterior, al que calificó como un episodio de persecución política.

Aseguró que posteriormente fue liberado y sostuvo que salió de prisión en calidad de inocente.

El dirigente emecista también lanzó críticas contra la actual administración estatal y señaló que, desde su perspectiva, existe una actitud intimidatoria hacia Movimiento Ciudadano.

MC NO DEFIENDE A CRIMINALES, AFIRMA 

No obstante, aclaró que el partido no pretende defender la impunidad y que cualquier persona señalada por la comisión de un delito debe ser investigada, mientras que, si existen pruebas suficientes, debe responder ante la justicia.

En su intervención, además, denunció presuntas irregularidades relacionadas con las elecciones municipales de 2025.

Afirmó que al menos 10 candidaturas de Movimiento Ciudadano enfrentaron amenazas y puso como ejemplos los casos de Papantla y Poza Rica.

De acuerdo con su versión, el partido obtuvo triunfos en las urnas en ambos municipios, pero posteriormente se habrían presentado irregularidades durante los cómputos electorales.

Señaló que paquetes fueron trasladados a Xalapa, donde presuntamente se detectaron alteraciones y se modificaron resultados mediante la anulación de votos.

En el caso de Poza Rica, incluso aseguró que una constancia de mayoría que ya había sido entregada posteriormente fue retirada.

Delgado también mencionó el asesinato de Avisack Douglas, ocurrido durante un ataque contra una candidata de Movimiento Ciudadano en Juan Rodríguez Clara.

Consideró que las autoridades estatales debieron garantizar seguridad y protección para quienes participaron en el proceso electoral.

Respecto al desafuero de los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, aprobado el pasado 5 de agosto, el dirigente naranja manifestó que las acusaciones deben ser investigadas conforme a derecho.

Sin embargo, enfatizó que perder el fuero no representa una declaración de culpabilidad y que corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Asimismo, denunció que integrantes de Movimiento Ciudadano habrían recibido presiones para abandonar las filas del partido y adherirse a Morena.

Entre los casos que mencionó se encuentra el de Jesús Uribe, en Las Choapas, quien, según su versión, habría enfrentado presiones de carácter judicial antes de anunciar su incorporación a Morena.

El dirigente extendió sus cuestionamientos a otras entidades gobernadas por Morena, entre ellas Nayarit, Puebla, Tabasco y Campeche, al considerar que los casos mencionados formarían parte de un escenario de presión contra gobiernos municipales y figuras de Movimiento Ciudadano.

Ante ello, anunció que su partido impulsará una propuesta de reforma para modificar la relación de las fiscalías con los poderes Ejecutivos, tanto estatales como federal, bajo el argumento de que los gobiernos deben asumir directamente la responsabilidad política sobre las decisiones relacionadas con la procuración de justicia.

El dirigente emecista cerró su posicionamiento con una mirada hacia los próximos procesos electorales y aseguró que Movimiento Ciudadano buscará ampliar su presencia política en Veracruz, con la intención de competir por la gubernatura y, rumbo a 2030, por la Presidencia de la República.

NM